"El reconocimiento jurídico para la UP sería lo más justo": Jahel Quiroga

Jahel Quiroga es una de las sobrevivientes de la Unión Patriótica. Junto a la exconcejal Aida Abella, hoy exiliada, ha liderado la representación de las víctimas del exterminio del grupo político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No me gusta dar entrevistas”, dice. El intento de asesinato, con un rocket, contra su amiga Aida en 1995, y el asesinato de otros copartidarios en los años siguientes, explica la presencia de varios escoltas a la entrada de su despacho. Ella aduce que a pesar de que la UP no exista jurídicamente ella aún es “militante del partido”, razón de sobra para que esté protegida.

Quiroga entró al comité de derechos humanos de la UP en 1990, cuando ya habían asesinado a muchos militantes de la organización. “Prácticamente llegué a recoger los muertos”, recuerda. Después fue concejal en Barrancabermeja, pero en 1992, sin que hubiera terminado su período, fue obligada a refugiarse en Bogotá. “Sólo quedamos vivos un compañero y yo”, agrega. A todos los mataron.

Desde entonces, la abogada, que dice pertenecer a la escuela del “realismo jurídico” en oposición al derecho de papel, es una abanderada de los procesos de justicia en los casos de violación a los derechos humanos de los integrantes la UP. A pesar de su renuencia a hablar con los medios, accedió a dar una entrevista a Semana.com, luego de que este fin de semana la UP volviera a ser noticia.

El pasado domingo se conoció que el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería y Sebastián González (cofundador del partido) entablaron una demanda ante el Consejo de Estado con la que pretenden recuperar la personería jurídica de la UP. Argumentan que el fallo del Consejo Nacional Electoral, con el que el partido dejó de existir jurídicamente, no tuvo en cuenta que éste no se presentó al debate electoral, en 2002, debido a que sus principales líderes habían sido asesinados.

La demanda en ese sentido había sido instaurada por uno de los sobrevivientes de la colectividad, Mario Upegui. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió un fallo recientemente en el que negó la solicitud, pues consideró que el partido no tenía los requisitos legales exigidos para conservar el estatus jurídico pues no superó el umbral de votación. Sin embargo, Araujo confía que con nuevos argumentos podrá conseguir lo que no consiguió Upegui.

Para Quiroga, sin embargo, recuperar la personería jurídica de la UP no puede ser de cualquier manera. Ella reclama no sólo el reconocimiento de los derechos políticos de una colectividad, sino un gesto de reparación y desagravio. Por esta razón, está más confiada en que sea la justicia internacional la que ordene al Estado colombiano otorgar nuevamente la personería jurídica a la UP, como símbolo de reparación y restitución de las miles de víctimas, que en la voluntad de la justicia colombiana.

Semana.com: ¿Cómo comenzaron las reclamaciones por los derechos de la UP?

Jahel Quiroga: Es una historia muy larga. Después de que mataron a muchos de nuestros compañeros, algunos nos vimos obligados a salir del país. Cuando regresamos fundamos la organización Reiniciar con Aida Abella Esquivel. Nos pusimos en la tarea de documentar los casos de violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la UP, y a pasar derechos de petición ante los entes de control. Fue una decepción muy grande constatar que no había nada. Al contrario, quienes denunciaron recibieron amenazas y los mataron.

En 1992, una tutela que interpuso un compañero en Cúcuta, por el derecho a la vida, sirvió para presentar nuestra demanda ante la CIDH. La Corte Constitucional ordenó a la Defensoría a hacer un estudio sobre los asesinatos de la UP. En octubre de ese año ese informe dio cuenta de 717 casos de homicidio, en los cuales solo había 10 procesos; seis absoluciones y cuatro condenas. Una impunidad gravísima reconocida por el propio Estado. Con ese informe radicamos el caso en diciembre de 1993.

En 1997, la Comisión aceptó la demanda y notificó al Estado. Fue una batalla larga, de cuatro años, difícil porque los representantes del Gobierno trabajaron mucho para que no se admitiera la demanda, pero fueron más contundentes los hechos. Todo el mundo sabía que a la UP la estaban matando y el Estado no actuó y además sus agentes estaban comprometidos.

Semana.com: ¿Desde cuándo están reclamando que se le devuelva la personería jurídica a la UP?

J.Q.: En 2003, Mario Upegui instauró una acción de nulidad de un fallo del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado ratificó la decisión del CNE. Dijo que la UP no había reunido los votos necesarios para existir jurídicamente. De ahí en adelante no se hizo nada. Hay mucha gente de la UP que no ha querido militar en ningún otro partido, que tiene la esperanza de volver con la UP. Nosotros pedimos a la CIDH que, como parte de la reparación integral de las víctimas, contemple el reconocimiento jurídico del partido, con unas condiciones especiales.

Semana.com: ¿Cuáles?

J.Q.: No vale la pena que nos den una personería jurídica para que al cabo de unos meses, después de las elecciones de octubre, vuelva y se pierda, porque no hay garantías, ni dinero. ¿Van a respetar a los candidatos de esa agrupación? El Estado debería, por ejemplo, considerar darle unos años de vigencia mientras vuelve y se recompone.

Semana.com: ¿Como exmilitante le gustaría volver a hacer política?

J.Q.: Yo no soy exmilitante. Yo milito en esta causa. A mí me gustaría. Quedaron muchas cosas frustradas en todo este tiempo. Tenemos una coordinación nacional de 1.500 víctimas. Tenemos 15 sedes regionales de desplazados de la UP. La gente me dice que hable de ese tema. Yo les digo: hablen con Mario Upegui, porque yo estoy en la búsqueda de que haya una reparación integral a las víctimas y que haya una reparación política a quienes ocuparon cargos en el Estado.

Semana.com: ¿Qué piensa de la demanda que instauró el exmagistrado Araújo?

J.Q.: A mí me parece justa. Ojalá salga con esas condiciones que le mencioné, que pueda permanecer en el tiempo mientras hay una inclusión en el espectro político, que la UP sea financiada y se garantice la seguridad de los candidatos. Sin embargo, creo que no va a ser posible toda vez que hasta ahora, siete años después de que Upegui instauró una demanda para que se restableciera el derecho a la personería jurídica, el Consejo de Estado negó esa posibilidad.

Esa petición también se la hicimos a Uribe, como parte de la solución amistosa, pero él se molestó muchísimo. Nos dijo que entonces cómo se iba a tratar a otros movimientos que habían perdido la personería jurídica. No entendió la propuesta.

Semana.com: ¿Cuál es la importancia de ese reconocimiento jurídico?

J.Q.: Es muy importante no solamente para la UP sino para la democracia colombiana. Los magistrados no pueden poner por encima la ley que dice que no se obtuvieron los votos, porque le faltó una interpretación real de los hechos y de los principios constitucionales. El caso de la UP en la CIDH es el caso más importante del hemisferio, porque exterminios por razones políticas también se han dado en otros países, pero en condiciones de dictadura. Pero este caso fue en una democracia, que se dice, es la más antigua de América, por eso debe sentar un precedente muy importante.

Semana.com: ¿Por qué la CIDH no aceptó la demanda por genocidio?

J.Q.: Soy de la escuela del realismo jurídico que se basa en los hechos. Demandamos a sabiendas de que el tratado internacional no incluye el genocidio por razones políticas. La convención dice que el genocidio se configura con los crímenes que se cometen con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones nacionales, étnicas o religiosas. No dice políticas. Pero en la génesis del tratado, la Asamblea General de la ONU si pidió recoger la experiencia de lo que había ocurrido en los juicios de Núremberg, en los que los nazis fueron juzgados por el exterminio de judíos. Pero en la asamblea de la ONU no dejaron aprobar el genocidio por razones políticas pues había países a los que no les parecía conveniente como Rusia, Estados Unidos y Pakistán, entre otros.

La UP era un grupo con identificación clara. El informe de admisibilidad de la CIDH interpretó a la luz de otros tratados y dijo que lo que ocurrió era un genocidio, pero que la definición jurídica actual no lo contempla por razones políticas. Sin embargo, los peticionarios, dijo la CIDH, han presentado hechos que tienen a caracterizar una pauta de persecución con el fin de exterminar al grupo y de diluir su fuerza política. En otras palabras admitió que sí fue un genocidio, y todos los genocidios en el fondo tienen razones políticas.

Semana.com: Uno de los argumentos con los que se ha pretendido justificar la muerte de líderes como Jaramillo Ossa o Pardo Leal es que la UP era el brazo político de las Farc. ¿Qué piensa de eso?

J.Q.: Lo que pasó con la UP es algo que a este país no se le puede olvidar. Los jóvenes, los niños tienen que conocer lo que ocurrió, porque es la historia de la oposición política de este país. El presidente Uribe se la pasó diciendo que los upeístas combinaban todas las formas de lucha. Yo respondo, pues los hubieran detenido y procesado si estaban haciendo cosas ilegales. Y si hubieran sido guerrilleros entonces fue un crimen de guerra, porque la gente fue asesinada en la calle, en su trabajo, en su casa. En nuestros listados tenemos documentadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y le hemos dicho al Gobierno que si hubo algún muerto en combate, que lo saque de la lista, pero que no desvirtúe el caso.

Semana.com: ¿Cómo fue entonces la historia?

J.Q.: En 1985 hubo un acuerdo que se firmó entre el Gobierno y varios actores sociales. El gobierno de Colombia se comprometió a garantizarle a la UP el ejercicio de la política como a cualquier grupo y a hacer caer el peso de la ley a quien “conculque”, o “eluda” los derechos. Punto aparte. En el acuerdo dice que también se otorgó a las Farc la autorización para que sus directivos políticos hagan proselitismo político. Entonces, la UP era el vehículo mediante el cual estos hombres iban a actuar en la vida civil. Por eso varios de sus líderes salieron a hacer política, desarmados, como los vio este país en el Congreso: Iván Márquez, Braulio Herrera, y otros dirigentes. Decir que se combinaban las formas de lucha es una forma de estigmatizar a la UP, porque eso se estaba haciendo con la anuencia del Gobierno y como una apuesta por la paz. La justificación de los asesinatos es decir que todos eran guerrilleros, pero, o la gente no conoce, o se le olvida cómo fue que nació la UP.

Semana.com: ¿Qué pasó con Braulio Herrera?

J.Q.: Tengo entendido que está en el exilio como mucha gente. Hay cerca 500 mil personas con sus familias en esa condición, entre ellas la exdiputada Beatriz Gómez, la exconcejala Aida Abella, el exsenador Hernán Motta y la exalcaldesa de Segovia Rita Ivonne Pabón.

Semana.com: Entonces, ¿a qué cree que se debió el exterminio?

J.Q.: La razón que encontramos para que hubieran matado a tantos integrantes del grupo fue porque se convirtió rápidamente en una opción de poder. Los resultados de 1986, la primera participación de la UP en las elecciones asustó a la burguesía de este país, a los latifundistas, a los grupos económicos, a los caciques electorales. Si no hay un reconocimiento de lo que ocurrió, eso va a seguir pasando con todos los grupos políticos que se conviertan en una opción real de poder.

Semana.com: ¿Hoy qué piensa de las Farc?

J.Q.: Les solicitaría que encuentren caminos para una negociación, que busquen la paz en esa posibilidad, y no en la guerra. Sería una expresión de paz como la que intentó la UP. Las Farc tienen la capacidad política para tomar esa decisión. Creo que también tuvieron la intención de hacer política, pero por falta de garantías no fue posible. En nuestra investigación encontramos que a ellos también les mataron personas importantes. El reconocimiento de lo que ocurrió y la reparación a la UP allanarían el camino hacia la paz. Sería un referente para que confíen en que no se va a repetir y encuentren garantías. Creo que el gobierno de Santos no ha botado la llave a la solución negociada. Abogamos porque las partes conversen y encuentren una salida. Ahorraría plata que se ha invertido”, entre comillas, en una guerra, y que serviría para atender a las víctimas.

Semana.com: En 2006 se suspendió la posibilidad de una solución amistosa del litigio con el Gobierno. ¿Qué pasó?

J.Q.: Con Andrés Pastrana (1998-2002) avanzamos bastante. Hicimos una actualización de las bases de datos y mantuvimos una mesa respetuosa de diálogo, con muchas dificultades, por el imaginario que había de la UP. Pero hablamos de justicia, verdad y reparación en un momento en que esos conceptos no eran populares. Firmamos una solución amistosa con toda la solemnidad del caso. Pero llegó Uribe a fustigar a los sobrevivientes. En su primer gobierno mataron a 140 personas y fueron desplazadas unas 700 familias de Guaviare y del Tolima. Y él comenzó a decir que la combinación de las formas de lucha había matado a la UP y le imputó el título de guerrilleros a quienes no lo habían sido.

Semana.com: A propósito, ¿a cuántas víctimas representan?

J.Q.: Cuando rompimos la solución amistosa con Uribe, porque sacó una propaganda contra los dirigentes de la UP radicamos un listado de 5.500 víctimas. Pero en el último listado que enviamos a la CIDH hicimos una depuración, seleccionamos casos emblemáticos y muy documentados de homicidios, desapariciones forzadas y tortura. Esos suman 4.800. Pero tenemos un listado grandísimo de otras violaciones a los derechos humanos, como amenazas y desplazamientos.

Semana.com: ¿Cuál es el análisis que usted hace de la izquierda hoy?

J.Q.: Yo no sé cuál es la izquierda (risas). Conozco al Partido Comunista, y no bien, porque lo conozco como una víctima, pues lo han discriminado y perseguido, sobre todo en las regiones. Al Polo le mandé una carta hace dos años para que reconociera lo que había ocurrido con la UP, porque, seguramente, si se volvía una opción real de poder le podía pasar lo mismo. Pero eso no les interesó. A veces me desesperanzo porque creo que ninguno de los dirigentes de izquierda, si los hay, puede llegar al poder.

Semana.com: Finalmente, ¿cuándo esperan un fallo de la CIDH?

J.Q.: Ojalá sea pronto. No han sido años perdidos. Hemos revivido la esperanza de que haya justicia. La gente ya no se va a echar para atrás con este caso. Va a estar ahí, lo que no ocurría cuando empezamos. Porque empezamos a llamar a las víctimas cuando la CIDH admitió la demanda. Antes trabajábamos desde los escritorios. Hoy la gente tiene esperanza, algunos para hacer política nuevamente. Otros para que sean resarcidos.