El pecado original de la Cámara de Comercio de Barranquilla

Un año de interminable crisis cumple por estos días la Cámara de Comercio de Barranquilla. Año en el cual ha habido tres juntas directivas, varios directores ejecutivos, tutelas resueltas a favor y en contra de grupos de empresarios que se califican unos a otros como carteles (con connotaciones negativas), agravios y descalificaciones que parecen más propias de un concejo municipal de pueblo que de una institución centenaria de una ciudad que vio nacer las más prósperas industrias a principios del siglo XX, lo que le valió el merecido nombre de la “Puerta de Oro de Colombia”.

En mayo del año pasado, al igual que en todas las cámaras de comercio del país, en Barranquilla debían realizarse las elecciones de los ocho miembros de la junta que son elegidos por los comerciantes que hayan cumplido con la obligación de renovar su matrícula y estar además afiliados, requisito que cumplían aproximadamente un poco más de 5.000 comerciantes.

Sin embargo, una serie de denuncias informaban acerca de afiliaciones masivas en los primeros meses de 2012 de sociedades anónimas simplificadas y de personas naturales. Esto no tendría nada de raro, pues en los últimos años esa había sido la modalidad mediante la cual se habrían elegido los miembros de junta que mantuvieron una hegemonía imperturbable en la Cámara de Comercio.

En el 2007 comenzó a desmoronarse y el inamovible director ejecutivo cayó de manera estruendosa en medio de un escándalo en el que salieron a relucir grabaciones donde dejaban al descubierto las intenciones de un grupo, a quienes en la ciudad han denominado el ‘Cartel del Suero’, cuyos líderes fueron durante varios años el exministro y expresidente de Gases del Caribe Guido Nule Amín, el también exministro Arturo Saravia Better y Pablo Gabriel Obregón Santodomingo.

Comenzaba el epílogo de una época en donde industrias y empresas que fueron símbolo de la ciudad durante décadas, desaparecieron o dejaron de tener connotación local porque esas empresas ya no tienen su domicilio principal en la ciudad.

Después de varios aplazamientos, las elecciones se realizaron el 5 de julio del 2012, y un grupo de comerciantes, entre los cuales estaban exdirectivos de Undetco, empresarios de la industria textil como Samuel Tcherassi, en alianza con Olímpica (grupo comercial más importante en la ciudad), formaron un frente común con otros empresarios de diversos sectores y armaron una operación electoral para disputarle las mayorías a quienes consideraban la hegemonía y lograron obtener siete puestos en la junta directiva.

La elección de esta mayoría también fue descalificada, pues salieron a relucir afiliaciones masivas de empresas que fueron calificadas de papel. Las afiliaciones fueron anuladas, la elección se cayó, sobrevinieron tutelas, fallos contradictorios y denuncias que indicaban que el reparto en los juzgados habría sido fraudulento (el juez está siendo investigado). La Superintendencia impugnó la tutela porque decía que el juez no era competente, renunciaron dos de los elegidos a la junta y la semana pasada renunció la esposa del exministro Armando Benedetti Jimeno, uno de los gestores de ‘la toma’ de la Cámara en compañía del senador Fuad Char y del abogado y exsenador Ricardo Varela, uno de los elegidos.

Y la crisis la atribuyen a la intención política de usar la Cámara de Comercio como plataforma política, por tanto no es extraño que algunos delegados del Gobierno Nacional son hijos, hermanos, familiares o recomendados de políticos.

El último episodio fue que una nueva tutela, fallada por un Juez Civil del Circuito de Bogotá, anuló las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y declaró como válida la elección realizada el 5 de julio del 2012. Ordenó que los elegidos volvieran a sus cargos. Elección que fue descalificada y apelada por el superintendente Pablo Felipe Robledo.

Entre tanto, la junta que debía asumir sus funciones el lunes pasado después del fallo de tutela no lo hizo, porque sólo son seis miembros de 12 y no pueden tomar decisiones, se necesita de un miembro más, entonces solicitaron al juez que aclare quién o quienes deben asumir los dos cupos vacantes. La pregunta es: ¿Por qué los otros cuatro miembros del Gobierno Nacional no sesionan con los elegidos? En Barranquilla se preguntan si los delegados del gobierno no deberían responder en defensa de los recursos públicos que administra la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son las instrucciones del gobierno para esos miembros?

El lunes, en rueda de prensa con los medios de comunicación, el presidente de la junta elegida el pasado 5 de julio, Samuel Tcherassi Solano, dijo que como empresario estaba sorprendido de lo anacrónica que era la Cámara de Comercio en su organización, pues parece estar configurada para otra época y calificó como exagerada la nómina, pues el 40 por ciento de los ingresos (8.000 de 20.000 millones), se va en pagar salarios.

Dijo que no habían asumido el lunes, porque consideraban que les habían tendido una trampa y que iban a esperar una consulta que hicieron al juez de tutela en cuanto a quiénes debían asumir los cupos vacantes, que los han juzgado sin haber asumido y que él, como empresario, lo que quería era trabajar por los temas del comercio internacional y mejorar las condiciones de los comerciantes locales.

Una de las afirmaciones en las que insistió Samuel Tcherassi fue en pedirle neutralidad a la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, pues, afirmó, se ha inclinado en favorecer al sector de empresarios y comerciantes que ha controlado la cámara históricamente. Cuestionó que Robledo sólo se reúne con un sector y nunca ha aceptado reunirse con los miembros elegidos, aunque ha venido nueve veces a Barranquilla en seis meses, y le reprochó el sentido de sus trinos en su cuenta de Twitter, los cuales lo inhabilitarían, pues muestran su inclinación o tendencia a considerar que unas afiliaciones masivas sí son válidas y otras no.

Tcherassi cuestionó también el hecho de que la Cámara participe en 23 juntas por participaciones que tiene en igual número de sociedades, como el Carnaval de Barranquilla, el Zoológico y el Centro de Eventos y Convenciones, pero las utilidades que recibe no corresponden a las inversiones que ha hecho. Una de esas participaciones es precisamente en la sociedad concesionaria del aeropuerto, sociedad que debe pagar a la Aerocivil 35.000 millones de pesos porque en 15 años no hicieron las inversiones estipuladas.

Concluyó Tcherassi diciendo que está metido en estos problemas porque no es político, ni sabe ser político. Lo que se sabe es que cuando la nueva junta se posesionó, les habían exigido que ratificaran a Luis Fernando Castro como director ejecutivo, pero fue rechazado, lo que habría molestado a un alto nivel de gobierno. Ese sería uno de los pecados originales de esta junta; el otro, obviamente, haber utilizado el mismo recurso electoral empleado por las juntas hegemónicas de años precedentes. Los barranquilleros del común no creen justo que la denominada capital del TLC esté viviendo un bochornoso episodio que habla muy mal de su clase empresarial.