“Es histórico lo que se ha firmado con las FARC”

Marc Chernick es uno de los académicos sobre conflictos internacionales y procesos de paz más reconocidos en el mundo. 

En Estados Unidos se le conoce como el “colombianólogo” más respetado. Es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos School of Foreign Service, de la Universidad Georgetown, en Washington D. C. y director del Programa Georgetown-Los Andes en Resolución de Conflictos y Derechos Humanos, administrado con la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha escrito varios libros sobre el conflicto en Colombia.

 

Su más reciente, Acuerdo posible, ya llega a su tercera edición. En la siguiente entrevista, exclusiva para Semana.com, habla sobre de paz entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, el posconflicto y la necesidad de una Comisión de la Verdad.

Marc Chernick: Llegué al país hace 33 años como estudiante de posgrado. En ese momento me encontré con un país dividido por el conflicto armado interno, pero, irónicamente, a partir de la toma de la residencia del embajador dominicano en 1980, durante la cual tomaron como rehenes a 15 embajadores, incluido al embajador estadounidense, se hizo un llamado para iniciar un diálogo nacional, nombraron el primer comisionado de paz, Carlos Lleras Restrepo, y aprobaron un proyecto de ley que ofreciera indulto y amnistía a los grupos alzados en armas. De allí salieron cinco campañas presidenciales y cinco gobierno seguidos –los de Betancur, Barco, Gaviria, Samper, y Pastrana– donde el tema central era la búsqueda de paz. Escribí mi tesis doctoral sobre los procesos de paz de Betancur y Barco. De una u otra manera, he seguido como académico casi todos los diálogos de paz, desde los de la Uribe (Meta), Caracas y Tlaxcala, Caguán y ahora en La Habana. Siempre he sido un convencido de que la única salida al conflicto colombiano es por la vía política y negociada. ¡Aún estoy convencido!

M. C.: Los dos casos nos dan lecciones distintas. El Salvador nos demuestra que es posible negociar la paz y transformar un conflicto armado en un conflicto político en el que los antiguos actores armados persigan sus metas dentro de las reglas y las instituciones democráticas. Así el FMLN se transformó de un grupo guerrillero a un partido político, y después de 17 años con experiencia en la Asamblea Nacional y gobernando en los niveles regional y municipal, logró ganar la Presidencia y actualmente gobierna el país. Desde la derecha, los antiguos escuadrones de la muerte lograron transformarse de grupos ilegales al margen de la ley a un partido político, ARENA, que renunció al recurso de la violencia y acogió las reglas democráticas. Hoy en día representan una de las principales fuerzas políticas del país y ejercen su poder desde la oposición. Guatemala no tuvo tanto éxito. La URNG no pudo pasar de ser un movimiento insurgente a un partido político y en el período posconflicto no lograron depurar las Fuerzas Armadas. Y, ojo: tres años después de haber firmado la paz, intentaron refrendar los acuerdos con el resultado de que el país, por voto popular, rechazó los acuerdos. Después de la firma de la paz, no hicieron lo suficiente para construir un apoyo sólido a la paz.

M. C.: Yo diría todo lo contario. El hecho de que hayan firmado un primer preacuerdo sobre el asunto de la tierra y el desarrollo rural es algo histórico. Este en sí significa que hay una gran voluntad de lado y lado de sacar adelante las negociaciones. En el pasado habían logrado acuerdos sobre la agenda, sobre el intercambio de presos, y en 1984, sobre un cese al fuego. Pero nunca habían llegado a un acuerdo tan sustancial. Ahora están en el segundo tema, el de la participación política. La agenda en La Habana es muy realista. Hay cinco temas más el de la manera de refrendar los acuerdos. Nunca fue realista pensar que podía terminar un conflicto de casi 70 años en cuestión de meses. Sería muy difícil llegar a un acuerdo antes de diciembre, lo cual representa la dificultad de cruzarse con el calendario electoral del país. En El Salvador se demoraron tres años. En Guatemala se demoraron siete, pero con varios subacuerdos firmados en el camino. El Gobierno y las FARC tendrían que buscar la manera de seguir en la mesa en este período sin que la campaña electoral los desvíe del objetivo final de lograr un acuerdo final y poner fin al conflicto armado. Si siguen con las reglas de que nadie debe levantarse de la mesa de negociación hasta el final, y de que ningún acuerdo es válido hasta que se firmen todos, es posible pensar en un acuerdo en algún momento del año entrante.

 

M. C.: No, no va a haber impunidad, o por los menos no debe haberla. Todavía no han reglamentado el Marco Jurídico para la Paz. Así que no conocemos cuál va a ser el marco final. Pero la idea operante es que se van a buscar formas alternativas de hacer justicia. Justicia no es solamente justicia punitiva. También hay justicia restaurativa, que se enfoca en las reparaciones individuales y colectivas, la verdad y la memoria histórica. Lo más probable –y saludable para el país– es que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, sin importar que sean guerrilleros, paramilitares o fuerzas oficiales, sean juzgados con garantías y, si son condenados, paguen cárcel. Si no es así, habría espacio para que la CPI se meta.

 

M. C.: ¿Perdón? Posible en muchos casos que no alcancen el nivel de crimen de lesa humanidad. Olvido, ¡ojalá que nunca!

 

M. C.: La CPI está siguiendo con mucho interés el caso colombiano. Hay una tensión entre las necesidades de alcanzar la paz –y evitar más muertes y futuras violaciones de derechos humanos– y promover la justicia punitiva. Si Colombia alcanza a equilibrar esta tensión entre la paz y la justicia, es muy posible que sea pionera en la cuestión de la justicia transicional. La CPI va a estar pendiente. Yo creo que el papel de la CPI es positivo.

 

M. C.: Sí, es normal. En Centroamérica y en otros casos no llegaron a un cese al fuego hasta el final. En estos casos, la guerrilla insistió en negociar en medio del fuego mientras los gobiernos pedían un cese el fuego. En Colombia pasa lo contrario. La guerrilla insiste en un cese al fuego bilateral mientras estén en la mesa de negociación y es el Gobierno el que rechaza la idea. Desde mi óptica, dadas las experiencias en el pasado, sobre todo la del Caguán, este no es el camino ideal. Los hechos en el campo de batalla podrían lograr sabotear la mesa de negociación. Como punto intermedio, ambas partes deben acordar bajar la intensidad del conflicto mientras sigan las negociaciones.

 

M. C.: Este es el sexto punto en la agenda. Deben postergar la discusión hasta entonces y no avanzarlos en los medios. Hay argumentos de lado y lado.

 

M. C.: Sí, debe haberla. En Perú, convocaron la Comisión de Verdad casi diez años después. En Centroamérica, las Naciones Unidas convocaron las Comisiones presididas con personalidades internacionales, como fue el caso del expresidente Belisario Betancur en El Salvador. Lo importante es encontrar un mecanismo para que la historia no quede borrada, para que la justicia pueda avanzar y para que nuevas generaciones conozcan su propia historia para que estas guerras nunca se repitan.

 

M. C.: La paz debe ser integral, es decir que se deben abarcar todas las vertientes de la violencia. El primer paso es el diálogo con la guerrilla, y así la paz necesariamente pasa por La Habana y el diálogo eventual con el ELN. Pero aún se tienen que desmantelar las otras formas de violencia, especialmente las de los grupos paramilitares y de las bacrim. Con un acuerdo, esto sería más factible. El tercer punto en la agenda es el fin del conflicto y no solamente se refiere al cese al fuego, se habla también de enfrentar a las fuerzas paramilitares y a las bacrim. El éxito en desinstitucionalizar todas las estructuras paramilitares del país que aún siguen vigentes será la clave en la consolidación del posconflicto para evitar la experiencia salvadoreña.

 

M. C.: Es la responsabilidad del Estado.

 

M. C.: Es mejor que la mesa de negociación decida el escenario. Yo diría que las FARC deben estar pensando más en las elecciones regionales y locales del 2015 y las presidenciales y legislativas del 2018. Debe haber mecanismos que sigan vigentes para uno o dos ciclos electorales para facilitar su participación. Como en El Salvador, el gran éxito de un proceso de paz depende de la conversión exitosa de un movimiento armado a un movimiento o partido político. El país y los mecanismos acordados en La Habana deben ayudar en esta transformación

M. C.: La desmovilización y la reintegración tienen que ser percibidas en forma distinta a las experiencias recientes. Se va a necesitar un programa más descentralizado, integrado con los municipios y departamentos, y sobre todo con un enfoque que esté orientado a la construcción de paz, más que pensar que el programa es principalmente un mecanismo para disminuir el conflicto o recolectar inteligencia. Hay que recuperar las experiencias de los años 80 y 90 cuando se desmovilizaron el M-19, el Quintín Lame, el EPL y otros. El reto no solamente es la reintegración de excombatientes a nivel individual, sino la reintegración colectiva y la transformación de las FARC en un movimiento político viable y la apertura del espacio para una gran gama de fuerzas sociales y políticas. Junto a esto, debe haber programas orientados a la construcción de paz, sobre todo a nivel local, que se dirijan a las necesidades no solamente de los excombatientes sino también a las de las víctimas y de la comunidad en general.

M. C.: Porque esta vez parece que los dos lados han hecho el cálculo de que la paz es preferible a la guerra para perseguir sus fines políticos. En términos académicos, parece que el momento es “maduro” para hacer la paz no porque el empate es mutuamente nocivo, como dicen los teóricos, sino porque hay una nueva voz que no se escuchó en el pasado, y esta es la voz de las víctimas. El país está exhausto con una guerra sin fin y las víctimas y grandes sectores del país en las zonas más afectadas por la violencia se han movilizado y exigen el fin de un conflicto con justicia, memoria, inversión estatal y oportunidades sociales, económicas y políticas.