Esposa del magistrado Pretelt rinde interrogatorio

Un fiscal adscrito al despacho a la Corte Suprema de Justicia es el encargado de hacer un extenso interrogatorio a la funcionaria de la Procuraduría Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretelt, por haber adquirido tierras que presuntamente fueron objeto de un despojo.

Se trata del inicio de un proceso contra la esposa del magistrado, que apareció justamente cuando crecía el escándalo por un presunto soborno que este pidió al abogado Víctor Pacheco a cambio de acompañar una tutela de Fidupetrol.

Por esos días el fiscal general, Eduardo Montealegre, apareció con un grave señalamiento según el cual, contra la esposa de Pretelt, pesaban delitos de lesa humanidad por haber obtenido unas fincas en Antioquia que estaban “manchadas de sangre”. Se refería a un proceso por desplazamiento forzado de paramilitares en esas tierras.

Muchos interpretaron esto como un ataque más a la familia de Pretelt por parte de la Fiscalía. Aun así, el proceso siguió su curso y este martes Martha Ligia Patrón se sentará frente al fiscal para explicar por qué ella adquirió esos predios, quién se los vendió, cómo los compró y por qué los compró a bajo precio y luego los vendió a su esposo por valor insignificante. También, de qué manera se enteró de que esos predios estaban en venta y quiénes fueron los intermediarios en esa compra. Estas, entre otras preguntas.

Hasta ahora lo que se ha dicho es que esas tierras eran de propiedad de un señor llamado Manuel Gregorio Hernández Soto, quien murió esperando recuperarlas. Según la denuncia que él interpuso ante la Fiscalía, fue forzado a desocupar los terrenos donde vivía, una vez que llegaron los paramilitares a requerirlo. Eso fue el 4 de enero del 2002.

El predio, llamado Alto Bonito, consta de 53 hectáreas y está ubicado en la vereda Puya Arriba, del corregimiento San José de Mulatos, de Turbo (Antioquia).

“Fue vendido por presión. Entraron en la venta 16 vacas, siete caballos, 150 palmas de coco, nueve marranos, 250 matas de plátano, 10 palos de aguacate, 10 palos de (ilegible), tres hectáreas de yuca, dos hectáreas de maíz, una hectárea de arroz, 80 gallinas, ocho pollos, cuatro casas de palma cercada en tabla, 50 gallinetas, 60 patos”. Don Manuel también hizo referencia a dos represas con 200 mojarras y cuatro burros, según reveló Semana.com.

Pero don Manuel murió hace dos años ya, sin haber podido probar ante la Justicia lo que decía. El 19 de febrero del 2009, una de sus hijas ratificó ante una notaría lo dicho por su padre, incluso con más señas y datos. En el relato la mujer dice que un grupo al margen de la ley que operaba en la vereda Puya Arriba había amenazado a don Manuel con que “debía vender o entregar las escrituras públicas de la tierra que tenía”.

En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo quedó constancia de que Alto Bonito, que hoy hace parte de la Hacienda La Corona, le fue adjudicada a don Manuel por el Incora el 13 de julio de 1987.

Posteriormente, el 28 de agosto del 2003, los terrenos fueron vendidos a Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretelt, por la suma de cinco millones de pesos. La hectárea tuvo un precio de 109.000 pesos. Patrón le vendió dos años después a su esposo esas tierras por 19 millones. (Ver certificado de tradición)

Pretelt, porque su esposa no ha hablado aún, ha dicho que las fincas fueron compradas legalmente por su padre, por él mismo y por su esposa hace más de una década hasta constituir un predio que suma más de 700 hectáreas y que fue registrado en una sola matrícula inmobiliaria en el 2005.

También hay versiones de habitantes de la zona que le dijeron a El Meridiano de Córdoba que esas tierras las compró la familia del magistrado a un precio justo, porque el valor oscilaba entre 1 y 1,3 millones de pesos por hectárea, dependiendo de la calidad del terreno. Otros también dijeron que nunca vieron presión alguna sobre el dueño de esas tierras y que mucho menos hubo desplazamiento.

Pero será la señora Patrón la que despeje las dudas en definitiva y pruebe lo contrario de lo que le sindica la Fiscalía. Precisamente este fin de semana pasado, un tribunal de Justicia y Paz impuso medida cautelar sobre estos predios con el objetivo de evitar su venta, enajenación y uso, hasta tanto la Unidad de Restitución de Tierras defina si los bienes serán objeto de reparación a las víctimas de los paramilitares.