La cara de la lucha afro en Cauca

La última amenaza que recibió la líder afro Francia Márquez, el 28 de abril pasado, sentenciaba: “Llegó la hora de ajustar cuentas con los que se hacen llamar defensores del territorio”. El mensaje de texto llegó justo después de que ella y otros líderes del norte del Cauca llegaron a un acuerdo con el gobierno para desbloquear la vía Panamericana, que unas 1.200 personas se habían tomado 36 horas antes, a cambio de que las autoridades asumieran compromisos definitivos para erradicar la minería ilegal de su tierra.

“Sabemos cómo se mueven y la orden es darles de baja para que no se opongan al desarrollo”, continuaba el mensaje escrito con pésima ortografía y firmado por las bacrim. Era la quinta amenaza que Márquez recibía desde 2014, cuando empezó a convertirse en una de las líderes más visibles de esa región del país tan apetecida por las multinacionales y los grupos ilegales, porque esconde en sus montañas, literalmente, una mina de oro.

La primera vez que quisieron intimidarla un hombre con acento paisa la llamó a su celular y le dijo: “Si sigue jodiendo, vamos a ir por usted y sus hijos”. En octubre de 2014 Francia dejó su casa en la vereda Yolombó (corregimiento de La Toma, Suárez) para refugiarse en la ciudad, y recibió un esquema de seguridad con dos guardaespaldas y una camioneta blindada. Dos meses más tarde estaba liderando una manifestación de unas 80 mujeres negras que caminaron desde Cauca hasta Bogotá, para insistirle al gobierno en lo mismo: acciones contra la minería ilegal y los proyectos extractivos que se autorizaron inconstitucionalmente en su región.

“Fui desplazada de mi territorio y hoy tengo que volver como un perro, escondida, mientras otros que nada tienen que ver con él andan haciendo de las suyas”, expresó Márquez, exaltada, frente a los representantes del gobierno que accedieron a reunirse con las mujeres luego de que se tomaron el Ministerio del Interior. Ese mismo diciembre viajó a La Habana, Cuba, como representante de las víctimas en las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc. Frente a los voceros de ambas delegaciones sentenció: “No se puede hablar de paz si todos los días se están generando víctimas en el territorio, y sin una estrategia para cuidar el medioambiente”.

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Francia Márquez tiene 34 años y dos hijos. En la primera impresión, es tímida y reservada. Usa ropa de colores vivos y lleva el pelo recogido con un turbante. Cuando se pasea por la ciudad en la que vive está siempre alerta. No se siente en paz en ninguna parte. Ni feliz. Extraña a su mamá, a sus hermanos, a la montaña en la que nació y creció siendo una adolescente rebelde que lentamente fue ingresando al movimiento comunitario de su pueblo hasta convertirse en la líder mayor. Márquez habla con nostalgia, sobre todo, del río Ovejas que baña a esa montaña. El río que para su gente lo representa todo: el pescado con el que se alimentan, la minería ancestral que junto a la agricultura les da el sustento, la arena con la que construyen, las aguas en las que aprendieron a nadar y donde vivieron los recuerdos más entrañables de la niñez.

El río Ovejas –que para ellos es “la vida”, como dice Sabino Lucumí– representa el origen del movimiento afro de Suárez. En 1994, cuando el gobierno quiso desviarlo para alimentar la represa Salvajina, la comunidad se organizó por primera vez y logró que se suspendiera el proyecto. “Sentimos que nos iban a quitar parte del corazón”, dice Francia. Apenas comenzaba su batalla contra los depredadores del río.

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Francia Márquez afirma en tono enérgico, sin titubear, que la minería ilegal e inconstitucional ha generado en su pueblo “desplazamiento forzado, destrucción ambiental y riesgos de perder la soberanía alimentaria”. Su perfil de líder empezó a formarse a los 16 años. Antes era una adolescente apasionada por la música folclórica, que recibió una beca en Bellas Artes para estudiar técnica vocal. Una joven que se convirtió en madre soltera a los 16 años y se trasladó a Cali a trabajar como empleada doméstica.

Alternaba la vida entre ser madre, estudiar una técnica en explotación agropecuaria en el Sena y trabajar en casas de familia. “Me estaba muriendo criando niños ajenos y abandonando a los míos, y además recibiendo malos tratos”, cuenta, mientras se moviliza hacia Santander de Quilichao, donde se reunirá con su grupo de escuderas. Francia renunció a todo en Cali y se dedicó al trabajo comunitario. Lideró la segunda gran campaña de la lucha afro en Suárez: la derogación de ocho títulos que las autoridades mineras autorizaron para explorar y explotar oro en su territorio, sin respetar su derecho a la consulta previa.

Los títulos ocupaban parte del río Ovejas y de la montaña donde han estado ancestralmente (desde 1636 existe registro de presencia afro allí). Pero el acto final que reforzó su indignación ocurrió en agosto de 2010, cuando la comunidad de La Toma recibió la notificación de que sería desalojada porque su tierra ahora le pertenecía al señor Héctor Jesús Sarria, dueño de uno de los títulos. La Defensoría logró suspender la diligencia.

Ese mismo año la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento que le dio una victoria parcial a este pueblo afro. Acogiendo una tutela interpuesta por Francia Márquez y Yair Ortiz, representantes del Consejo Comunitario de La Toma, ordenó suspender todas las licencias otorgadas sin cumplir el proceso de consulta previa. Ahora la comunidad pide derogar las licencias.

Y el tercer capítulo de este movimiento empezó hace unos cinco años, cuando los mineros ilegales llegaron a su región, se enquistaron en el río Ovejas, lo devoraron, lo contaminaron con mercurio y cianuro (y también al pescado con el que se alimentan) y sacaron a los mineros artesanales. Y cuando los lugareños los encararon para exigirles respetar su tierra, respondieron con amenazas. “Nos declararon objetivo militar –cuenta Márquez– porque ‘nos estábamos oponiendo al desarrollo’. Firmaban las Águilas Negras, los Rastrojos, y ahora último las bacrim”.

“Se nos vino la avalancha de las máquinas. Ese es quizás el momento más difícil que hemos tenido, cuando llegaron las retro se nos metieron al río”, cuenta Edward Mina, líder de La Toma. Pero no solo su río. Los ilegales se tomaron el departamento completo. En 2014 la Gobernación del Cauca reconoció que existían por lo menos 2.000 retroexcavadoras en trabajos de minería ilegal.

Las autoridades han realizado operativos. En enero destruyeron cinco ‘retro’ en Almaguer, Bolívar y Mercaderes, que al parecer producían 3.000 millones de pesos mensuales para el ELN; en abril capturaron 14 “presuntos integrantes de la banda La Carbonera”, dedicada a la explotación ilícita de oro en el río Sambingo; y también en abril cerraron 123 túneles en minas ilegales en Santander de Quilichao. Pero las ‘retro’ se siguen moviendo por todo el departamento. Hace menos de un mes la Corporación Autónoma Regional del Cauca advirtió que nueve ríos están en riesgo por esta actividad ilegal.

Mientras los ríos y las montañas y los recursos naturales sigan amenazados, el movimiento afro del Cauca seguirá levantando su bandera. “Sueño que mis hijos no tengan que vivir las angustias que he tenido que vivir yo –dice Francia Márquez–. Y que la gente indígena, negra, campesina, pueda vivir en condiciones dignas en su tierra”.