El turno de la Armada

Pocos episodias han causado tanta conmoción en la opinión pública, especialmente en Cartagena, y en las Fuerzas Armadas como el caso del contraalmirante Gabriel Arango. Hace pocos días, cuando se conoció que el oficial había sido retirado de la Armada a raíz de una investigación que esa misma institución adelantó al descubrir vínculos de algunos de sus integrantes con narcotraficantes, muchos quedaron asombrados al ver el nombre de Arango en la lista de sospechosos. No era para menos. No sólo se trataba de un oficial de alto rango, sino que además era uno de los hombres más carismáticos de la Armada y era reconocido por moverse como pez en el agua en los más diversos círculos sociales y políticos.

La investigación que hoy tiene a Arango y otros miembros de la Armada en la picota lleva más de un año, y comenzó como una operación de rutina contra el narcotráfico. El 22 de enero de 2006 una unidad de guardacostas detuvo cerca de Barranquilla una lancha go-fast, utilizada por los narcotraficantes para el transporte de cocaína. Al inspeccionarla descubrieron que los tripulantes tenían en su poder cartas de navegación en las que se encontraba la ubicación exacta de todos los buques de guerra de las Armadas colombiana, estadounidense, británica y holandesa que están distribuidos en todo el Caribe para combatir el narcotráfico.

Esa información es tan sensible, que es considerada por cada uno de los países como un asunto de seguridad nacional, ya que es supremamente grave que grupos de narcos estén enterados con exactitud dónde están ubicados y cuál es la misión de los buques de guerra de diferentes armadas.

Frente a la gravedad del hallazgo, la Armada colombiana, junto con la Fiscalía, comenzó varias pesquisas en diferentes frentes. Uno de los principales y más complejos fue la investigación interna, ya que debido a la calidad y la reserva de la información que les fue encontrada a los narcos, era evidente que podía existir colaboración de personal de la propia Armada. Durante varios meses hombres de contrainteligencia de la Armada, junto con miembros de la Fiscalía, se dedicaron a la tarea de escudriñar y descubrir qué era lo que había pasado y quiénes podían estar investigados. Seguimientos, interceptaciones e incluso infiltraciones de personal en la propia red de narcos empezaron a arrojarles resultados y pruebas a la Armada y a la Fiscalía.

Dentro del expediente del caso están documentadas y soportadas varias reuniones en Cartagena y Cali entre miembros de la Armada y un grupo de narcotraficantes del Norte del Valle. De acuerdo con la investigación, por lo menos en una de estas reuniones estuvo presente el propio contraalmirante Arango. A otros encuentros con los narcos, grabados en video, acudieron, entre otros, un capitán cercano a Arango, y otros miembros de la institución.

Dentro de las pruebas con que cuenta la Fiscalía hay tres recibos que en su parte superior derecha tienen el símbolo de una herradura con un caballo en el centro, el cual, según la investigación, corresponde al sello con el que se identifica este grupo de narcotraficantes del Norte del Valle. Los recibos reportan presuntos pagos al contraalmirante Arango por 230.000, 45.000 y 115.000 dólares, respectivamente. En este último recibo aparece la huella del índice derecho de Arango. La Fiscalía y el DAS hicieron tres peritazgos que concluyeron que el recibo no había sido manipulado y que la huella "es directa y original" y corresponde, según los cotejos de dactiloscopia, a Arango. A pesar de las pruebas científicas, el retirado oficial ha insistido en que no conoce ese papel y que si existe debe ser un montaje. "Lo que sí sabemos es que la huella del papel coincide, lo que no sabemos son las circunstancias que la provocaron", dijo uno de los investigadores del caso.

Uno de los aspectos más complejos que tiene esta investigación tiene que ver con la forma como los narcos trabajaban con por lo menos una docena de miembros de la Armada, quienes también están siendo investigados. Los traficantes contaban con la 'colaboración' de varios grupos pequeños, de dos a cuatro personas, quienes a pesar de estar vinculados a la misma institución, desconocían que trabajaban para la misma organización de traficantes.

Toda la información era compartimentada y cada una de estas 'células' estaba encargada de una labor específica. Por ejemplo, uno de los filones de la investigación tiene que ver con el hecho de que uno de los miembros de la Armada colombiana se encargó de presentarle y poner en contacto con el grupo de narcos colombianos uno de los oficiales de mayor rango en la actualidad de la Armada de Venezuela.

Arango fue llamado a calificar servicios hace dos meses mediante la facultad discrecional. Antes de esa decisión todas las pruebas y evidencias en su contra, y contra por lo menos otros 12 miembros de la Armada que están siendo investigados, quedaron en manos de la Fiscalía. "Fue una decisión, muy dura, todos conocemos la simpatía del almirante Arango. Pero no podemos hacer diferencias entre los de arriba y los de abajo a la hora de llamar a calificar servicios. Lo que tampoco -y que eso quede claro- es una condena: eso le corresponde a la justicia, si encuentra motivos. Nuestros único interés es fortalecer la institución y desafortunadamente teníamos suficientes razones para tomar la decisión", dijo a SEMANA el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

El caso de Arango ha sido especialmente doloroso para la Armada, pero a la vez ejemplarizante. Doloroso porque a pesar de que era amigo personal y muy cercano a toda la cúpula de la institución, esto, como suele ocurrir, no fue un impedimento investigarlo, retirarlo del servicio y poner a disposición de la Fiscalía todas las pruebas.

La infiltración en la Armada ocurre en un momento particularmente duro para las Fuerzas Militares. Hace pocas semanas el Ministerio de Defensa reveló la investigación que el Ejército venía adelantando por el caso de varios miembros de esa institución, quienes terminaron infiltrados y al servicio del narcotraficante Diego Montoya, alias 'Don Diego'.

En el Ejército, y ahora en la Armada, los casos de miembros involucrados con el narcotráfico fueron denunciados e investigados por las mismas instituciones. El costo interno, y ante la opinión pública, de tales determinaciones, ha sido inmenso para el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León. Sin duda no es fácil contarle al país que miembros de las instituciones, y mucho más cuando se trata de oficiales de alto rango, han terminado involucrados con la mafia. El malestar interno se siente en algunos sectores que venían acostumbrados a que este tipo de problemas se escondían bajo la alfombra.

Es indudable que a pesar de la gravedad de los hechos, lo que ha ocurrido en el Ejército y la Armada en las últimas semanas sienta un precedente importante. En las filas es claro el mensaje de que, sin importar el rango, no habrá impunidad y, por el contrario, caerá todo el peso de la ley. Estos dos casos también han servido, como ha dicho el Ministro de Defensa, para redefinir aspectos fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, ya que es clara la decisión de combatir firmemente los problemas internos de corrupción en las Fuerzas Militares, los cuales se habían convertido en un serio obstáculo para que la batalla contra los narcos fuera más eficaz.

Pero si bien los casos del Ejército y la Armada han significado una 'pela' muy dura para las Fuerzas Militares, no menos importante es que esos esfuerzos no se queden a mitad de camino. Por primera vez en mucho tiempo la Fiscalía cuenta con la colaboración y la actitud por parte del Ministerio de Defensa para poder llegar al fondo de las investigaciones. De allí la responsabilidad histórica que en estos momentos recae en manos de la Fiscalía. En gran medida el que las Fuerzas Militares puedan depurar depende de la actitud y el respaldo que tengan por parte de la Fiscalía, ya que finalmente es esta entidad la que permitirá hacer lo que se busca en estos momentos: limpiar la casa.