Petro: “Daré la batalla en las instituciones y en las calles”

El alcalde Gustavo Petro completa tres semanas despachando desde la localidad de Kennedy, una de las más grandes y complejas de Bogotá. En su oficina del Supercade, un espacio de dos por dos metros con una pequeña sala de juntas recibe a SEMANA. Hace allí todas sus reuniones. También estuvo un mes despachando desde Ciudad Bolívar.

Puso en práctica este nuevo estilo de gobierno desde que comenzó en forma el proceso de revocatoria y él y su equipo decidieron lanzarse a las calles por lo que él mismo ha llamado una campaña de refrendación de su mandato. Están pendientes de resolverse recursos interpuestos por el mandatario ante la Registraduría para que esta última pueda fijar la fecha para que los bogotanos vayan a las urnas y decidan la continuidad de Gustavo Petro en la Alcaldía.

Gustavo Petro: Ninguno, dejar hacer, porque constitucionalmente no puedo hacer política partidista y electoral.

G.P.: Es un proceso que comienza y dejamos que avance,  en eso la Alcaldía no va a interferir. Pero nosotros creemos que hay que hacer un énfasis en política, con P mayúscula. Hoy los cálculos tienen que ver con las elecciones parlamentarias pero eso puede quitarnos el énfasis más importante, que es acabar la guerra. La política, con P mayúscula, se está moviendo alrededor de acabar la guerra o lograr dinamitar el proceso de paz.

G.P.: Normal. Si tenemos seis décadas de guerra no podemos esperar que en un mes se acabe.

G.P.: Genera un ruido y por eso hay que hacer los énfasis donde toca. El problema no está en las elecciones sino en ganar la batalla de la paz. Esa es una batalla política y el primer escenario en esa batalla es Bogotá. Hay una estrategia andando para acabar el proceso de paz, de sectores de la extrema derecha que ganan en la guerra y le temen a lo que significaría una democratización del país. Son intereses que salen afectados si hay negociaciones, como los de los grandes propietarios de tierra en Colombia,  incluidos políticos concretos, y el escenario es Bogotá.

G.P.: Porque Bogotá es la ciudad que da la base social fundamental a quienes quieren hacer la paz en Colombia, eso se demostró el 9 de abril. Bogotá da un poder, no solamente por su población, por la forma como piensan la mayoría de los bogotanos, por su administración y ayuda a quienes en el escenario nacional tratan de concretar un proceso de paz. 

G.P.: Ese no es el problema.

G.P.: No. Veo un problema en la estrategia para destruir la paz: debilitar el gobierno nacional. Para lograrlo hay diversos mecanismos, entre esos uno fundamental: acabar el gobierno progresista en Bogotá. Por ello la revocatoria y la presión a la Procuraduría para que destituya al alcalde. Eso no tiene que ver con los problemas puramente locales de la ciudad, sino que es la primera pieza fundamental que terminaría derribando el proceso de paz. 

G.P.: Competí con el presidente Santos en las elecciones presidenciales. Y en materias como la política agraria, como la política minera, lo criticamos fuertemente. No somos lo mismo, pero eso no quiere decir que no sepamos entender que hay un punto de esfuerzo común que amerita una profunda alianza en Colombia. Ese punto es acabar la guerra. Y a Santos lo quieren debilitar para acabar la posibilidad de la paz en Colombia y parte de esa estrategia tiene que ver con que el gobierno progresista deje de gobernar Bogotá.

 

SEMANA: Pero hay quienes podrían pensar que eso es una argumentación suya para decir que la paz pasa porque usted se mantenga en la Alcaldía.

G.P.: La causa de la Bogotá Humana es la causa de la paz.

G.P.: Las encuestas dicen claramente que hay un apoyo mayoritario para todas las políticas que se han implementado en Bogotá. Si cogen las encuestas que se hacen en Bogotá, no en el país, es cierto que el día de hoy habría un proceso de refrendación al mandato popular que me escogió como alcalde. Quienes han planteado acabar con el gobierno de Bogotá Humana están en una estrategia.

Ahí confluyen unos intereses, desde el ciudadano que está ilusionado porque si cambia el alcalde cree que se salvaría la ciudad, respetable, hasta los grandes intereses que quieren acabar el gobierno progresista para retornar al poder en la ciudad. Entonces, por estar pendientes del ciudadano honesto se pueden olvidar esos grandes intereses. Quien planteó aquí revocar el mandato del alcalde, antes de la posesión, fue el cartel de la contratación. De ahí sale la iniciativa, los primeros dineros y las estrategias para lograr que la mayoría de la población confluya con ellos.

 

G.P.: No. El proceso apenas empieza, la ciudad va a dar una batalla, y es una batalla política y una batalla social, y se verán los intereses cruzados. A mí me interesa mucho y me apasiona lo que estamos viviendo. La ciudad en cierta parte va a definir si fortalecemos la posibilidad  de acabar la guerra o no. Imagínese este escenario: la presión de la extrema derecha sobre la Procuraduría hace que se destituya el alcalde. ¿Gana la paz y la convivencia? ¿Cuál sería el escenario de un sistema político que no es capaz de aguantar un modelo de gobierno alternativo y democrático?

G.P.: El problema no es ese ciudadano. No estamos hablando de eso. Hablar del ciudadano y de sus buenas intenciones es una forma de ocultar la realidad de la política. Es como si yo dijera: claro que hay buenos ciudadanos que van y votan por el candidato de la Gata en Magangué. Pero por hablar del buen ciudadano que por la buena fe va y vota por el candidato de la Gata, no significa que no haya un candidato de la Gata en Magangué, y que la Gata en Magangué no tenga una estrategia. Es decir, que hay una estrategia de la Gata, que no es solo la Gata famosa sino un sector político y social.

G.P.: Sí, claro.

G.P.: Mientras usted puede decir que un ciudadano que firma tiene derechos, cosa que es cierta y son a la fecha 320.000 según la Registraduría, también el que votó tiene derechos. Tiene tantos derechos el que votó como el que firmó. Entonces, por sesgos ideológicos o estrategias políticas no puede creer que el único que tiene derechos es el firmante y que se le pueden quitar todos los derechos políticos al votante.

G.P.: Saber por qué la Registraduría cambió su doctrina jurídica solo en el caso de la  revocatoria del alcalde Petro.

G.P.: Porque hay una doctrina jurídica que hizo el Consejo Electoral que decía que todos los datos tenían que estar completos. Así se nos entregó en una resolución antes de que empezáramos a hacer nuestra veeduría de las firmas y en el camino la cambió y dijo que los datos podían estar incompletos. 

G.P.: 200.000 nombres incompletos en las planillas que no se pudieron cotejar con las firmas porque nunca nos lo permitió la Registraduría, esos 220.000 es un número suficiente para que haya o no haya, pero el que haya es porque hubo un cambio jurídico de doctrina. Entonces, queremos saber por qué hubo cambio de doctrina. Ahora, tenemos información que están utilizando el alargue simplemente para hacer coincidir la revocatoria con las elecciones parlamentarias porque se dieron cuenta que en las encuestas no pasan el umbral. Es decir, que solo una minoría de Bogotá quiere revocar al alcalde. 

G.P.: Nosotros luchamos por los derechos de los votantes. La fecha la pone el registrador nacional.

 

G.P.: Nada le impone poner mañana la fecha. Está en manos del registrador y él decide.

G.P.: No lo reconsideré,  es un fallo de tutela del tribunal. El último día de plazo que había, cuando iba a anunciar que no apelábamos, llegó la tutela. Y ordenaba al alcalde establecer un trabajo que al final no se pudo realizar en la Registraduría como se pedía.

 

G.P.: Yo sé que la batalla que estamos dando no es para que el alcalde mantenga un puesto público, sino para que el proyecto progresista y pacifista en Colombia triunfe.Vamos a dar esa batalla, a fondo, sea desde la institucionalidad, sea desde las calles mismas de la ciudad.

G.P.: Aquí han salido menos personas del gabinete que en cualquier otra Alcaldía en los mismos periodos. Que el diario El Tiempo  saque el listado de las personas que han salido es una forma de decir que siempre estamos en crisis, pero no es cierto.

 

G.P.: Claro que yo quisiera más. Cada funcionario aquí se mueve en una lógica de que si toma una decisión, es investigado inmediatamente. Hay funcionarios que se asustan. Como temen tomar la decisión se demoran y entonces empiezan a ser investigados porque se demoran. Es un proceso de toma de decisiones bajo amenaza permanente. Aquí no hay funcionario que no sepa que una decisión implica una investigación, algunos se paralizan y afectan la ejecución, otros no.

G.P.: En educación aumentamos el presupuesto de 2,3 a 3,3 billones de pesos. ¡Un billón en un año! Es la mayor partida de todo el presupuesto. 

 

G.P.: La oposición dice 1.000 jardines, ¿qué es lo que buscamos? ¿construir casas? Lo que está aprobado en el Plan de Desarrollo es que 68.000 niños entre 3 y 5 años entren en el preescolar. La inversión de educación es la más alta en la historia de Bogotá. Cuando dicen “es que ustedes no ejecutan”, les digo que ejecutamos lo principal.

 

G.P.: Hasta este momento se han facturado 212.000 millones de pesos. El año pasado, la facturación fue de 370.000 millones de pesos. Estamos cobrándole a la gente hoy mucho menos por el servicio de aseo que lo que se cobró hace un año.

 

G.P.: No. La primera que habló de cobros adicionales al usuario fue la contralora general el año pasado. Dijo que durante la concesión, desde 2003 hasta que terminó se cobraron 550.000 millones de pesos de más. Nuestra intención no fue volver público el servicio de aseo en un ciento por ciento. Sino quitar esa sobretarifa que se estaba cobrando a los usuarios y cumplir el auto de la Corte Constitucional que dice que hay que remunerar y discriminar positivamente a los recicladores.

 

G.P.: De los 212.000 millones de pesos facturados –esto es con cifras– hemos pagado a los diferentes operadores, incluido al público, 160.000 millones de pesos. No sé de dónde salen esas cifras. 

G.P.: Sí, claro. Se produjo una reducción de los costos y un aumento de los ingresos. Esto era lo que buscábamos. Ahora, la operación de Aguas de Bogotá nos da 3.500 millones de pesos mensuales para el fondo de reposición de flota. Es decir le está devolviendo al Acueducto lo que gastó en carros.

 

G.P.: Pues claro. Nos queda solo poner en práctica la separación de residuos en la fuente. Y así tendríamos dos modelos: el tradicional, el de los grandes intereses económicos, que es anacrónico, que recoge los residuos y los entierra en el relleno sanitario. Y el nuevo modelo que es el aprovechamiento, en que el reciclador lleva los residuos a bodegas para reutilizarlos.

G.P.: Mi obsesión no es inaugurar obras. Yo tengo que garantizar calidad en los contratos. No es posible entregar el metro en esta administración, aunque ya empezamos los estudios  de ingeniería básica avanzada que nunca habían existido. Ya tenemos identificados los puntos de las estaciones. En septiembre del año entrante empezaría la licitación de la construcción, que puede costar 2.000 o 3.000 millones de dólares.

 

G.P.: ¡Mire usted! Estamos hablando de dos temas en plena ejecución que harían brillar cualquier alcaldía: metro y sistema integrado de transporte masivo. Esto es un proceso de aprendizaje de la ciudad. El SITP no solo son los buses azules, es todo el transporte público de Bogotá. Son los naranjas, los morados, los rojos, el metro, los tranvías, los cables. Se trata de poder usar diferentes medios de transporte con el mismo medio de pago.

G.P.: Ahí hay un problema, no le voy a poner el epíteto. En 2010 la administración a sabiendas de que iba hacia una tarjeta única prorrogó el contrato de Angelcom, del recaudo de los pasajes de fase 1 fase 2 de TransMilenio, que ha hecho muy difícil tener un medio de pago unificado. ¿Por qué lo hizo? Eso no lo ha explicado la anterior administración.

G.P.: Yo diría que eso tendría que ser investigado. Pero encontramos una manera de solucionarlo. Corremos un riesgo, pero no podemos anular esos contratos porque nos meten en los juzgados años.

G.P.: La anterior administración decidió no implementar el SITP en un solo día porque provoca un colapso, tenían el ejemplo de Santiago, donde cayeron cuatro ministros, y el de Seúl. Con el cambio en un solo día los buses irían llenos pero tendríamos una protesta social. La decisión de la administración fue hacerlo de manera progresiva.

G.P.: Otra decisión que tomó la anterior administración fue hacer un contrato de primera generación, en el cual el Estado asume todo  el riesgo, cuando el país ya estaba firmando uno de tercera generación. El riesgo en este caso es un déficit operacional de 750.000 millones de pesos que le toca pagar al Distrito. Y no es porque a Petro se le ocurrió sino que así quedó en el contrato de 2010. ¿Por qué nadie dijo nada cuando se firmó ese contrato?

G.P.: Se han puesto multas. Pero hay una cadena de tareas que son de los privados. Ellos ponen las cajas en los buses, los adaptan,  tienen que poner a rodar los buses suficientes, enganchan a los 22.000 conductores. Así se le da el ritmo al SITP. El Distrito es el que más adelante va en el cumplimiento de sus metas. Si fuéramos los más atrasados, nos estarían crucificando.

 

G.P.: En septiembre del año entrante.

G.P.: Nosotros estamos sacando un Estado postrado y cooptado por la corrupción hacia un Estado democrático.