Entre el odio y la política : ¿Qué explica los ataques a la Farc?

Hace poco más de un año, cuando las Farc y el gobierno renegociaron el acuerdo de paz y lo firmaron en el Teatro Colón, los discursos se orientaron a la participación de las Farc en política. Varias voces reiteraron “los preferimos echando discursos, a echando bala”. Hace menos de seis meses, el exgrupo guerrillero lanzó su partido. Le puso Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), una sigla que buscaba generar cohesión interna entre sus militantes al reivindicar su propia historia, pero que indignó a la opinión, pues ese rótulo simboliza una historia de violencia en Colombia.

Ni las Farc ni los miembros del gobierno que firmaron la paz pensaron que una candidatura de Rodrigo Londoño –Timoleón Jiménez, o Timochenko– iba a molestar tanto a buena parte de los colombianos. Tampoco consideraron que las demoras legislativas en el trámite de la Jurisdicción Especial para la Paz iban a incidir en que las elecciones se dieran antes de que entrara en funcionamiento esta justicia.

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Según la última encuesta de Invamer para SEMANA, Caracol TV y Blu Radio, más del 70 por ciento de los colombianos tiene una imagen negativa de Timochenko, más del 85 por ciento no ve con buenos ojos a la Farc, y un poco más de la mitad no cree que el acuerdo de paz traerá cosas positivas. Esas percepciones generalizadas conforman una de las hipótesis para explicar las protestas que la semana pasada realizaron varios grupos de personas a la salida de dos reuniones políticas de Timochenko. En Armenia, una turba le pegó al carro donde se movilizaba el candidato presidencial, y en Cali volaron huevos y botellas en contra suya. Varios menores terminaron con golpes y se oyeron insultos y amenazas.

Muchas de estas movilizaciones son espontáneas y hasta naturales. Miles de colombianos tienen aún fresco el recuerdo de las atrocidades de las Farc y sienten que es demasiado pronto para que hagan política y aspiren a la Presidencia. Pero también es cierto que los discursos de la oposición han atizado este recuerdo. Es común oír a algunos congresistas y representantes de la derecha decir que la Farc busca llevar a Colombia a un modelo como el de Venezuela; que sus miembros son asesinos que tendrán curul en el Congreso; o que Timoleón es la copia colombiana del terrorista Abimael Guzmán. En una coyuntura electoral donde las redes sociales se han convertido en verdaderas trincheras de odio, los ánimos se caldean aún más.

La expresión ciudadana de indignación con la Farc demuestra que una cosa es firmar la paz política y otra la reconciliación social. Como dijo la psiquiatra Olga Albornoz a SEMANA, “el perdón no se puede imponer desde arriba. La paz ha debido venderse con argumentos racionales, como los que tienen que ver con la reducción de muertos o el aumento de recursos para la educación ante la ausencia de guerra, no con el argumento de que reconciliarse es bueno, y ya. El perdón no se obliga, y además de ser una decisión personal, se toma su tiempo”.

Pero más allá del malestar de que Timochenko no pase por la justicia transicional antes de lanzarse y del error estratégico de la Farc de mantener su nombre, hay un segundo elemento que tiene que ver con las protestas. Este se hizo evidente en Cali, en donde los gritos con megáfono de un candidato a la Cámara del Centro Democrático, Juan Mahelvy García, sobrino del uribista Daniel García Arizabaleta, incitaron a los manifestantes a agredir con palos, verduras y envases a Rodrigo Londoño y su comitiva. Varias fuentes le dijeron a SEMANA que incluso, en Cali, había personas que le ofrecían 30.000 pesos a cada manifestante.

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Ante esa instrumentalización política contra la Farc y las expresiones de violencia se han expresado personalidades de todas las orillas. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anotó en La W que frente a estos hechos “Hay espontaneidad de algunos ciudadanos, pero también dirigentes que promueven ese tipo de manifestaciones”. Y en el terreno de quienes se oponen al acuerdo de paz, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, tuiteó: “Los colombianos tienen el derecho a protestar en las calles ante la impunidad y a rechazar la burla de las Farc a las víctimas, pero sin violencia. ¡Sí a la protesta pacífica!”. Varios senadores se sumaron a esa posición.

Por último, detrás de las agresiones físicas contra Timochenko también hay hechos que permiten pensar en actuaciones que van más allá de la descalificación ciudadana a su candidatura. En varios informes sobre lo sucedido, entre los manifestantes en Cali aparece la figura de Gustavo Muñoz Roa, un polémico abogado creador de la fundación para secuestrados Nueva Esperanza. En los últimos años, Muñoz ha estado involucrado en escándalos del cartel de los falsos testigos; adicionalmente, ha sido acusado de promover un montaje contra el senador Luis Fernando Velasco y otro contra el exdiputado del Valle Sigifredo López, a quien acusaron falsamente de asesinato y secuestro.

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En la orilla de la izquierda interpretaron las agresiones como la advertencia del riesgo de una nueva oleada de violencia. Los continuos asesinatos de líderes sociales y el recuerdo vivo del exterminio de la Unión Patriótica llevan a pensar a muchos de sus militantes que esta es la antesala de lo que ocurrió en los años ochenta. De hecho, en 2011, la reflexión sobre ese fenómeno llevó al Congreso a promulgar la Ley 1482, que castiga penalmente el hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política.

Después de los eventos de Armenia y Cali, ciudadanos y líderes de opinión volvieron tendencia el hashtag #RechazoATimoperosinViolencia. Con él recordaron que, en un país tan polarizado, una cosa es el descontento ciudadano y otra la violencia.

Mientras se aclara lo sucedido, Timochenko decidió suspender su campaña. Los integrantes de la Farc argumentan que no tienen garantías para hacer política, un derecho que, así poco guste, ganaron en el acuerdo de paz con el Estado.

Punto de vista

"La protesta contra la Farc se está convirtiendo en la JEP de la calle": Pedro Medellín

El analista Pedro Medellín da su punto de vista sobre los ataques ha vivido Timochenko en su carrera por la presidencia. Asegura que a quienes les gritan ‘asesinos‘ no les falta razón.

“Fuera, asesinos, violadores, fuera… fuera”. Son los gritos que se escuchan en los videos que circulan en las redes sociales y los noticieros de televisión, mostrando cómo han ido recibiendo en los distintos municipios a los que ha llegado a hacer campaña Rodrigo Londoño (Timochenko), candidato de las Farc a la Presidencia de la República.

Es evidente que los videos revelan el estado de crispación que se vive en el país. Es la consecuencia de la manera atropellada como se gestionó el proceso de paz con esa guerrilla. Lo grave es que de los gritos se pasa muy rápidamente a la violencia física. La gente enardecida no repara en nada en su protesta. Desde los ataques con huevos, hasta el intento de destrozar el vehículo en que se desplaza Timochenko, pasando por la quema de las banderas del nuevo movimiento político. En Cali, Armenia o Yumbo, los hechos muestran que la gente no solo está en contra de su acción proselitista, sino que también está dispuesta a ir hasta donde sea necesario.

Cuando se indaga sobre lo ocurrido, es claro que no se trata de una protesta cualquiera. Puede ser que, por distintas razones, haya grupos interesados en impedir que las Farc participen en la campaña electoral. Pero basta una mínima protesta, un grito de rechazo por su presencia, para que los habitantes del lugar y los transeúntes ocasionales se sumen muy rápidamente a la repulsa. Y mucho más cuando los videos que muestran los ataques se hacen virales. Porque la crispación está ahí, latente, esperando al más mínimo hecho para hacerse visible.Lo más preocupante es que las protestas y acciones violentas que se vienen presentando, además de generalizarse, se institucionalicen. Que se conviertan en pautas de comportamiento conocidas, aceptadas y practicadas, de manera recurrente en aquellos lugares a los que quieran ir los miembros de las Farc. Y lo peor, que esa protesta se convierta en la “otra JEP”. Es decir, una forma de institucionalidad que (funcionando de manera paralela a la que va a comenzar sus labores desde el Estado), decida juzgar y castigar a los miembros de las Farc que la justicia no solo no ha castigado, sino que les ha permitido que salgan de las cárceles, haciendo todavía más visible la impunidad.Y las evidencias ya apuntan en esa dirección. Tanto que ya hay algunas voces que, para explicar los hechos, no dudan en afirmar que lo que esta pasando no es otra cosa que “la Jurisdicción Especial de Paz actuante”… “la que es de verdad” … “La que funciona en la calle y con la gente”… “La que va a condenar a aquellos que cometieron los peores delitos, que todavía el Estado no ha condenado”. Y no les falta razón. Los gritos de “fuera, asesinos, violadores”, que descargan furiosos los que protestan, no revelan otra cosa que una forma de sentencia de exclusión social. Una especie de juicio y condena moral que dicta implacable la sociedad.Lo cierto es que, hasta ahora, el mensaje que están enviando es claro: si las autoridades judiciales no castigan, los ciudadanos sí lo harán. No estamos hablando aquí de ejecuciones públicas que vayan a resultar como consecuencia del rechazo. La intención no parece ser otra que el rechazar su presencia en el barrio o en el pueblo. Aunque no se puede negar que, si no es por la acción rápida de la fuerza pública, no sabríamos en qué hubieran terminado los hechos ocurridos en Armenia, Cali o Yumbo.Pero lo que podría ser una forma de reacción plausible a la impunidad, también tiene una consecuencia dañina. La acción contra el proselitismo de las Farc, es la forma más sofisticada y más dura de justicia por propia mano que comienza a irrumpir en el país. Unos ciudadanos que juzgan y condenan al rechazo a otros que consideran impunes. Una parainstitucionalidad que tiene al Estado como el principal causante y su principal agente de reproducción. Y que hoy impide al máximo comandante de esa guerrilla hacer campaña electoral. Pero mañana no sabemos a dónde pueda llegar.

Punto de vista

"La sociedad nunca los va a aceptar": Ángela María Giraldo

La hermana de uno de los diputados del Valle asesinados por el grupo subversivo da su punto de vista sobre los ataques que ha vivido Timochenko en su carrera por la presidencia. Pide que antes de lanzarse a la política, los desmovilizados pasen por la JEP.

Como hermana de Francisco Javier Giraldo, el más joven de los diputados del Valle del Cauca secuestrados el 11 de abril de 2002 por las Farc y asesinados por esa misma guerrilla el 18 de junio de 2007, después de permanecer por más de 5 años sometidos a un infrahumano cautiverio en las montañas de Colombia, considero totalmente desafiante la visita que hace a mi departamento el señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con miras a ganar adeptos para su aspiración a la Presidencia de la República.

Me preocupa la violencia que esas visitas de los excomandantes de las Farc están generando, y más aún, que irresponsablemente piensen que se trata de “linchamientos orquestados por los guerreristas y la oposición política”. Las comunidades deben ser previamente preparadas para recibirlos, pues el daño físico y moral que ocasionaron sigue latente y se requiere que ellos demuestren con hechos que acatan y respetan la Constitución y la ley, para empezar a abonar el camino hacia la reconciliación y la paz.

¿Será cierto que no son conscientes de las numerosas víctimas que dejaron en Colombia con el uso de armas no convencionales, el desplazamiento forzoso, la toma de rehenes, la reclusión de menores, el genocidio, el abuso sexual? ¿A ese nivel de ostracismo los llevó más de 50 años de guerra cruel, absurda e innecesaria? Para nada estoy de acuerdo con la violencia ni con las vías de hecho. Apoyé el acuerdo de paz y lo sigo haciendo, pero este debe implementarse sobre sus principios fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las Farc no supieron escuchar la voluntad del pueblo y cerraron el proceso de diálogo a unas cuantas personas en La Habana; además utilizaron el pretexto de que las víctimas éramos el centro, cuando lo que hicieron fue llamarnos para legitimar acuerdos ya pactados.La etapa de transición a la vida civil no podía ser un boleto directo al Congreso ni a la Presidencia de la República; se requiere de un proceso paulatino para construir confianza y credibilidad ciudadana, y esto se logra si comprobamos que el arrepentimiento y la trasformación son reales, pues hasta ahora solo los conocemos por el daño que nos han ocasionado. Muchos de los exguerrilleros jamás habían ejercido los derechos ciudadanos, no tenían cédula, ni habían votado, todo lo contrario, habían impedido las elecciones. ¿Cómo podemos ahora suponer que van a respetar las mínimas normas de convivencia si nunca han cumplido con los deberes ciudadanos?Los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deben pasar primero por la JEP, antes de pretender participar en política, y muy seguramente la reacción de la gente será otra. Esperamos un verdadero acto de contrición, que admitan a conciencia sus culpas, en vez del show que han montado en los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades. De otra manera, quedarán políticamente muertos y les tocará pedir asilo; quién sabe en qué país del mundo podrán vivir tranquilos, sin que les griten asesinos y los señalen de criminales de lesa humanidad, condena que tendrán que pagar por el resto de sus vidas. Esta es una lección aprendida del proceso de paz de Colombia. Los excomandantes de las Farc pensaron que podían seguir haciendo lo que querían, manejaron la negociación a su manera y ahí tienen las consecuencias. Doblegaron la voluntad del Estado, pero la sociedad nunca los va a aceptar. Deseo por el bien de Colombia y de nuestras instituciones que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– funcione y que se aplique la justicia transicional; de lo contrario, esperaría que la Corte Penal Internacional –CPI– se active, y si no, definitivamente las Farc quedarían moralmente condenadas de por vida.