“En el caso de Riopaila no hubo nada ilegal”

Este abogado fue quien diseñó el esquema jurídico para la compra de tierras que ha dado pie a la controversia de la semana.

Francisco Uribe: Por una razón muy sencilla. Porque tanto los abogados como los médicos están obligados al secreto profesional. Las normas de conducta que rigen la profesión de abogado no permiten revelar y discutir el alcance de las opiniones legales que emitimos a nuestros clientes. 

F. U.: Por principio no discutimos los temas de nuestros clientes en los medios. Pero hemos descubierto que la gente considera que esta, que es la conducta que debe asumir cualquier firma de abogados seria, en medio de una controversia política como la actual, acaba siendo interpretada como un reconocimiento de culpa y eso no lo aceptamos. Por eso, contrariando nuestra tradición, le pedimos autorización al cliente para fijar nuestra posición ante los medios y darle claridad al debate. 

F. U.: Si hay algo frustrante en todo esto es que hay dos grandes malentendidos por aclarar: aquí no ha habido ni ocultamiento ni despojo. Y quisiera referirme a ambos.

F. U.: Ustedes lo que quieren decir es que tratamos de que no se supiera quién es el beneficiario real. Pues resulta que las escrituras de adquisición son totalmente públicas, el accionista controlante fue revelado y publicado en la Cámara de Comercio, como integrantes de un mismo grupo empresarial y toda la información del proyecto quedó registrada en la página web de la compañía, en la Superintendencia Financiera y en el Banco de la República. ¿Acaso eso es ocultamiento?

F. U.: Si la idea era que parecieran 27 compradores diferentes se hubiera hecho exactamente lo contrario de lo que hicimos. En lugar de ser yo el representante legal de las 27 y de haber registrado la existencia de un grupo empresarial, los compradores hubieran buscado 27 personas ficticias para que se creyera que no era un solo comprador.

F. U.: En primer lugar, lo que llaman Luxemburgo no es Luxemburgo. Es España, pues inicialmente fue una sociedad española la que tomó el control de las 27 sociedades colombianas. Esto se hizo porque entre los dos países existen tratados de doble tributación y protección de inversión. Eso quiere decir que en la eventualidad de que pudiera haber una expropiación en el futuro, o equivocadas interpretaciones de las normas, podría ser discutida en un tribunal internacional. Eso les puede parecer remoto a muchas personas, pero los empresarios siempre piensan a largo plazo y los abogados en proteger los intereses de nuestros clientes. Basta verificar las múltiples demandas que se han presentado en países vecinos por razones de expropiaciones indebidamente efectuadas para entender la importancia de la estructura. 

F. U.: Los negocios de esta envergadura en el mundo globalizado requieren con frecuencia socios extranjeros estratégicos. Para atraer esos capitales extranjeros, las inversiones muchas veces exigen que se incluyan sociedades de estas jurisdicciones altamente sofisticadas en esquemas de garantías y ejecución de las mismas, de forma tal que se facilite la consecución de fondos necesarios para los proyectos. Desde ese punto de vista, las condiciones de Luxemburgo son óptimas para atraer capitales que soporten las grandes inversiones que habría que desarrollar.

F. U.: Se ve que ustedes no han leído los documentos del senador Robledo y el representante Arias. Ellos no solo hablan de despojo sino de baldíos. Y en este caso no hay ni lo uno ni lo otro.  

F. U.: Vamos por partes. Comencemos por lo del despojo. Robledo da la impresión, y me perdonan la expresión coloquial, de que unos campesinos tuvieron que vender sus tierras ‘a huevo’ a poderosos empresarios. Le voy a dar un dato que hasta ahora no se ha revelado. Cada uno de esos campesinos recibió más de 1.000 millones de pesos por su tierra y eso sus periodistas lo pueden verificar. Y no solo eso. Esas transacciones fueron declaradas exactamente por el valor de las operaciones. Pero lo más importante para mí es que no solo no hay despojo sino que tampoco hay baldíos.

F. U.: En La W yo no pude explicar este tema bien porque es un tema muy técnico. Para resumirlo, cuando un baldío se adjudica a un campesino deja de ser baldío para convertirse en propiedad privada. El nuevo propietario tiene todo el derecho de venderlo. 

F. U.: De esto precisamente se trata toda la discusión. Y es el alcance que tiene el artículo 72 de la Ley 160 de 1994. El alcance de dicha prohibición es limitado en el tiempo y formalmente. La prohibición no puede aplicárseles a todos los tipos de bienes con antecedentes baldíos. Si la interpretación fuera la que algunos sectores quieren hacer prevalecer, la gran mayoría de la propiedad privada en 

el campo colombiano estaría cuestionada. 

F. U.: Se lo pongo en términos más sencillos. La ley no puede ser retroactiva y para que una prohibición sea oponible se requiere que se hayan cumplido ciertas formalidades. Eso quiere decir que los baldíos anteriores a 1994 no entran en la categoría de la prohibición. Y en lo que se refiere a las tierras que supuestamente son baldías después de 1994, para que sea ilegal comprarlas se necesita que esa prohibición sea de conocimiento público, por lo cual tendría que estar registrada en la resolución de adjudicación y en el certificado de tradición y libertad. Nosotros obviamente no compramos ninguna tierra cuyos títulos expresaran esa limitación.

F. U.: Lo que ustedes llaman interpretación forzada es ni más ni menos el punto central de todo este debate. Y sobre esto quiero hacer mucho énfasis. Aquí hay dos tipos de tierras: las anteriores a 1994 que no aceptan discusión y las posteriores a esa fecha, que es donde se ha creado el malentendido. La ley estipula que para que la prohibición aplique se requiere que esté consignada en los títulos de propiedad. En otras palabras, el documento tiene que decir “estas tierras no se pueden comprar”. Es claro, entonces, que aquellas que no tienen esta limitación pueden ser adquiridas libremente. Ese es el meollo de todo este asunto. Y cuando se le quiera dar el tratamiento de interpretación no adecuada o santanderismo a este caso, se está poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las tierras rurales del país.

F. U.: Ya que ustedes hablan de Riopaila algo que no se ha dicho es que aquí hay muchas empresas tradicionales y serias que han desarrollado proyectos agroindustriales en extensiones comparables a las de Riopaila. No me corresponde a mí explicar ni quiénes son ni cómo lo hicieron. Pero sí me llama la atención que el debate se haya centrado solamente en este caso. 

F. U.: Pero sí significa que, tratándose de varias empresas serias como lo son la mayoría, no lo hubieran hecho si fuera ilegal. Porque le garantizo que no solo Riopaila y Brigard y Urrutia no hacen nada en contravía de la ley, sino tampoco muchas de esas empresas, ni sus abogados. 

F. U.: Es que este no es un problema estético sino jurídico. La estructura planteada obedece a múltiples requerimientos con los que funciona el sector privado tanto en Colombia como en cualquier país del mundo. Esto puede parecerle raro a la opinión pública, por la forma que se ha presentado en medio de un ambiente de escándalo. Pero si fuera clandestino, no hubiera sido registrado en forma transparente en todas las entidades como se hizo.