“Si veo garantías, me acogeré a la JEP”: Diego Palacio

SEMANA: ¿Es cierto que piensa someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP)?

DIEGO PALACIO: Esa es una alternativa que llevo estudiando con dedicación. Si veo garantías, me acogeré a la JEP.

SEMANA: ¿De qué depende la decisión final?

D.P.: Fundamentalmente, de la neutralidad que tenga. Si veo que la Jurisdicción Especial se perfila como un instrumento con la imparcialidad necesaria para analizar casos como el mío, con argumentos exclusivamente jurídicos y no políticos, acudiré a ella.

SEMANA: ¿Cuál sería el argumento por el cual un delito como el cohecho, por el que usted está condenado, podría ser analizado por un tribunal especial creado para ponerle punto final al conflicto?

D.P.: Desde que algunos de los recluidos en la Escuela de Caballería tuvimos la primera reunión con los doctores Álvaro Leyva y Enrique Santiago, ellos plantearon una directa relación entre la reelección presidencial y el conflicto armado. Más que el cohecho, en mi caso lo que abre la posibilidad de someterme a la JEP es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible.

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SEMANA: El conflicto armado se asocia con la imagen de guerrilleros y militares enfrentados. ¿Cómo establecer la conexión entre una condena por un delito cometido en el Congreso y el conflicto con las Farc?

D.P.: La seguridad democrática fue planteada como una política que contó con la participación de todo el Estado, no solo de los militares. En su desarrollo, distintos ministerios y agentes estatales tenían funciones que cumplir. De hecho en mi caso, sin que las notarías tuvieran que ver con mis funciones de ministro de Proteccion Social, fui condenado por la Corte Suprema de Justicia argumentando que quien estaba interesado en la reelección era todo un gobierno y no un funcionario particular.

SEMANA: ¿Qué tipo de pruebas se pueden aportar para demostrar que hay un vínculo entre el interés de un gobierno por la reeelcción y la guerra?

D.P.: Muchas. Para comenzar, los argumentos incluidos en la exposicion de motivos y en las ponencias para que el Congreso aprobara la reelección presidencial mencionan la necesidad de reelegir la seguridad democrática para acabar con las Farc. Independientemente de eso, hay académicos, líderes políticos y estudiosos de la guerra en Colombia que en su momento señalaron que la seguridad democrática era necesaria para ganar la guerra. El mismo presidente Santos lo argumentó así cuando era ministro de Defensa. El general Mora, el general Naranjo y otros generales han analizado el impacto que tuvo la seguridad democrática sobre las estructuras de las Farc. La misma Íngrid Betancourt, cuando fue liberada, señaló que el principal golpe a la guerrilla fue la reelección de Álvaro Uribe. En fin, hay aproximaciones de todas las corrientes que insisten en que la reelección y la apuesta por ganar militarmente la guerra iban de la mano.

SEMANA: El Centro Democrático ha insistido en que la JEP no tiene legitimidad porque le quita funciones a la justicia ordinaria. Que la JEP incorpore casos ya juzgados, como el suyo, ¿no es precisamente quitarle funciones a la justicia ordinaria?

D.P.: Cuando uno está en una situacion como la mía, busca garantías jurídicas más que argumentos políticos. La Ley de Amnistía, ya votada por el Congreso, califica delitos relacionados con el conflicto armado como delitos políticos. Esta situación abre un escenario para evaluar casos como el mío.

SEMANA: ¿Por qué un caso,que ya fue fallado, como el suyo, se puede llevar a la JEP?

D.P.: Así lo plantean los acuerdos de paz. Establecen la posibilidad de que se revisen, se indulten o se amnistíen delitos politicos de los guerrilleros, militares o agentes del Estado. Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP.

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SEMANA: ¿Aun si se trata de casos que fueron juzgados por la Corte Suprema?

D.P.: Sí. Hay una limitante que se planteó en el acuerdo al definir que la JEP revisará las condenas proferidas por la corte en caso de delitos cometidos por los combatientes. Pero independientemente de esa limitante, son explícitos otros tratamientos diferenciales que se podrían dar a personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el conflicto armado. Por ejemplo, la renuncia a la persecución penal que, palabras más palabras menos, es un tipo de amnistía. O hay posibilidades de indulto y de suspensión de pena también. Hay muchas alternativas que tiene la JEP frente a casos que ya hayan sido fallados por la jurisdicción ordinaria. En mi caso, estamos valorando todas las posibilidades.

SEMANA: ¿Por qué razón en el caso suyo la JEP podría producir un fallo diferente al proferido por la justicia ordinaria?

D.P.: Porque hay pruebas de que en su momento no se mostraron en el juicio ante la Corte Suprema, como las grabaciones donde la misma corte dice que mi caso es político. Aunque en su momento la corte no aceptó esas grabaciones como prueba, el tribunal de la JEP podría hacerlo en la medida en que los acuerdos de paz tienen como marco general el derecho internacional humanitario. Y hay suficiente jurisprudencia internacional donde ese tipo de pruebas, cuando se demuestra que en un juicio se ha violado un derecho fundamental como el de la defensa, no se excluyen.

SEMANA: Se dice que también buscarían someterse el exministro Sabas Pretelt y el exsecretario general Alberto Velásquez, también condenados por el trámite de la reeleccion en el Congreso. ¿La decisión de someterse a la JEP será una decisión colectiva?

D.P.: Compartiré con ellos la argumentación relativa a mi caso pero, por ahora, es una decisión individual.

SEMANA: El gran requisito para presentar casos en la JEP es buscar una menor pena, a cambio de una mayor verdad sobre el conflicto. ¿Usted tiene elementos, para presentar en la JEP, adicionales a los que presentó en la corte durante su juicio?

D.P.: Estoy dispuesto a aportar la totalidad de la verdad, como lo he venido haciendo. En un primer momento argumentaré por qué mi delito tuvo que ver con el conflicto y en su momento, si mi caso llega al tribunal especial, como espero, aportaré todas las pruebas pertinentes. También hay muchos peritos y expertos que pueden aportar verdad sobre mi caso.

SEMANA: En términos de verdad y reparación, ¿la que usted aportaría a la JEP serviría para entender qué pasó con el conflicto?

D.P.: Insisto: durante estos meses he recopilado estudios de analistas, académicos y expertos en seguridad que reconcen el impacto que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe en el conflicto armado colombiano. Aportaré todos sus argumentos. Frente a la reparación, en el caso nuestro, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, no hubo víctimas.

SEMANA: ¿Qué opina el Centro Democrático sobre la posibilidad de que usted se someta a la JEP? ¿Ha hablado con el expresidente Uribe al respecto?

D.P.: Con el presidente Uribe converso con frecuencia y estoy seguro de que es respetuoso de las decisiones indiviudales, siempre y cuando estén apegadas a la ley.

SEMANA: ¿No es paradójico que el uribismo se haya opuesto a la negociación con las Farc, haya votado No en el plebsicito y ahora uno de sus alfiles busque acudir a un instrumento resultante de los acuerdos de paz?

D.P.: Creo que hay que superar la decisión política y pasar a la jurídica. Desde el momento en que el Congreso, con o sin la participación del Centro Democrático, ratificó los acuerdos y aprobó la Ley de Amnistía, la JEP es una realidad. Y la intencion de presentarse a la JEP no es del Centro Democrático, es de Diego Palacio. El Centro Democrático no está condenado y no está pagando cárcel.

SEMANA: ¿Cree que la entrada en funcionamiento de la JEP podría generar condiciones para la reconciliación política?

D.P.: Bien aplicados, con imparcialidad y garantías de que no serán utilizados para perseguir políticamente al uribismo, a los militares y a la derecha en general, los acuerdos de paz y los instrumentos que se derivan de ellos pueden generar condiciones para alcanzar una paz política. En mi caso, espero esas condiciones de neutralidad para acogerme a la justicia especial para la paz.