Consejo de Estado confirmó destitución del alcade Petro

En su vida, Gustavo Petro ha estado en varias ocasiones cercado por la muerte. Lo estuvo durante los días de guerrillero, en el M-19, cuando fue detenido y torturado; también en sus épocas de brillante y valiente senador en los que debía andar con un abrigo blindado por había tenebrosos planes para hacerle un atentado.

Y ahora ha recibido una noticia que le abre la puerta a su salida del Palacio Liévano, en la alcaldía Mayor de Bogotá, sino que podría darle una muerte política pues quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en los próximos 15 años.

Así es. En la tarde de este martes, el Consejo de Estado revocó las 23 tutelas que tenían suspendido el fallo de destitución e inhabilidad al alcalde, emitido por la Procuraduría el pasado 9 de diciembre.

El alto tribunal consideró que no se logró demostrar por qué los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos fueran vulnerados al momento de la destitución del mandatario distrital. Con una votación de 15-8, la Sala Plena del Consejo de Estado le quitó las últimas posibilidades jurídicas para aferrarse a su cargo.

Fue una jornada especialmente vertiginosa en la corporación. Los magistrados, en la mañana del martes, habían estudiado y fallado ocho de las 23 acciones de tutela y, tal como lo había anticipado Semana.com, fueron decididas en contra de las aspiraciones de los tutelantes. En el caso de las 15 restantes ocurrió lo mismo.

Pero, ¿qué llevó a los magistrados a tomar tan trascendental decisión? Los integrantes de la Sala Plena analizaron dos puntos que sirvieron de base para su fallo: el primero, es la improcedencia de las tutelas. Los togados se mantuvieron en la tesis según la cual esta acción judicial no es el mecanismo para tumbar la destitución e inhabilidad decretadas por la Procuraduría.

Para ello, Petro debía acudir a lo que se conoce como acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero el abogado del mandatario anunció que esa no era una opción para ellos. El segundo apartado se refiere a que terceras personas, ajenas al proceso disciplinario, no pueden interponer acciones contra ese fallo. Solo el alcalde, el directamente afectado, podría haberlo hecho.

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, explicó en rueda de prensa que con la decisión se levantan la suspensión de la sanción del Ministerio Público en contra del alcalde. Se espera que la decisión sea notificada en cuanto “salga el fallo con las firmas y el salvamento del voto”, dijo.

Frente a la revocatoria prevista para el 6 de abril en la que los bogotanos deberían ir a las urnas para decidir si querían que Petro se quedara o se marchara, la magistrada adelantó que con este fallo puede tomarse ya una determinación. “Con esta decisión la Registraduría Nacional puede actuar”. La realización de este proceso de control ciudadano le habría costado al país casi 40.000 millones de pesos.

La togada reiteró que el alcalde puede acogerse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El mandatario, por su parte, expresó la tesis que ha manejado en estos días: esperar el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que solicitó medidas cautelares.

Pero, como en otras ocasiones Petro ha demostrado una habilidad extraordinaria para salvarse de las situaciones más difíciles recurrió otra vez a la serenidad. En lugar de mostrarse intimidado o nervioso, una vez se conoció la trascendental decisión, a las 5:45 p. m., puso en su cuenta de Twitter: “Todas las instancias del Distrito con optimismo a mantener y desarrollar los programas de Bogotá Humana. Gobernamos hasta el final”.

Es decir, que mientras en todas las redacciones de los medios de comunicación había prisa para destacar una noticia que crea un cisma en la administración de una ciudad de ocho millones de personas y con un presupuesto similar al de un país como Uruguay, el afectado escribía en su cuenta la palabra optimismo.

“Viva Bogotá Humana. Viva la Paz y Viva la Democracia. Acuden a la ignominia por su propia debilidad histórica”, escribió en Twitter media hora después.

Pero, ¿qué viene ahora? El paso a seguir está en manos del presidente Juan Manuel Santos quien deberá ejecutar la destitución contra el alcalde bogotano, además de encargar nuevo alcalde y convocar a elecciones atípicas, todo una vez se hayan surtido las correspondientes notificaciones.

A partir de ahora, Santos tiene 10 días para proceder a la destitución de Petro y nombrar a un alcalde encargado, que no necesariamente tiene que ser de su partido, Progresistas. Semana.com estableció que en el despacho del presidente el nombre que más se ha mencionado es el de Rafael Pardo, exministro de Defensa, exconsejero de Paz, excandidato liberal a la presidencia y actual ministro de Trabajo.

Por ahora, Petro se muestra tranquilo. En su vida ha tenido situaciones realmente de extrema gravedad. A última hora, ha aparecido un ángel salvador. De labios para fuera se le ve sereno, calmado. Seguro confía en la CIDH que está ad portas de definir si dicta medidas cautelares a su favor y le pide al Gobierno suspender la aplicación de destitución. De no ser así, deberá dejar el cargo.

La Registraduría Nacional emitió una comunicación en la que se lee que una vez reciba las notificaciones enviará la decisión a los registradores distritales con el fin de proceder a la suspensión de la fecha fijada para la revocatoria.

“La Registraduría acatará el fallo que emita el Consejo de Estado y procederá según lo determine el texto proferido por los Magistrados”, señaló el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres.