El robo del celular, una línea letal

Hace un año, cuando el gobierno puso en marcha varias medidas para frenar el robo de celulares, los colombianos pensaron que este delito, que a diario azotaba a cientos de personas, tenía sus días contados. Sin embargo, la trágica muerte del joven abogado Juan Guillermo Gómez, de 25 años, asesinado de una puñalada en la madrugada del domingo en Bogotá por robarle su BlackBerry, ha generado una polémica en torno a la efectividad de las medidas oficiales.

Como es de recordar, en mayo de 2011 la Presidencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información expidieron el decreto 1630 que creó un marco legal para bloquear todos los teléfonos que sean robados o declarados perdidos. Para esto, estableció que las empresas celulares debían crear dos bases de datos, una negativa, en la que se registren los terminales hurtados, muy similar a unas que ya existían, y otra positiva, en la que debían estar todos los celulares del país con su respectiva identificación y titular, entre otras. Además, la Ley de Seguridad Ciudadana estableció penas de ocho años de prisión a los ladrones de celulares o quien manipule, reprograme, remarque o modifique celulares.

No obstante, un año después y pese a que se ha presentado una reducción del 18 por ciento en el robo de celulares, las cifras son muy preocupantes. El año pasado más de 400 personas fueron asesinadas por robarles el celular y 1.665.810 teléfonos fueron declarados robados. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cada día son robados 4.666 teléfonos y el mismo director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía, general Rodolfo Palomino, reconoció esta semana que el segundo enemigo de la seguridad en Colombia, después de la venta de estupefacientes, es el robo de celulares.

En medio de la polémica en torno a si el plan del gobierno funciona o no, varias cosas han quedado en claro. La primera es que la realidad ha demostrado que echar a andar una estrategia tan ambiciosa y pionera en el mundo no ha sido una tarea fácil, no solo porque en algunos aspectos va en contra del desarrollo de la tecnología en la que no hay relación entre un teléfono y una sim card, sino porque detrás del robo y tráfico de celulares en el mundo hay poderosas mafias transnacionales. De hecho, mientras que hoy activar un celular reportado o identificado como robado es prácticamente imposible en Colombia, miles y miles de terminales hurtados están siendo exportados a Ecuador y otros países de la región e, incluso a Asia. Esto ha demostrado que el esfuerzo que se está haciendo en Colombia solo tendrá éxito cuando se repita, por lo menos, en otros países de la región. Sin embargo, hasta mayo pasado, la Policía había capturado 3.477 personas por hurto de celulares, intervenido 2.315 sitios de acopio o comercialización de terminales, y recuperado más de 15.000 teléfonos.

Lo segundo es que la puesta en marcha de esta estrategia ha tomado más tiempo y esfuerzos del establecido inicialmente. No obstante, ya muestran resultados positivos, tal y como lo reconoce Rodrigo Lara, presidente de Asocel. "La lista negra ya está en operación y la blanca empezará a funcionar en octubre, con lo que se espera se cierre aún más el cerco al comercio de celulares robados, pero se debe tener en cuenta que este es un tema muy complejo". Y lo tercero es que, además de medidas, se requiere que haya un cambio de los operadores, que se han preocupado más por vender, y de los colombianos, para que dejen de comprar productos robados.

Pese a lo ocurrido, Francisco Lloreda, alto consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, dijo a SEMANA que si algo está claro es "que las medidas creadas por el gobierno hace un año, y complementadas con otras que hemos puesto en operación en los últimos días, sí sirven, son las adecuadas y apuntan a resolver el problema de raíz. Con el tiempo, los colombianos van a ver que adquirir un celular robado es el peor negocio del mundo".