¿Vamos hacia la ‘refundación’ del campo?

Con la firma de siete decretos que satisfacen parcialmente las demandas del campesinado que protagonizó el paro agrario y un discurso en el que prometió “refundar el campo colombiano”, el presidente Juan Manuel Santos cerró la reunión que creó el Pacto Nacional Agrario.

El pacto es el mecanismo ideado por el gobierno para superar dos meses de masivas protestas en el campo por todo el país y, a juzgar por las declaraciones del presidente y sus ministros en la reunión, para lanzar una política que ataque los problemas que el campo en Colombia arrastra desde la Colonia.

La ausencia de las principales organizaciones de base alternativas a los gremios tradicionales, las llamadas ‘dignidades’ (cafetera, papera, cebollera, láctea y un largo etcétera) que protagonizaron el paro agrario, y el retiro de uno de sus representantes de la reunión convocada por el gobierno el jueves en Bogotá, no fueron obstáculo para la proclamación del “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”.

Sin embargo, que los protagonistas del paro no hayan participado representa un importante obstáculo para lograr el diseño de una política que satisfaga los encontrados intereses que caracterizan el campo colombiano.

El contenido de este pacto, según lo anunciado, marcará el derrotero de la política de desarrollo rural de este gobierno. Y buena parte de lo que se proclamó está en sintonía con los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en La Habana en esa materia.

El presidente firmó siete decretos con los primeros lineamientos de estas políticas.

Se concreta, luego de largo tiempo en el congelador, el viceministerio de Desarrollo Rural en el ministerio de Agricultura, cuya planta se aumenta en 80 cargos.

Habrá control de precios para fertilizantes y plaguicidas, una de las demandas principales de los campesinos que bloquearon vías por todo el país. Se elimina el arancel para 25 partidas de insumos para el agro, cuyo alto costo fue una de las quejas de los que protestaron. Y se elimina el contingente para los lactosueros, otra exigencia del paro.

Uno de los decretos contempla la creación del denominado Sistema de Participación Popular para el cumplimiento del pacto, un mecanismo con el que las organizaciones campesinas, de indígenas, afros, víctimas y mujeres, entre otros, participarán en los consejos municipales de desarrollo rural, liderados por los alcaldes, con la idea, como dijo Santos, de “transformar la movilización rural en organización rural a nivel de los municipios y veredas”.

No solo este tipo de participación en la base de la pirámide del sistema de consejos agropecuarios creado hace años, sino varias otras decisiones anunciadas por Santos en la reunión el jueves en Bogotá están en sintonía con lo acordado entre el gobierno y las FARC en el primer punto de las negociaciones en La Habana sobre desarrollo rural, el cual habla de una “reforma rural integral” para favorecer al pequeño campesino, históricamente abandonado por el Estado.

El mandatario, por ejemplo, ratificó que el censo rural, que lleva más de 40 años sin hacerse, y el catastro rural, completamente desactualizado, se pondrán, por fin al día. Ambos figuran en los acuerdos con las FARC.

Habló del proceso de restitución de tierras a víctimas de la violencia; del cierre de la frontera agrícola; de la titulación y formalización de la propiedad para el campesino pobre en zonas no marginales sino conectadas a los circuitos de mercado; de la creación de una nueva jurisdicción agraria y del proyecto de ley de desarrollo rural que debe concretar estas y otras iniciativas. Todas estas ideas están en los acuerdos con las FARC y, de concretarse, serían un refrescante cambio en décadas de estancamiento y ausencia de políticas en el campo colombiano.

El presidente contó, además, que acordó con su colega, Nicolás Maduro, que Venezuela empezará a comprar masivamente productos del agro colombiano. El primer ‘pedido’ de carnes, huevos, pollitos, leche en polvo y ganado en pie rondaría los 600 millones de dólares. Aunque se mencionó la espinosa cuestión del pago, cuyas dificultades han disuadido a muchos empresarios colombianos de comerciar con el vecino, no se dijo nada específico sobre cómo se va manejar.

Y dijo que se pospondrá hasta 2015 la reducción del impuesto del cuatro por mil a las transacciones bancarias, lo que significa que, en lugar de reducir el presupuesto del ministerio de Agricultura (cosa que el gobierno anunció antes del paro), este aumentaría en 3,1 billones de pesos el año entrante.

Santos no descuidó a los grandes empresarios –uno de los puntos de polémica con los campesinos que protestan y una de las diferencias que subsisten con las FARC en materia de acuerdos sobre el tema rural.

Dijo que la única frontera agrícola que queda abierta es la altillanura, en Meta y Vichada, que desarrollará el gran capital mediante un modelo de contratos a largo plazo con el Estado y de asociaciones con campesinos locales. E informó que se presentará al Congreso una ley para fomentar “la gran inversión agropecuaria y forestal”.
 
¿Será verdad?

Los anuncios no solo aterrizan los primeros compromisos del gobierno con los campesinos que protestaron en el paro y representan un triunfo parcial de quienes se movilizaron sino que anuncian planes que, de concretarse, podrían como dijo el Presidente, “refundar el campo colombiano”.

La gran pregunta, luego de estos anuncios, es si lograrán concretarse.

Tanto lo que se conoce de lo que se pactó con las FARC en La Habana como lo que dijo el presidente el jueves apunta a resolver problemas históricos que arrastra el campo colombiano, fuente de la pobreza y desigualdad que lo han caracterizado por décadas. Sin embargo, hacerlo realidad enfrenta poderosísimas resistencias (que llevaron, entre otros, a la creación del paramilitarismo y a una brutal guerra rural). Todos los gobiernos que lo intentaron fracasaron y, después de anuncios grandilocuentes, poco cambió.

Eso es lo que está por verse con el Pacto Nacional por el Agro.

Los problemas que llevaron a la masiva protesta campesina están intactos. Aunque los bloqueos se levantaron, las negociaciones prosiguen en las regiones y hay planes para nuevas movilizaciones en octubre.

La no asistencia o el retiro de los sectores que promovieron el paro no lucen como el mejor augurio para el nacimiento de este pacto, uno de cuyos objetivos centrales es tenerlos a bordo. Y tampoco es la mejor de las señales que los nuevos ministros de Interior y Agricultura se hayan apresurado a descalificar a los sectores que no vinieron a la reunión como movidos por “intereses políticos”, como lo hicieron Aurelio Iragorri y Rubén Darío Lizarralde.

Unas de cal y otras de arena. El Pacto Agrario nace sin una parte importante de quienes deben ser sus protagonistas, lo cual genera preguntas sobre su viabilidad futura y sobre la suerte de las negociaciones que están en pleno curso con esos sectores. Sin embargo, el hecho de que varias de sus provisiones estén en sintonía con lo que se ha conversado con la guerrilla en La Habana es indicio de que el gobierno tendría una estrategia consistente para todos los protagonistas del campo.

Pero aún habrá que esperar para saber si se trata de verdad de la “refundación” que el campo colombiano lleva tantas décadas esperando o de un pacto más.