El negocio que le salió mal a EPM

Sobre el escritorio de un fiscal está un caso de esos que a ningún funcionario judicial le gustaría recibir. Carlos Galán, el zar Anticorrupción, remitió allí los documentos que demuestran el mal negocio que hicieron las Empresas Públicas de Medellín (EPM) cuando decidieron comprar el 50 por ciento de Orbitel, en 2006, por 80 millones de dólares.

El detalle curioso está en que el precio se fijó con base en proyecciones que decían que la tecnología Wimax (internet inalámbrico) sería tan exitosa que para 2011 Orbitel iba a tener 488.985 usuarios conectados. Después de la compra, y de ver que el negocio no despegaba con fuerza, EPM modificó sus aspiraciones y se fijó como meta tener 82.108 clientes al finalizar el año pasado. Pero nada se cumplió. El resultado fue apenas de 18.637.

Lo difícil del caso tiene que ver con sus protagonistas. En él están pesos pesados de la política y los negocios. El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM era en ese entonces Sergio Fajardo, actual gobernador de Antioquia. Bruce Mac Master, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia, representaba a la firma Inverlink, que hizo el avalúo que dio pie a la compra. Y Juan Felipe Gaviria, gerente de EPM en aquel momento, hoy es miembro de la junta directiva de UNE (que absorbió a Orbitel). Todos ellos estuvieron de acuerdo con la compra de la mitad de Orbitel a los grupos Luis Carlos Sarmiento Angulo y Bavaria, propietarios cada uno del 25 por ciento de las acciones que compró EPM.

Orbitel era una empresa próspera y en sus primeros años dio buenos resultados con telefonía fija. Pero desde 2005 empezó a notarse un descenso. Ese mismo año, el gobierno le otorgó la licencia para Wimax, un sistema de internet inalámbrico. Era como si Orbitel empezara a escribir una nueva historia. La junta directiva de EPM se entusiasmó con la idea y en junio de 2006 aprobó la compra.

Hoy, los resultados no corresponden a las proyecciones que generaron aquel entusiasmo. Seis años después del fracasado negocio, Gaviria explica: "En telecomunicaciones, cuando uno le apuesta a una tecnología, está jugándose el azar y es posible que las cosas no resulten". Lo que lo convenció en aquel momento fue que el avalúo lo hizo Inverlink, una firma con trayectoria en banca de inversión. "Las valoraciones de las empresas son ciertas en el momento en que se hacen y las circunstancias bajo las cuales se hacen", dice Gaviria.

Pero la firma mejor calificada fue la que al final de cuentas estuvo más alejada de la realidad. Por el contrario, la Contraloría de Medellín decía en ese entonces: "Hasta el momento Wimax es una proyección interesante de negocio, mas no una realidad comercial establecida porque no hay referentes en el mundo de empresas exitosas que hayan generado valor y riqueza explotando esta tecnología". En efecto, Wimax fue superado rápidamente por Wifi y los operadores de celular. La Contraloría contrató su propio estudio y encontró que, a lo sumo, EPM debió pagar 33 millones de dólares y abrió una investigación. Al respecto, Gaviria refuta que "si aquí es la Contraloría la que tiene la última palabra, ¿para qué sirven las bancas de inversión, que tienen la experiencia y se la juegan todos los días en el mercado?".

El caso fue a dar a Bogotá porque, como la Contraloría de Medellín habló del posible detrimento, Fajardo le pidió al entonces contralor general, Julio César Turbay, que llevara la investigación. En Bogotá hicieron un nuevo estudio que, otra vez, dio un precio inferior. "No debería haber superado 66 millones de dólares", sentenció. Pero llovieron críticas y la Contraloría, después de ajustar variables y cálculos técnicos, estuvo de acuerdo con los 80 millones de dólares pagados. Turbay archivó el caso en 2009.

La Red de Veedurías de Colombia pidió copia del expediente y ha medido la evolución del negocio. "No estuvimos de acuerdo con la decisión de Turbay. Hicimos nuestra propia investigación y hoy podemos decir que el proceso fue mal archivado", dice Libardo Espitia, de esa veeduría. Lo que ve Gaviria en este caso es una persecución. "Detrás de todo esto a mí no me cabe duda de que hay algún interés político de aquellos que quieren ensuciar al gobernador Fajardo", dice.

Es evidente que el negocio no resultó. Pero eso no quiere decir necesariamente que hubo mala fe. De un mal cálculo empresarial a una irregularidad penal sin duda hay mucho trecho. Lo que sí está claro (y es una novedad) es que los paisas hicieron un mal negocio.