El populismo VIP de Petro

La decisión del alcalde Gustavo Petro de construir Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en valiosos lotes de estrato 6 es una medida populista que no contribuye a acabar con la desigualdad y va en contra del patrimonio de todos los bogotanos. Esta semana, en medio del humo que se apoderó de buena parte de Bogotá por el incendio de las 600.00 llantas que estaban almacenadas en una bodega en Fontibón, la Administración distrital lanzó una propuesta que terminó por enrarecer aún más el ambiente.

Metrovivienda anunció que en siete lotes ubicados en los barrios El Chicó, El Lago y Santa Bárbara se construirán 372 viviendas de interés prioritario, 356 parqueaderos y 2.250 metros cuadrados de áreas comerciales o de servicios (ver infografía). Estos predios, donde actualmente funcionan parqueaderos y son del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), están en el corazón de la zona más dinámica de la capital en cuanto a comercio, oficinas y viviendas de estratos 5 y 6.

“Con estos proyectos queremos demostrar que sí es posible que convivan las víctimas del conflicto armado con el resto de la comunidad”, dijo Nicolás Corso, gerente de Metrovivienda. También advirtió que se está estudiando la posibilidad de que una parte de los locales comerciales sean entregados a madres cabeza de familia o para organizaciones de desplazados que quieran montar negocios.

Al conocerse la decisión, que empezó a generar todo tipo de reacciones, el alcalde Gustavo Petro salió a defenderla y trinó: “La estratificación social en Colombia es un sistema de castas, antidemocrático, antirrepublicano y antihumano”.

Este tipo de propuestas no son nuevas. Dentro de su política de planificación urbana con la que busca densificar el centro ampliado, construir viviendas populares en zonas centrales y disminuir la segregación social, Petro tomó el año pasado la decisión de utilizar el lote de la Plaza de la Hoja para este propósito.

En este valioso predio, localizado en la avenida 30 (NQS) entre las calles 19 y 22 y donde se iba a levantar el Nuevo Centro Administrativo de la ciudad, se construirán 457 apartamentos VIP y una nueva sede para el IDU.

Pero el hecho de que ahora se decida a tomar lotes valiosos ubicados en zonas de estrato 6 fue recibido por algunos sectores más como una provocación política que como una propuesta clara y articulada para lograr una mezcla de estratos y usos del suelo. Fernando Trebilcock, abogado experto en urbanismo, dijo que la Alcaldía está usando un discurso muy serio, la inclusión social, para hacer politiquería populista y para intentar provocar una pelea entre ricos y pobres. “Claro que es bueno que haya una mezcla social, pero no con propuestas que salen de la nada sino como respuesta a una planificación de ciudad. A las personas que van a vivir allí ¿qué guarderías, colegios, centros de salud, oportunidades laborales o de sustento se les van a ofrecer en una zona en la que hay poco equipamiento público? Esa y otras preguntas son las que se deben responder en una política integral”, afirmó Trebilcock. A lo que habría que agregar que en esos sectores el costo de vida es varias veces más alto que en los demás.

Para la exsecretaria de Planeación Carmenza Saldías, la decisión del alcalde es equivocada tanto en la forma como en el mensaje. “No se trata sólo de construir vivienda social en el norte. Una verdadera política de inclusión debe proveerla en todos los sectores de la ciudad. Además, este tipo de obras no se debe hacer en función de la situación personal de algunos, sino que deben estar destinadas para todos los ciudadanos en general”.

Otros creen que la idea de beneficiar a los más pobres con este tipo de ayudas los terminaría perjudicando aún más. “Si bien las reacciones de algunos habitantes de estos barrios están alimentadas por prejuicios e imaginarios equivocados, la destinación de estos espacios para quienes llegan de afuera puede generar perjuicios para ellos mismos porque las pone en condiciones adversas no sólo en términos económicos, sino también culturales”, explica Isabel Arteaga, profesora de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de los Andes.

Pero además de las discusiones técnicas y filosóficas, también hay otras de índole económica. Un reconocido constructor de proyectos en la zona dijo que la propuesta de la administración es una estupidez. “Sólo el lote de la carrera 11 con calle 82, ubicado en la zona más costosa de Colombia, se puede vender en 30.000 millones de pesos o más, si la ciudad decide asociarse con un privado. Con esa plata, el Distrito no les daría casa a 96 personas en ese lote, sino a más de 700 en otro sector de la ciudad. Este caso es igual para los otros predios, que si se vendieran a valores comerciales, se podrían financiar miles de VIP”.

Algunos abogados consultados por SEMANA advirtieron que en este caso Metrovivienda estaría generando un detrimento patrimonial a la ciudad porque los apartamentos van a terminar costando entre 250 y 300 millones de pesos y no los 48 millones de pesos que por ley deben costar las viviendas de interés prioritario.

A pesar de los problemas técnicos y económicos que puede tener la aplicación de la medida, la reacción que han tenido algunos habitantes de las zonas involucradas puede favorecer a Petro. Opiniones como “aceptar personas de estratos bajos traería inseguridad a la zona” legitiman su discurso de que Bogotá es una ciudad excluyente y le darían un sustento moral y político al proyecto.

Ahora bien, una cosa es reconocer que en la sociedad bogotana existe la exclusión social y otra, utilizar ese discurso para aplicar medidas sin el suficiente respaldo técnico. Para cerrar la brecha entre pobres y ricos la propuesta del alcalde no tiene ni pies ni cabeza. Para ello hay muchos mecanismos más eficaces que fomentar la polarización entre ricos y pobres, como mejorar el sistema de transporte u ofrecer un espacio público donde se encuentren las distintas ciudades, temas en los que la alcaldía no sale bien librada.