El retiro espiritual de las altas cortes

La Semana Santa le impuso al ‘Preteltgate’ una pausa notoria. Después de unos días de vértigo, en los que se plantearon renuncias colectivas o individuales, destituciones no muy ortodoxas, y hasta un posible rompimiento institucional, el escándalo le cedió el paso a un periodo de reflexión. La Justicia entró en retiros espirituales.

El martes en la noche el presidente Juan Manuel Santos, en una larga intervención por televisión, planteó una ambiciosa lista de reformas (ver Reforma a la Justicia para ‘Dummies’) que recoge propuestas que se han hecho durante muchos años y que no se han podido ejecutar, otras que no han reunido el consenso necesario, y unas más que se habían planteado por organizaciones civiles y habían encontrado oídos sordos en los gobiernos. Aunque la lista abrió un debate amplio que inundó a los medios de comunicación, quedó claro que en el corto plazo no es mucho lo que se puede esperar como consecuencia de la crisis de la Justicia.

Hay dos procesos con ritmos totalmente diferentes: el de la galería que quiere que todo cambie de inmediato, y al precio que sea, y el que se puede lograr a través de los mecanismos institucionales, que tardará meses y quizás años. Tal vez lo más revelador de la alocución presidencial es que Santos se la jugó por el segundo camino, menos popular pero más responsable, pero no exento de grandes riesgos.

Y no es que la crisis no esté viva ni coleando. En la semana de pasión –como se llama la que precede a los días santos pero que en este caso lo fue, en sentido literal, para la Justicia-, Jorge Pretelt, la columna vertebral del escándalo, denunció al magistrado Luis Ernesto Vargas por haberle propuesto intercambiar una tutela relacionada con el caso Colmenares. En medio de rumores de toda índole renunciaron dos miembros de la Corte Suprema de Justicia: María del Rosario González y Jesús Vall de Ruten. La primera estaba a punto de cumplir su periodo, pero la imagen que proyectaron ambas dimisiones fue la de descontento con el caos que sacude a la rama. Hasta se habló de otras posibles renuncias después de los días santos, e incluso de una especie de metástasis, en la Suprema, del cáncer que ya tiene postrada a la Constitucional.

La gran pregunta es qué vendrá después, y los ojos de todo el mundo están fijados en lo que hará –es decir, en lo que dirá– Pretelt. La primera citación para una audiencia en la Comisión de Acusaciones fue pospuesta. ¿Seguirá en su estrategia de contaminar a todo el mundo? ¿Tiene información creíble o le está jugando a amenazar con pólvora mojada? Lo cierto es que en sus manos –o en su boca– está el epílogo de la crisis.

Algunos consideran que no habrá mucha acción y que todo volverá a ser como antes. Es decir, que las vacaciones apaciguarán los ánimos, la Comisión de Acusaciones volverá a hacer valer su vocación de poner a dormir denuncias y procesos, y el Congreso reeditará debates sin fin –ni resultados- sobre la reforma a la Justicia. Más de lo mismo: una historia conocida de varias décadas.

Pero también hay quienes creen que la profundidad del escándalo fue tal que no podrá olvidarse, y que el río ha quedado tan revuelto que podría beneficiar a pescadores que hace rato vienen buscando cómo introducir una contrarreforma que golpee los cimientos de la Carta del 91. En una coyuntura en la que la gente está indignada con la corrupción y la ineficacia institucional, no es imposible esgrimir fórmulas de corte autoritario. En los primeros lugares de la lista aparecen los enemigos de la tutela, ahora disfrazados de argumentos como la necesidad de limitar el uso de esa herramienta contra sentencias falladas en otras instancias, para asegurar la figura de la ‘cosa juzgada’. También están al acecho los partidarios de fortalecer el presidencialismo a costa de recortar los poderes de las otras dos ramas del poder –Judicial y Legislativa- con la introducción de nuevas atribuciones para que el jefe del Estado pueda investigar jueces y magistrados y para que el Capitolio –en aras de “romper los vínculos entre la política y la justicia”– pierda capacidad de control y de participar en nombramientos.

Pero hay un tercer escenario que, a la luz del espíritu de la alocución del presidente Santos, no se puede descartar. El de una reforma dilatada que se vuelve posible a causa de la crisis. La foto en la que aparecieron Santos y sus ministros, los presidentes de las cortes y los líderes del Congreso hace pensar en que el proverbio chino según el cual las crisis abren oportunidades podría ser una alternativa real. El país lleva años discutiendo propuestas y buscando esquivos consensos en materia de reforma judicial. Todos los intentos han fallado. ¿Podrá el actual escenario de indignación y preocupación crear condiciones para sacar adelante las reformas?

Por naturaleza, las crisis presionan a los distintos actores a aceptar alternativas que no son de su preferencia, en aras de encontrar una salida o de componer un antídoto para defenderse de las crecientes exigencias de la opinión pública. Un ejemplo de esta realidad es que el gobierno haya aceptado, después de oponerse, que la Comisión de Acusaciones no solo sea reemplazada por un Tribunal de Aforados con atribuciones semejantes, sino que este último –conformado por abogados y no por congresistas- puede llevar los procesos directamente a la Corte Suprema: eliminar el antejuicio político y dejarlo penal. Habría menos política y más justicia. El presidente y sus ministros también cedieron en posiciones como que los magistrados de ese Tribunal de Aforados se elijan por concurso, y en que apliquen las reglas de adopción visible.

La mayor parte de las propuestas recogidas en el discurso de Santos vienen de atrás, y la mayoría de las críticas que le formularon insistieron en la falta de novedad. Algunas ya formaban parte del proyecto de equilibrio de poderes, cuyo análisis acaba de empezar en el Congreso en segunda vuelta, y que contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura. El punto es si ahora, novedosas o no, las propuestas son más viables que en el pasado. Una de ellas era un borrador de decreto que les permite a las cortes revisar sus reglamentos internos. La había formulado la Corporación Excelencia de la Justicia y yacía en un cajón de la burocracia. El miércoles pasado recibió la firma presidencial, que le dio vigencia jurídica, y eso podría permitirle a la Corte Constitucional quitarle a Pretelt la presidencia, cambiar la selección de tutelas, o eliminar el procedimiento de insistencia.

La crisis también podría mover al Congreso a actuar de forma distinta a la de sus tendencias naturales. Avanzar, por ejemplo, en el procedimiento contra Pretelt y otros acusados, en lo que podría convertirse en una especie de muerte digna de la Comisión de Acusaciones, antes de su reforma o de su desaparición definitiva. El resultado podría ser la destitución temporal de algunos de los enjuiciados –encabezados por Pretelt- como medida cautelar. Después el Senado, presionado por los medios y por organismos de la sociedad civil, crearía una comisión de instrucción que podría destituirlos de manera definitiva.

Falta ver, desde luego, si ese mismo Congreso está dispuesto a aprobar las modificaciones legales y constitucionales que se acordaron en medio del ‘Preteltgate’. Porque una cosa es una negociación en el Palacio de Nariño, con un pequeño grupo empeñado en superar la crisis, y otra, muy distinta, una serie de debates en el Capitolio, sin tanta presión de tiempo, sin la urgencia que impuso el escándalo y en manos de los mismos congresistas que durante décadas han eludido la reforma.

La crisis, en fin, no se ha terminado, ni se ha definido, ni ha adoptado un rumbo definitivo. El jugador individual que más influencia tiene en el diseño del siguiente capítulo es Jorge Pretelt, quien seguramente le está apostando a que el receso de las vacaciones le permita una resurrección. ¿La logrará?