El novelón judicial de las circunscripciones de paz vuelve al Consejo de Estado

Un nuevo frente de la batalla judicial que libra el Gobierno para darle vida a las circunscripciones especiales de paz se abrió en el Consejo de Estado, luego de que este alto tribunal decidiera admitir a estudio un recurso de nulidad contra el acto administrativo que emitió el Congreso declarando hundida la controvertida reforma constitucional. Y tan dura está la controversia que ahora se anuncia que se pedirá la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Casa de Nariño instruyó a su ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que acuda a todas las instancias que sean necesarias para lograr la victoria que le fue esquiva en el Capitolio durante la conciliación de este proyecto en la plenaria del Senado del 30 de noviembre, el último día del fast track.

Toda la polémica en torno a la decisión del Legislativo radica en el hecho de que esta reforma que crea 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto se quedó con 50 votos favorables, lo que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, declaró como la muestra de que no logró la mayoría requerida de la mitad más uno de los 102 escaños de esta corporación para su aprobación.

El Gobierno y otros sectores que lo defienden refutaron de inmediato esa tesis y aseguraron que por cuenta de las 3 sillas vacías que existen, la composición del Senado se redujo a 99 integrantes y, por ende, la conformación del quórum y de mayorías también. Así las cosas, el Ejecutivo, chocando con la decisión del Congreso, dijo que los 50 votos obtenidos sí le dieron vida jurídica a las circunscripciones de paz.

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De esta forma quedaron enfrentados el Congreso, liderado por el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, y el Gobierno, representado por el ministro Rivera -y apoyado de forma directa por el presidente Juan Manuel Santos-, en un ‘choque de trenes‘ que no tiene precedentes recientes y que, además, tiene dirimiendo el asunto a las altas cortes. Todo un novelón.

Ahora, con la admisión de la acción de nulidad, queda abierto un nuevo frente de presión judicial que utiliza el Ejecutivo para intentar revivir las curules de las víctimas, y se da un plazo de 30 días para que las partes interesadas presenten los recursos que consideren pertinentes.

"Por ajustarse a lo previsto en los artículos 161 a 166 del CPACA, se admite la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad presentó el ciudadano y Ministro del Interior, doctor Guillermo Rivera Flórez, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo verbal proferido por el Presidente del Senado de la República", se lee en el más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado.

Cabe recordar que un concepto no vinculante de la Sala de Consulta de esta misma corporación ya había avalado la tesis del Gobierno. Y, además, una tutela conminó al Congreso a enviar a Palacio la polémica reforma constitucional para su promulgación ejecutiva. También, por iniciativa de Rivera, se presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en igual sentido. Todos, hasta ahora, le han dado la razón al Ejecutivo, pero el Legislativo se mantiene en su tesis de que estas 16 curules están hundidas.

El uribismo quiere terciar

Como el Centro Democrático y el uribismo en general se han opuesto a apoyar esta reforma de las circunscripciones de paz, este martes también se conoció que quieren terciar en el asunto y, bajo el paraguas de la separación de poderes, se van a poner del lado del Congreso y de su presidente, el senador Cepeda, para que se respete la decisión en torno a que este proyecto se hundió.

En ese sentido, el senador José Obdulio Gaviria dijo que quiere  actuar como "tercera persona interesada" en este tema, en especial por lo actuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acudiendo a la figura de "coadyuvante del Señor Presidente del Senado de la República".

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Lo que quiere es que sus alegatos y argumentos sobre lo que consideran son irregularidades que rodean todo este tema, en especial la intención oficialista de querer revivir el proyecto por medio de acciones judiciales. Gaviria busca, entonces, ser parte interesada del proceso para rodear las tesis del Legislativo.

"Es obvio que estamos ante uno de los más graves ataques al principio de separación de poderes", concluyó el senador uribista.

A esto hay que sumarle que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara (Cambio Radical), se ratificó en que no firmará ningún proyecto para promulgación o sanción ejecutiva por presión de los jueces, e incluso anunció que pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que considera es "una inaceptable intromisión en las competencias del Congreso y afecta gravemente la separación de poderes".

Esto, por supuesto, fue rechazado por el ministro Rivera, quien calificó la medida de desatinada y aseguró que los únicos que deberían acudir ante la CIDH a pedir protección son las víctimas del conflicto que, a su juicio, se quedarán sin representación en el Congreso por la decisión de negar el proyecto de circunscripciones de paz.

Estas 16 curules para las víctimas tienen duramente enfrentados al Congreso y al Gobierno, por lo que el país político y jurídico está a la expectativa de lo que pase. Las consecuencias están por verse.