El exorbitante gasto para proteger a los servidores públicos

Actualmente, 9.762 personas en Colombia tienen elevados riesgos de seguridad, por lo que son beneficiarios de los esquemas de protección otorgados por el Gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP). De ellos, 733 son dirigentes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos o líderes de comunidades reclamantes de tierras, quizá la población en riesgo más amenazada en los últimos tiempos en el país.

Varias organizaciones no gubernamentales, como Somos Defensores, han venido documentando los hechos de violencia que han afectado a defensores de Derechos Humanos. Sus informes anuales generalmente son muy controvertidos por el Gobierno, pero según sus investigaciones, se concluye que Colombia es uno de los países donde más se dificulta el trabajo a este tipo de líderes. Según esta organización, en el 2013 fueron asesinados en el país 78 defensores de DD. HH., mientras que en el 2014 se registraron 55 homicidios.

Cada vez que trasciende en el país la noticia sobre un homicidio a este tipo de líderes, las miradas se vuelcan hacia la UNP en busca de responsabilidades. Y aunque se han presentado casos en los que las víctimas contaban con el esquema de protección, en otros los afectados no habían superado la evaluación de riesgo, o incluso, casos en los que el esquema de protección recomendado aún no había sido plenamente entregado.

Ante la vulnerabilidad que hoy viven los defensores de DD. HH., el representante a la Cámara Alirio Uribe (Polo) citó al ministro del Interior y al director de la UNP a un debate en el que pedirá al Gobierno un cambio en el modelo de protección que vaya más allá de la simple dotación de escoltas, vehículos blindados y equipos de comunicación.

A solicitud del representante, la UNP envió las respuestas a un extenso cuestionario en el que informó al Congreso la actual situación de las casi diez mil personas beneficiarias de los esquemas de protección.

Semana.com conoció el documento en el que llama la atención un dato en particular: el Gobierno destina anualmente $93.397.737.548 para proteger a 655 funcionarios y sus familias, que en su mayoría residen en Bogotá, mientras que para proteger a 733 defensores de DD. HH. y reclamantes de tierras, que se mueven en zonas de alto riesgo y que en el papel están más vulnerables, el presupuesto es de $27.067.421.226.

Del documento se desprende que el 57 % de los beneficiados con esquemas de la UNP son alcaldes y gobernadores, magistrados de altas cortes, ministros del despacho, presidente de la República y su núcleo familiar, senadores y representantes, vicepresidente de la República y su núcleo familiar, expresidentes, exvicepresidentes y su grupo familiar, así como varios exservidores. Estas personas concentran el 22 % de los escoltas y el 53 % de los vehículos blindados.

Según cifras oficiales, la UNP ha recibido durante sus tres años de existencia un billón 69.000 millones de pesos para su funcionamiento. El presupuesto aprobado para la actual vigencia fiscal es  $374.251.855.905.

Suponiendo que todos los recursos de la entidad se destinasen a la protección de las personas a su cargo, en promedio cada protegido le costaría a la entidad $38.337.621 anuales. Sin embargo, la realidad es otra y hay una categoría de protegidos que "valen" más, a pesar de que nunca hayan recibido una amenaza o una intimidación.

El costo mensual de los vehículos blindados es de $8.556.627.184, y el del personal de protección de la UNP, $14.595.630.877. Es decir que el costo anual de estas dos medidas de protección es de $277.827.096.732.

Pero según las cifras de la UNP, y de acuerdo con el costo mensual de los vehículos blindados y del personal de protección, el costo anual del personal de protección y la movilidad destinado a las 655 personas de la categoría de funcionarios y sus familias asciende a aproximadamente $93.397.737.548, es decir, el 25 % del presupuesto total de la entidad en el 2015. Y mientras en promedio cada protegido costaría anualmente $38.337.621, cada una de estas 655 personas cuesta $142.591.966.

En contradicción, para los 733 dirigentes de organizaciones defensoras de DD. HH. protegidos, la UNP destina un presupuesto de $20.269.821.930 en escoltas y $6.797.599.296 en vehículos blindados. Es decir, $27.067.421.226 al año. Lo cual significa que en promedio la protección de cada una de estas personas le cuesta al Gobierno al año $36.926.904

“Esto evidencia ineficiencia e inequidad en el uso de los recursos. Ineficiencia porque dentro del grupo que más recursos de protección concentra, en gran medida mantienen las medidas de protección debido a su estatus y no al riesgo; y es a su vez inequitativo porque ante el deber de proteger la vida de cualquier persona, y en un Estado de derecho, tal responsabilidad estatal no debería ser discriminatoria”, explica Uribe.

El congresista del Polo no pretende que los esquemas de seguridad a funcionarios se remuevan, pero sí que se incrementen medidas y, por qué no, presupuesto, para proteger a personas más vulnerables, como los defensores de DD. HH. o los reclamantes de tierras.