Entonces ¿quién responde?

“¡Somos una familia que fue violada y desplazada por militares gringos que operan en Colombia!”. Olga Lucía Castillo resume así –con rabia y desconsuelo– el penoso drama que ha vivido. Su calvario comenzó el 25 de agosto de 2007 cuando una de sus dos hijas, que entonces tenía 12 años, apareció ultrajada y enmudecida por un shock nervioso. Poco a poco la menor reveló que había sido retenida y violada por dos militares estadounidenses adscritos a la base de Tolemaida, al sur de Cundinamarca.

Olga Lucía indagó y pudo establecer que los extranjeros señalados eran el sargento del Ejército de Estados Unidos Michael Coen y su asistente César Ruiz, norteamericanos que cumplían labores del Plan Colombia. Castillo recuerda como si fuera hoy los detalles del momento en que los encaró y les dijo que los denunciaría. “Se rieron de mí y me dijeron que tenían inmunidad. Yo ni sabía qué era eso”. Pero una vez hizo la denuncia ante la Fiscalía, sustentada con un examen de Medicina Legal que confirma el acceso carnal violento y varios testimonios, empezó a entender de qué se trataba: los agregados extranjeros que cooperan en el país están blindados ante la justicia.

El proceso no tuvo avances, pero Olga y sus dos hijas empezaron a ser atemorizadas: averiguaban por ellas y vehículos sospechosos las rondaban. Decidieron dejar todo y huir de Melgar. Desde entonces son una de las miles de familias desterradas que deambulan por el país. Olga es una de las desplazadas que se tomó por más de cinco meses el parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, para protestar. Y por si fuera poco, la semana pasada, cuando el senador Gustavo Petro la invitó al Congreso para que relatara su tragedia, la bancada uribista no la dejó hablar.

La próxima semana, cuando se reanude en el Congreso el debate sobre las siete bases del país a las que tendrán acceso los militares de Estados Unidos, Olga Lucía nuevamente tratará de presentar su testimonio. Entretanto su hija recibe atención sicológica.

El caso ilustra dramáticamente el dilema al que se ve enfrentado hoy el gobierno de Colombia ad portas de firmar el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que, en principio, concede inmunidad ilimitada a los agregados extranjeros. El texto se cerró el viernes en Washington, y ahora pasa a revisión técnica de las dos partes antes de su firma.

En el encuentro que tuvo la comisión de relaciones exteriores del Congreso con el ministro de Defensa, Gabriel Silva, este mostró su preocupación por el asunto y pidió a la delegación colombiana que negocia el acuerdo con Washington tener muy en cuenta el problema del abuso del fuero militar para que, según los congresistas, “inmunidad no se vuelva impunidad”.

La verdad es que es muy difícil que en este acuerdo de “profundización” de la cooperación, Estados Unidos retroceda en ese punto y acepte que las actuaciones de sus militares sean juzgadas por la justicia colombiana. El escenario se hace menos probable si se tiene en cuenta que desde 2000 hasta hoy Washington ha girado más de 6.000 millones de dólares a Colombia para fortalecer diversos frentes de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Pero lo que sí se podría considerar es la oferta que hizo Estados Unidos a Colombia, en el sentido de que si un soldado gringo cometía un asesinato o cualquier otro crimen de gravedad, pudiera ser juzgado por una corte marcial estadounidense en una de las bases colombianas.

Como lo señaló la analista Laura Gil en su columna del El Tiempo, las renegociaciones son una oportunidad para demostrar los excesos cometidos por los uniformados foráneos y lograr avances. Irak consiguió regular la inmunidad de los militares gringos. “Ejerce ahora jurisdicción primaria cuando los soldados cometen crímenes graves y premeditados fuera de horas del servicio y de las instalaciones de Estados Unidos. Los contratistas de las fuerzas militares serán juzgados por cortes de Irak conforme a la legislación de este país”.

Al cierre de esta edición no se conocía la filigrana del acuerdo. Y si el texto del acuerdo no lo incluye, sería sano darle una nueva lectura, en esta fase de revisión técnica, a la posibilidad de lograr que la inmunidad sea, por lo menos, limitada. Para alcanzar ese cometido se requiere mostrar los excesos cometidos y exigir el castigo de los responsables.