El paro cocalero del que nadie habla

Durante 48 horas (martes y miércoles) la vía principal que une al puerto de Tumaco con Pasto, la capital de Nariño, estuvo bloqueada por cerca de 1.200 campesinos.

Irónicamente esta vez esa comunidad que durante tantos años ha sido golpeada por la violencia, no protestaba por el crimen de algún líder, la falta de agua potable, las extorsiones, los atentados guerrilleros o la campante corrupción de su clase dirigente.

En esta ocasión la protesta era por un hecho bien particular: porque el Ejército erradica los cultivos de coca sembrados en cientos de parcelas que bordean la importante carretera.

Solo la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, logró despejar la carretera, pero no le puso fin a la protesta y en varios puntos de la vía los manifestantes seguían exigiendo el cese de la erradicación forzada de sus cultivos de coca.

La imagen de esa protesta es bien particular no solo por tratarse de comunidades que exigen derechos sobre un cultivo considerado ilícito, sino porque justamente Tumaco fue elegido por las autoridades para ser piloto en procesos de erradicación.

Y precisamente en ese municipio Gobierno y Farc focalizaron sus esfuerzos para poner en práctica el ambicioso Plan Nacional de Sustitución como uno de los puntos pactados en el acuerdo firmado en La Habana.

A ese detalle le agregamos que las protestas cocaleras surgen justamente cuando las agencias internacionales que monitorean el crecimiento de los cultivos de coca tienen la mirada puesta en el país tras el aumento del 39 por ciento de esos sembrados, al pasar de 69.000 a 96.000 hectáreas entre 2014 y 2015. Y para empeorar el ambiente, esas manifestaciones se dan cuando en Colombia aún se debate la conveniencia o no de la suspensión de las fumigaciones aéreas.

Todo cobra más relevancia si recordamos que solo en Tumaco hay sembradas 16.990 hectáreas con coca, lo que equivale al 17 por ciento de toda la producción nacional. Si en ese puerto nariñense se concentra la atención de un problema tan espinoso y que hace parte de lo pactado en el proceso de Paz con las Farc, ¿por qué siguen las protestas cocaleras?

La realidad es que en Tumaco se están presentando los mismos tropiezos que tendrá la implementación de los acuerdos firmados en La Habana: la atomización de las comunidades.

Dicho en otras palabras, en la ejecución de los puntos de desarrollo agrario y narcotráfico firmados en La Habana, el gobierno tendrá que consultar con muchas bases comunitarias, antes de llegar a aun consenso sobre lo que se quiere ejecutar.

Por ejemplo, para empezar con el plan voluntario de erradicación de cultivos ilícitos en Tumaco, se hicieron varias reuniones con asociaciones de campesinos, indígenas y afrocolombianos, pero no todos aceptaron acogerse al programa. Solo los quince Consejos Comunitarios que hacen parte de la asociación Recompas, firmaron y algunas cuantas veredas.

Y cuando el ejército a través de la Fuerza de Tarea Poseidón contra el Narcotráfico empezó la erradicación forzosa, se armó la protesta liderada por campesinos que se agremian en el Coccam, que es la Coordinadora de cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

Líderes cívicos de Tumaco explicaron que en esa asociación están las tres agremiaciones comunitarias mas fuertes de la región y que son el bastión social lícito de las Farc (Asominuma, Asoporca, Asocret).

Básicamente ellos se oponen a la erradicación forzada porque eso no fue lo pactado en La Habana y critican que esas decisiones se tomen sin el consenso de las bases comunitarias, “nos quieren imponer a la fuerza una agenda que no se acordó. Todo debe ser concertado”, explicó Héctor Escobar, uno de los coordinadores de la protesta cocalera.

Desde el Coccam ven con sospecha que si bien les ofrecen a los pequeños productores de coca un millón de pesos durante un año, para que se sostengan, “por ningún lado aparecen los temas gruesos y más importantes como lo es el desarrollo integral agrario”, reclama el dirigente.

Otra cosa muy distinta percibe Walter Aldana, el asesor de la Dirección para la Atención Integral en la Lucha Contra las Drogas en Nariño. Según Aldana, el problema radica en los tiempos para la aplicación de cada una de los pasos del proyecto y no en la falta de socialización con las bases comunitarias.

“Se debe tener en cuenta que no solo tenemos que concertar con los campesinos, también hay comunidades indígenas y afrodescendientes. Y mientras se llega a un consenso con todos ellos, el gobierno hace uso del derecho que tiene para iniciar erradicaciones”, explicó el asesor.

Recordó, que sumado al millón de pesos mensuales durante un año que reciben los pequeños productores que se acogen al proceso voluntario de erradicación, también tienen incentivos por 19 millones de pesos para dos proyectos agrícolas de corto y largo plazo, sumado a la asistencia técnica durante dos años.

Reconoció que el tema más complejo de la implementación del programa de sustitución, son los proyectos para mejorar la infraestructura vial, “porque de nada sirve que los apoyemos en la siembra de productos agrícolas que luego no pueden sacar para comercializar”, explicó.

Lo único cierto que por ahora es que los campesinos cocaleros de Tumaco  no darán su brazo a torcer y ya expresaron en un corto comunicado que para la levantar la protesta exigen tres puntos específicos: que se frene la erradicación forzosa, se agilice la reunión donde estén presentes el Gobierno, Pastor Alape, el Coccam, y que se cumpla lo pactado en La Habana en torno a la sustitución de cultivos ilícitos.