El no de la Corte a las altas pensiones

Este lunes, la Sala Plena de la Corte Constitucional, por decisión mayoritaria, tumbó el régimen especial de pensiones que beneficiaba a magistrados y congresistas. El alto tribunal modificó el artículo 17 de la Ley cuarta de 1992, norma que abrió el boquete que permitía que magistrados y congresistas ostentaran pensiones por encima de 25 salarios mínimos mensuales, con casos de mesadas de hasta 30 millones de pesos.

Este martes los magistrados decidirán desde cuándo aplicará el nuevo tope de pensiones. Semana.com pudo establecer que la decisión se aplicaría a partir del 2010, es decir que desde ese año las pensiones serían revisadas por los organismos. Esta determinación se debería a que antes de ese año los congresistas y los magistrados tienen derechos adquiridos.

Según magistrados consultados por Semana.com, lo que primó en la discusión fue el hueco fiscal al que se vería enfrentada la Nación en caso de sostener este régimen especial de jubilación. En la actualidad, 1.058 funcionarios reciben pensiones por encima de 25 salarios mínimos mensuales (es decir, 14.608.000 pesos). De ellos, 626 son excongresistas cuya mesada pensional está en un promedio de 30 salarios mínimos (es decir, 22 millones de pesos).

La discusión definitiva se inició el viernes de la semana pasada, cuando ocho magistrados de la Corte (cuatro conjueces y cuatro titulares) abrieron el debate sobre la demanda a este régimen especial.

En esa reunión se dejaron ver las primeras luces de las posturas frente a la ponencia positiva del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, que se perfilaba a favor de tumbar las altas pensiones. En esa primera votación, siete magistrados votaron a favor de la ponencia y uno solo se declaró en contra de la iniciativa.

Aún no se conoce cuál fue la postura definitiva de los magistrados en la deliberación de este lunes.

La demanda

La discusión sobre el régimen de pensiones se deriva de una demanda interpuesta por los juristas Germán Calderón España y Dionisio Araújo, quienes solicitaron a la Corte que se pronunciara a fondo sobre la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley cuarta de 1992.

Se buscaba también aclarar si personas que hubieran obtenido la calidad de magistrado o congresista después del primero de abril de 1994 tienen derecho al régimen especial de pensiones.

Semana.com estableció que uno de los conjueces ausentes en la discusión fue el padre jesuita Luis Fernando Álvarez, quien se encuentra fuera del país.

Otro de los inconvenientes solucionados por la sala fue el impedimento presentado por uno de los conjueces, el jurista Rodrigo Uprinmy, quien solicitó al alto tribunal apartarse de la discusión por la publicación de una columna en El Espectador el pasado 13 de enero.
 
El texto se tituló 'Equidad y pensiones privilegiadas', en donde Uprinmy sentó abiertamente su posición sobre el debate de las pensiones y cuestionó fuertemente a los altos funcionarios que ostentan dichos privilegios.