El minero que va contra la corriente

Mario Ortiz*, un minero de 60 años, no entiende a qué horas su oficio se volvió ilegal. Empezó en el negocio en 1968, cuando era adolescente, siguiendo la herencia de su abuelo y su papá que sacaban oro en el Bajo Cauca antioqueño. La minería era artesanal; si acaso, usaban motobombas para lavar las rocas y extraer el oro. A él se le ocurrió tecnificar el negocio, contrató un geólogo que le indicó dónde podría haber buen oro y sabiendo dónde estaba la riqueza, obtuvo títulos mineros en Nechí. 

Su idea terminó por concretarse cuando en un viaje a Medellín vio una retroexcavadora en una construcción y se le ocurrió usar esa máquina para aumentar la productividad de su mina. Consiguió financiación en el banco y compró seis volquetas, un bulldozer y llevó la primera retroexcavadora para fines mineros al Bajo Cauca en 1979.

Todos en la región sabían lo que estaba haciendo y nadie lo calificó de ilegal. Y hasta fue el mismo gobierno nacional el que en los años ochenta incentivó la pequeña minería. Por razones de conveniencia económica, la Junta Monetaria emitió una resolución el 6 de febrero de 1984 ordenando que se pagara el oro un 30 por ciento más caro que el precio internacional. El llamativo precio provocó un auge minero. Centenares de personas compraron maquinaria y se enriquecieron sacando el mineral de la tierra. “Como todo fue tan rápido, obviamente hicimos un daño ambiental, pero nadie dijo nada. La economía estaba a salvo y eso fue lo importante en ese momento”, recuerda Ortiz. 

El provocado auge de precios también atrajo a las guerrillas. El EPL, el ELN y las Farc llegaron a saquear las minas y a secuestrar a los mineros, entre ellos a Ortiz. “La mitad de quienes estábamos en el negocio fuimos víctimas. A mí me secuestraron y me les volé. Después me secuestraron la maquinaria y tuve que pagar 45 millones de pesos por ella, pero definitivamente no pude volver a las minas”, dice. Se fue a Medellín a vivir de lo que pudiera.

Para 1986, el precio adicional que el gobierno pagaba por el oro era del 9 por ciento sobre el internacional y al año siguiente quedó al mismo nivel. Entonces surgió la bonanza cocalera en la región y muchos mineros ocasionales se cambiaron de oficio. Pero como los pocos trabajadores tradicionales que aún quedaban en el Bajo Cauca se quedaron en su negocio, Ortiz pensó que era el momento de volver a su mina de Nechí. Pensó que las guerrillas tenían en la coca un negocio más lucrativo para extorsionar y que lo dejarían tranquilo.

Pero al llegar se encontró con dos ingratas sorpresas: le habían dado sus títulos a una compañía y a la región había llegado un nuevo grupo armado, las autodefensas. Dos narcotraficantes que se habían establecido en la zona –Carlos Mario Macaco Jiménez y Ramiro Cuco Vanoy– con sus respectivos y sangrientos ejércitos de los bloques Central Bolívar y Mineros, obligaron a todos los mineros a venderles el oro, y a cambio les ofrecieron protección de la guerrilla. “Acabaron con las compraventas que había en el pueblo y montaron las suyas”, explica Ortiz, y agrega que les pagaban el oro con bonos: cuando lavaban su dinero del narcotráfico, se los cambiaban por pesos. Bajo este nuevo imperio violento Ortiz produjo oro en un terreno que alquiló.

 Cuando se desmovilizaron los paramilitares entre 2003 y 2006 y el gobierno Uribe desató una fuerte ofensiva contra la guerrilla y contra la coca, Ortiz creyó que por fin volvería a trabajar tranquilo. Pero 5.000 desmovilizados en la zona se quedaron sin mucho qué hacer y la minería era el único negocio legal posible. “Acogimos a muchos desmovilizados y a los que no les pudimos dar empleo, los dejábamos barequear en las minas, para que sacaran el poco oro que pudieran”, dice Ortiz. 

Pero los paramilitares que no se habían desmovilizado –y otros que sí lo habían hecho y habían resuelto regresar a sus andanzas– reorganizaron sus bandas del crimen. Y como justo en ese momento los precios del oro se pusieron por las nubes, no tardaron en ponerle el ojo al lucrativo negocio que, para su conveniencia, era legal. Se empezó a escuchar hablar entonces de Urabeños, Rastrojos, Paisas y Águilas Negras que saquean  minas, roban, cobran ‘vacunas’ y extorsionan. Quien tenga una retroexcavadora tiene que pagarles una suerte de peaje de 5 millones de pesos para sacarla o meterla a una mina, además del 10 por ciento de sus ingresos. 

 Mientras trabajaba en una mina del corregimiento Cargueros, en Nechí, Ortiz tuvo que rendirles cuentas a las Águilas Negras. Encima tenía que prestarles su tractor cada vez que ellos quisieran. “Les di la instrucción a mis trabajadores de que si llegaban las Águilas, les entregaran las llaves de las máquinas, pero que ninguno se fuera a ir con ellos porque de pronto me los mataban”, cuenta.  

Un día cualquiera, mientras viajaba en su carro con cuatro empleados, se les atravesó una camioneta llena de hombres armados, vestidos de camuflado y con capuchas. Los hicieron bajar y tenderse en el suelo. Los golpearon. Les apuntaron con las armas. El jefe de los Rastrojos en la zona, Pantera (Oscar Galvis) le puso la bota en la cara a Ortiz y el fusil en la cabeza. Este minero, que se acelera al hablar, suplicó para que no los mataran ni a él ni a sus empleados. “Cállese”, le decía, Pantera, y él no podía parar de hablar. Solo se calmó cuando lo dejaron pararse. “¿Usted está colaborándoles a las Águilas?”, le preguntó Pantera. 

Ortiz le explicó que no, sino que les tenía que pagar obligado. “Si usted fuera el que estuviera mandando en la zona, me tocaría pagarle”. Pantera le reclamó preguntándole por qué les prestaba el tractor. “Pues porque si no lo presto, me matan”, le dijo Ortiz. Pantera no se dio por vencido: “Entre sus empleados tiene un desmovilizado”. Ortiz le explicó: “Sí, tengo desmovilizados trabajando conmigo porque quiero ayudarlos. Si ustedes llegaran a hacerlo, también les daría una oportunidad”. Pantera no mató a Ortiz ese día, y después de rogarle por la vida de sus empleados los dejó ir a ellos también. “Creo que nos dejaron ir a todos, para no tener que aguantarme más”, dice entre risas. 

A Óscar Galvis, alias Pantera lo conoció el país en 2010 porque, luego de capturado y de que un juez de Caucasia lo dejara libre, el entonces presidente Uribe reclamó que no le hicieran caso al juez porque tenían que proteger a la ciudadanía. De todos modos quedó libre, pero en 2012, con orden de captura en mano, la Policía se lo llevó preso. Aunque está condenado por concierto para delinquir y desaparición forzada, apenas le dieron siete años de cárcel. 

La captura de Pantera no le trajo la paz a Ortiz. Ahora les paga extorsión a los Urabeños, los nuevos mandamases. Encima no tiene títulos. Haber sido minero por generaciones no le ayuda. Haberle ayudado a los desmovilizados a conseguir trabajo honesto tampoco. El Estado le dice que el ilegal es él.  n

* Nombre cambiado por razones de seguridad.