El reino del caos

Hasta hace pocos días casi nadie hablaba del Incoder, a pesar de que es, nada menos, que la responsable de ejecutar los programas para que la reforma agraria en el país deje de ser una eterna promesa. Pero en las últimas semanas una seguidilla de escándalos puso el nombre de esa entidad en las bocas de los colombianos.

Primero fue la noticia de unas grabaciones telefónicas en las que, al parecer, el subgerente de ordenamiento social de la propiedad del Incoder, Omar Quessep, le pedía a su interlocutor plata a cambio de la adjudicación de unas tierras expropiadas a un extinto narcotraficante. Luego se conocieron revelaciones de la Procuraduría sobre la entrega de tierras en Meta a falsos desplazados, entre ellos miembros de grupos de autodefensa, y un informe que evidencia el desgreño administrativo. Así, antes del receso obligado de Semana Santa, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se vio obligado a pedirle la renuncia al gerente del Incoder, Luis Ortiz. Una decisión lógica después de tantos cuestionamientos.

El problema de tierras en Colombia es grave y complejo. Así lo demuestra un estudio realizado por el Instituto Agustín Codazzi en 2004 que reveló que el 4 por ciento de los propietarios colombianos tiene el 61 por ciento de las tierras. Por eso, la reforma agraria viene siendo promesa de campaña desde 1961, cuando se habló por primera vez de intervenir la concentración de tierras.

Con sus informes, la Procuraduría demostró que lo de Quessep es apenas un pincelazo de un cuadro surreal. Documentó 37 casos de personas beneficiadas con tierras en Meta que resultaron ser comerciantes, propietarios de bienes y algunos delincuentes con órdenes de captura vigentes o paramilitares como el caso de José Eleázar Moreno Sánchez.

Acción social, la entidad gubernamental que lleva el registro único de desplazados, admite haber certificado como desplazado a Moreno. "Él estaba en el registro único desde 1997, cuando era el Ministerio del Interior el que valoraba las condiciones de desplazados. Nosotros asumimos esa tarea en 1999", dijo Lucy Acevedo, directora jurídica de la institución.

El ministro Arias dice que los 37 casos que la Procuraduría señala como irregulares se reducen a tres. "Sólo dos familias que recibieron los predios no están incluidas en la base de datos de Acción Social como desplazados y una familia es la que tiene orden de captura vigente", dice el Ministro.

Por su lado, Ortiz, el gerente saliente del Incoder, dice que la tarea de reconfirmar los datos de los aspirantes a tierras es una responsabilidad de los Comités de Selección de cada región, y que lo hacen con la información de Acción Social. Pero Acevedo dice que "al Incoder se le ha advertido sobre personas que aspiran a tierras como desplazados y que no lo son, sin embargo, se las ha asignado".

Aunque todos se rebotan la pelota, lo cierto es que en el Incoder hay un inmenso desorden heredado desde la época del Incora. Un terreno de Peque, Antioquia, es quizás el ejemplo más claro de la ineficiencia de ambas entidades. La ley permite la extinción de tierras legalmente adquiridas si no han sido explotadas durante tres años, si el propietario infringe las normas sobre protección al medio ambiente o cuando son utilizadas para cultivos ilícitos. Hace 40 años el Incora comenzó el proceso de extinción de 4.000 hectáreas del predio rural El Retiro y hasta el momento no hay todavía una decisión de fondo. El dueño no ha podido comercializar su predio ni el Estado lo ha hecho suyo.

No sólo la inercia envuelve a la entidad, diversas irregularidades son sujeto de investigación actualmente. Por ejemplo, en octubre de 2005 la Procuraduría objetó al jefe de la oficina de enlace territorial número 1 de Magdalena diversas compras que se pretendía hacer en Cesar por la baja calidad de las tierras y los excesivos costos, comparados con los precios del mercado. A pesar del concepto de la Procuraduría, se adquirieron los predios.

Igualmente, la efectividad del derecho de dominio sobre los territorios colectivos titulados se ha visto vulnerada por la ocupación indebida de terceros. Es el caso sonado de los terrenos titulados a los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó en Chocó. En estas tierras, además de haber sido tituladas a las comunidades negras y de hacer parte de la Zona de Reserva Forestal, vienen operando empresas privadas dedicadas a cultivos de palma y a la ganadería "ante la mirada pasiva del Incoder y del Ministerio de Agricultura que ha prohijado la financiación de estos cultivos a través de Finagro y el Banco Agrario", dice el informe de la Procuraduría.

Ante los insuficientes recursos para la compra de predios, el gobierno decidió que los bienes extinguidos al narcotráfico fueran adjudicados, pero los criterios de adjudicación han sido difusos. Los últimos escándalos relacionan a narcotraficantes y herederos con aspirantes a tierras en un intento para que las tierras regresen a sus manos. La información sobre las áreas entregadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al Incoder y las recibidas por los beneficiarios de los programas especiales, en algunos casos son inconsistentes. "La DNE dice que un predio tiene 200 hectáreas, por ejemplo, y la entrega que el Incoder hace a los desplazados es de 140", comenta un funcionario de la entidad que pidió la reserva de su nombre. ¿Existían esas otras 60 hectáreas? Esa es una pregunta que se hacen la Procuraduría y el Ministerio y que actualmente está siendo investigada.

Retos al por mayor

Con todos estos problemas en el Incoder -la negligencia de algunos funcionarios, la falta de criterio para elegir beneficiarios, un inmenso desorden en la información y varias irregularidades-, es casi una misión imposible esperar grandes resultados del programa de reforma agraria. Pero además tendrá repercusiones en un proceso tan complejo como el de reparación a las víctimas del conflicto.

Darío Fajardo, especialista en el tema agrario, ha encontrado que los departamentos donde hay mayor concentración de la propiedad son los que presentan los más altos índices de desplazamiento. "Esto se da por expropiaciones forzadas y formas fraudulentas de concentración de la tierra", dice Fajardo, autor del estudio El desplazamiento forzado en Colombia: una lectura desde la economía política.

Si a esta situación se le suma que en el proceso de reparación, tal como está planteado en la Ley de Justicia y Paz, son las víctimas las que deben probar de qué forma fueron afectadas por el conflicto y de qué bienes fueron despojados, el panorama es desalentador. Más aun si se tiene en cuenta que en Colombia no hay una tradición de titularidad de la posesión. Muchos de los campesinos han heredado sus tierras generación tras generación y están acreditados como poseedores, pero no tienen escrituras de sus bienes.

En 2001 se crearon unos comités regionales de atención a la población desplazada para proteger a los pobladores, entre otras cosas, de actos arbitrarios contra su integridad y contra sus bienes. Son los jefes territoriales del Incoder, los alcaldes municipales y los jefes seccionales del Agustín Codazzi quienes deben presentar a esos comités un informe sobre los predios rurales existentes en el momento en el que se declare la inminencia de riesgo o la ocurrencia de desplazamiento forzado de una población. La finalidad de ese informe es registrar quién tiene qué y desde hace cuánto, de tal suerte que sirva de prueba para que en un posible retorno se sepa quién era el poseedor o titular de cada predio.

Lo grave del asunto es que en muchas de las regiones no se ha registrado a los poseedores de tierras sino únicamente a quienes tienen escrituras. Adicionalmente, en el Incoder la información no está sistematizada. En los últimos días, a causa del escándalo de adjudicación de bienes, el ministro Arias solicitó información a las oficinas de enlace territorial. En vista de que no la enviaban, los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura fueron a recogerla y la encontraron en costales.

Ante el desorden, la Procuraduría y el Ministerio de Agricultura han acordado trabajar de manera coordinada para empezar a poner orden en la casa. El seguimiento que develó las irregularidades en Meta está siendo replicado en 11 departamentos y generará un nuevo informe que está por salir. Será una radiografía de lo que pasa con el Incoder a lo largo y ancho del país. "La idea es cruzar esa información con la que ha recaudado el Ministro de Agricultura, con el fin de establecer la situación y que se tomen las medidas que estimen convenientes", dice la Procuraduría.

Hasta el momento, como están las cosas, todo indica que no hay una información fiable que determine qué pedazo de tierra o qué bien le corresponde a cada una de las víctimas en el proceso de reparación. Mientras el Estado no conozca qué tierras tiene, en dónde, qué tan productivas son y no haga efectivo un proceso serio y responsable de adjudicación a las víctimas del conflicto y a los campesinos, lo único seguro es que el caos seguirá gobernando.