E.U. APRIETA LAS TUERCAS

La semana pasada y sin que se entera ra casi nadie, el gobierno de Estados Unidos estuvo a punto de iniciar una escalada de sanciones comerciales en contra de Colombia. El lunes en horas de la noche, los noticieros de televisión informaron sobre una reunión extraordinaria que el presidente Ernesto Samper había convocado a partir de las siete y media en la Casa de Nariño. Lo que los informativos no revelaron fue el motivo del encuentro, al que asistieron el ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra, el de Justicia Carlos Medellín, su viceministro Jaime Cabrera, el secretario general de la Presidencia José Antonio Vargas y el ministro consejero en Washington Mauricio Echeverri. El primero y más urgente tema fue abordado de inmediato: el gobierno estadounidense le había hecho saber esa tarde al colombiano que si Marco Tulio Gutiérrez, quien cinco días antes había acusado de "bellaco" al embajador Myles Frechette y de "mentiroso" al subsecretario de Estado Robert Gelbard, continuaba al frente del DAS 48 después de transmitida la advertencia, Washington consideraría ese hecho como un acto profundamente inamistoso y abandonaría de inmediato su idea de no aplicar sanciones comerciales a Colombia antes del 30 de septiembre. La reunión, cuyo propósito inicial había sido el de discutir la agenda legislativa antidrogas anunciada por el presidente Samper y la estrategia diplomática a seguir ante Estados Unidos para evitar la aplicación de sanciones después de esa fecha, estuvo dedicada en un principio sólo al caso de Gutiérrez. Todos estuvieron de acuerdo en que el director del DAS debía irse pues, tal y como lo había advertido públicamente el canciller Pardo esa tarde en una rueda de prensa minutos antes de partir hacia Nueva York para asistir a un evento de Naciones Unidas, a Gutiérrez se le habían ido las luces en esas declaraciones en un momento particularmente delicado de las relaciones entre los dos países. El Presidente decidió entonces que lo mejor era que Gutiérrez, a quien él mismo le había hecho retirar su carta de renuncia cuatro días antes, renovara su dimisión. "De lo contrario se lamentó el jefe del Estado tendré que salir mañana a respaldar las declaraciones de Pardo, con lo cual Marco Tulio se va a sentir desautorizado y se va a ir muy molesto". Uno de los asesores del primer mandatario se encargó poco después de enterar a Gutiérrez de las novedades y éste comprendió que debía insistir en su renuncia, que le fue finalmente aceptada al día siguiente. El reemplazo de Gutiérrez salió de la misma reunión en Palacio: el viceministro de Justicia Jaime Cabrera. Una vez resuelto el punto más urgente del encuentro y espantado el fantasma de las sanciones comerciales por algunas semanas, los asistentes pasaron a examinar un temario no menos espinoso. Se trataba de poner en blanco sobre negro qué era lo que el gobierno de Samper tenía que hacer para evitar que Washington aplicara esas sanciones después del 30 de septiembre, fecha en la cual, según los mensajes recibidos por las autoridades colombianas de parte del embajador Myles Frechette, vencería el compás de espera abierto por el gobierno de Bill Clinton tras la preclusión de la investigación a Samper en el Congreso. Al filo de la medianoche, el Presidente y sus invitados a Palacio habían logrado identificar en una agenda de alrededor de 20 puntos las quejas y peticiones de Washington en las que era necesario que Colombia se pusiera a trabajar. SEMANA indagó con varios ministros y altos funcionarios sobre el contenido de esa agenda y pudo establecer que se trata de un ambicioso listado que comienza con reabrir la discusión sobre la extradición e incluye otros tópicos en materia antidrogas y de comercio, así como algunos asuntos de orden diplomático que han causado gran molestia al gobierno de Clinton. Por 111 votos Janet Reno fue quien soltó la primera carga de profundidad de Washington. En una carta de escasas dos páginas, la Fiscal General de Clinton solicitó el martes la extradición de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, y de Helmer Herrera y Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta'. Por primera vez desde cuando en 1991 la Asamblea Constituyente prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, Washington pedía formalmente que el gobierno colombiano le diera aplicación al tratado firmado entre los dos países en 1979. "Se trata de una demostración de que están dispuestos a apostar duro", dijo a SEMANA al respecto una fuente del gabinete ministerial. Y no le falta razón: no de otra manera se puede explicar que Estados Unidos pida algo en lo que Colombia no lo puede complacer. "El síntoma nos preocupa agregó la fuente pues en un examen un profesor no pone preguntas imposibles de contestar sino cuando quiere que los alumnos se rajen". Colombia respondió el viernes en la tarde, por medio de una carta del ministro Medellín. En ella el gobierno de Samper sostuvo que el tratado no es aplicable por cuanto la ley que lo incorporaba al ordenamiento jurídico fue declarada inexequible en 1986 y porque además la Constitución de 1991 prohibió la extradición de colombianos por nacimiento. Pero el gobierno es consciente de las debilidades de su respuesta. Para empezar, funcionarios norteamericanos ya le han dicho a sus interlocutores colombianos que si el problema es una ley, Samper debería hacerla aprobar del Congreso o incluso dictar un decreto de conmoción interior como lo hizo la administración de Virgilio Barco en 1989. Y que si el lío es constitucional, debería promover una reforma de la Carta. "Lo que los gringos nos han dicho es que así como Samper ha propuesto varias reformas a la Constitución, debería incluir la de desmontar la prohibición de extraditar nacionales", agregó la fuente ministerial. En cuanto al pesado paquete legislativo destinado a endurecer las normas antidrogas (ver recuadro) y que Samper se comprometió a presentar el 20 de julio, Estados Unidos está muy pendiente. Según una fuente de la Casa de Nariño, "a varios ministros, el embajador Frechette les dijo venenosamente que esperaba que esas duras leyes fueran aprobadas por cuando menos los mismos 111 votos que absolvieron al Presidente en la Cámara". Es obvio que Frechette sabe que esto no va a ser así. Una cosa es que los parlamentarios samperistas voten en favor de no acusarlo, y otra muy distinta es que lo acompañen en una legislación que poco les gusta, entre otras cosas porque en el Congreso los carteles gozan de una fuerte influencia varias veces demostrada en el pasado. Pero el mensaje del embajador es claro: Washington piensa responsabilizar al Presidente, a quien le reconoce un manejo casi total de la mayoría parlamentaria, si esos proyectos se hunden. "Es más anotó la fuente Estados Unidos nos ha hecho saber que esas leyes deberán estar aprobadas y sancionadas antes del 30 de septiembre, y no caerse en la Corte Constitucional". Un punto de ese paquete de proyectos interesa particularmente a los norteamericanos. Se trata de la posibilidad de que la expropiación de bienes tenga efectos sobre aquellos activos de los narcotraficantes que, a pesar de haber sido adquiridos antes de la vigencia de estas nuevas normas, sólo sean descubiertos después. La tesis de Washington es que un bien es ilícito de manera permanente y que esa ilicitud debe justificar su expropiación sin importar que haya sido adquirido antes de las normas que permiten esa expropiación. Esto haría prácticamente imposible la aprobación de esa ley en el Congreso, pues los narcotraficantes presos que tantas campañas parlamentarias financiaron ejercerán toda su presión para evitar perder por esa vía buena parte de sus fortunas. Según las fuentes consultadas, algo que al parecer explica que Washington haya asumido un tono tan exigente en materia de estas leyes, es que las autoridades norteamericanas sienten que el gobierno de Samper ha prometido muchas veces esa nueva legislación sin haberla presentado nunca al Congreso en sus dos primeros años de mandato. "Una de las cosas que los norteamericanos nos han mencionado es que esa agenda legislativa se parece mucho a la que el presidente Samper prometió a varios funcionarios de E.U., en una reunión en Nueva York en julio de 1994, poco antes de posesionarse". Según la misma fuente, "el embajador Frechette sostiene que su gobierno quiere ver que ésta no sea lo que él llama otra tomadura de pelo". Quejas y reclamos El resto de los puntos de la agenda de demandas y quejas (ver recuadro) es bastante variado. Washington pide que sus barcos puedan incautar embarcaciones con droga justo después del límite de las 12 millas de la costa colombiana, y que puedan llevarse a los tripulantes. Hasta ahora lo primero es permitido con un permiso especial del Ministerio de Defensa, pero no lo segundo. "Sería muy delicado tener a los guardacostas de E.U. y a los barcos de la DEA patrullando a poco más de 12 millas del litoral nuestro y con la capacidad de capturar colombianos en esa zona", le explicó a SEMANA una fuente del Ministerio de Defensa, "pero todo indica que éste es uno de los puntos centrales de la solicitud gringa". En materia de erradicación de cultivos, Washington pide que el glifosato sea cambiado por un herbicida granular que considera más efectivo, y que además Colombia contrate una verificación internacional de la erradicación. Estados Unidos pide también que en materia de investigación criminal se fortalezca el área de homicidios pues "los norteamericanos sostienen que la justicia colombiana nunca es capaz de condenar a los capos por los asesinatos que cometen, sino sólo por enriquecimiento ilícito y narcotráfico". Hay también algunas quejas bastante curiosas de Washington en materia diplomática. El gobierno de Clinton quiere, en lo que parece una clara alusión a Carlos Lleras de la Fuente, que el nuevo embajador colombiano no tenga aspiraciones presidenciales, pues según lo expresado por ellos, eso perjudica las relaciones ya que el titular de la embajada, en vez de trabajar por mantener un buen ambiente entre los dos países, se dedica a ganar puntos en las encuestas en Colombia a punta de criticar a Estados Unidos. Otro funcionario objeto de cuestionamientos de parte de Washington es el ministro de Comercio Morris Harf. Según una fuente del gabinete "los gringos aseguran que miente sistemáticamente cuando asegura que obtuvo compromisos de Mickey Kantor y otros funcionarios comerciales de Washington, en el sentido de que no habrá sanciones, y se la pasa sacando de contexto frases de sus interlocutores norteamericanos para acomodarlas a esa misma interpretación". Finalmente el embajador de Colombia en Naciones Unidas, Julio Londoño, también ha recibido palo del gobierno de E.U., que lo considera, según las mismas fuentes, "un instigador del grupo No Alineado en la ONU en contra de Estados Unidos".

En materia de comercio, el gobierno de Clinton quiere que Colombia se siente a negociar el asunto del banano y se desmonte de los acuerdos de cuotas con la Unión Europea. Así mismo, quiere que entre Washington y Bogotá se firme un acuerdo de protección a las inversiones privadas norteamericanas y a la propiedad intelectual. Pide también que cesen lo que Estados Unidos llama "los retrocesos proteccionistas" promovidos según ese país por el ministro Harf. De rodillas El catálogo completo de exigencias y reclamos es, como puede verse, bastante completo. Y sin duda también, profundamente indigno para el gobierno colombiano. Nunca antes en la historia de las relaciones entre Washington y Bogotá los Estados Unidos habían puesto un precio tan alto para seguir considerando a Colombia como su amigo y aliado. Ya bastante grave era que el gobierno norteamericano se involucrara en materias como la legislación antidrogas. Pero en ese punto al menos existía la justificación de que se trata de un problema bilateral con ramificaciones profundas en ambos países. Ahora, que Washington opine sobre las calidades del embajador colombiano, o del Ministro de Comercio, o del embajador en Naciones Unidas, o que imponga decisiones de tipo comercial entre Colombia y países distintos a Estados Unidos, eso es algo que rebasa todos los límites. Pero por indigno e indignante que resulte, ese parece ser el escenario al que Colombia está abocada en los próximos meses si el gobierno de Ernesto Samper desea evitar las tan anunciadas sanciones comerciales, las mismas que muy posiblemente le harían perder el respaldo de figuras tan importantes como el director de El Tiempo, Hernando Santos, quien ya lo advirtió en un editorial tres días después de la absolución, y del Grupo Santo Domingo, que también ha dejado entrever que no podría acompañar a Samper en un enfrentamiento irreversible con E.U. Como quien dice que la agenda por la reconciliación nacional, varias veces mencionada por el Presidente, puede en realidad convertirse en una agenda de reconciliación con Estados Unidos. Es evidente que no todos los puntos de la agenda que el gobierno colombiano reconstruyó la semana pasada son imperiosos. Sin duda el gobierno de Samper puede aspirar a que Washington deje algunos de lado y reconozca avances en otros a más largo plazo que el 30 de septiembre. Pero una serie de hechos sucedidos la semana pasada indican a las claras que Estados Unidos está pisando duro. Aparte de la carta de la señora Reno que pide la extradición de los Rodríguez, de 'Chupeta' y de Pacho Herrera, el viernes fue oficializada la suspensión de la visa norteamericana del ex fiscal y actual embajador colombiano en México Gustavo de Greiff. A estas señales de que el ambiente de las relaciones es cada día más pesado, se sumaron declaraciones de la fiscal Reno, quien al ser preguntada sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones comerciales si Colombia no acepta restablecer la extradición, aseguró que "llegaremos a ese punto en el momento preciso", y afirmaciones del vicepresidente Al Gore, quien el martes dijo a un grupo de periodistas en Washington que esas sanciones son "probables" pues, según sus propias palabras, después de la descertificación a Colombia "vendrán más acciones". Todo lo anterior sin mencionar que, de manera bastante curiosa, un fiscal de Miami reabrió hace pocos días un caso en el que los hermanos Rodríguez Orejuela son investigados, entre otras acusaciones, por haber entregado seis millones de dólares a un dirigente político para su campaña en 1994. La noticia, revelada el miércoles por el Miami Herald, aclara que el nombre del político no ha sido incluido en el indictment , pero el propio diario de Miami asegura que hay muchas coincidencias entre el caso de narcofinanciación descrito y los cargos por los cuales Samper fue absuelto en Colombia hace tres semanas. Son pues numerosos los síntomas en el sentido de que Estados Unidos no está dispuesto a limitar su presión sobre Colombia a puras amenazas y que, por el contrario, definitivamente ha comenzado a apretar las tuercas. Hasta dónde está dispuesto a ejercer esta presión y cómo va a responder a ella Ernesto Samper, son cosas que comenzarán a saberse en las próximas semanas.

Los 20 puntos de la agenda
La agenda, reconstruida por SEMANA con la ayuda de altos funcionarios colombianos, tiene un primer paquete de aspectos antidrogas, luego uno de asuntos comerciales y de otro tipo, y finalmente una serie de quejas de tipo diplomático. 1Restablecer la extradición de colombianos a Estados Unidos. 2Lograr la aprobación del paquete de leyes antidrogas, con efectos en materia de expropiación de bienes de los narcotraficantes que hayan sido adquiridos en el pasado y no descubiertos antes de la vigencia de las nuevas normas.
3Permitir que naves estadounidenses intercepten barcos con droga poco más allá del límite de 12 millas del litoral colombiano y capturen las naves, la droga y a los tripulantes.
4Aplicar, en vez del glifosato, un herbicida granular no líquido que no se diluya cuando llueva y que pueda ser lanzado desde una altura mayor para que los aviones de fumigación no sean atacados tan fácilmente desde tierra.
5Contratar una verificación internacional de los resultados de la erradicación de cultivos ilícitos, con base en parámetros aceptados por los dos países para que, según Washington, "Colombia deje de decir que una hectárea fumigada equivale a una hectárea erradicada".
6Fortalecer la investigación criminal en materia de asesinatos para que los narcotraficantes no sólo sean juzgados por enriquecimiento ilícito y narcotráfico, sino también por los homicidios que se les atribuyen.
7Suspender el desmonte que, según Washington, estaba llevando a cabo la Superintendencia Bancaria de un recién creado departamento de lucha contra el lavado de activos.
8No remover a los oficiales y funcionarios de las diferentes agencias de seguridad del Estado que han demostrado su compromiso en la lucha contra los carteles. Según E.U., había intención de pasar a algunos de ellos a la reserva.
9No debilitar a la Fiscalía por medio del paquete de reformas legales y constitucionales anunciado por Samper tras la preclusión de su caso en la Cámara. Estados Unidos ha sido muy explícito en que vería con muy malos ojos que la Fiscalía pasara a la órbita del Ejecutivo.
10Desarrollar las recomendaciones de un documento del US Marshall, autoridad de prisiones de Estados Unidos, sobre la situación de los pabellones de alta seguridad en Colombia. Según dichas recomendaciones, los capos detenidos en esos pabellones deben ser aislados e incomunicados para evitar que sigan delinquiendo desde la cárcel.
11Evitar que el Departamento Administrativo de Seguridad _DAS_, en vez de cooperar en la lucha antidrogas, se convierta en una agencia de inteligencia y espionaje del gobierno colombiano destinada a hacerle seguimiento a los opositores y a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos. 12Lograr un acuerdo entre Washington y Bogotá en materia de banano, que implique que Colombia se desvincule del acuerdo de cuotas con la Unión Europea.
13 Firmar entre los dos países un acuerdo para la protección de la inversión privada y la propiedad intelectual.
14 Suspender lo que Washington considera una escalada de medidas proteccionistas promovidas por el ministro de Comercio Morris Harf.
15 Evitar que el ministro Harf continúe "mintiendo sistemáticamente", según palabras de altos funcionarios diplomáticos de E.U. transmitidas a altos funcionarios colombianos. Washington dice estar molesto porque Harf "cada vez que se reúne con un funcionario de E.U. asegura que obtuvo un compromiso de que no habrá sanciones comerciales, cuando eso nunca ha sido cierto".
16 Nombrar en Washington a un embajador que no tenga aspiraciones presidenciales ni utilice por ello un lenguaje antinorteamericano para obtener puntos en las encuestas en Colombia.
17 Nombrar en la Presidencia de la República a un asesor del primer mandatario que se convierta en interlocutor permanente de Estados Unidos.
18Evitar que el embajador colombiano en Naciones Unidas continúe, según Washington, "instigando" al grupo de los No Alineados en contra de los Estados Unidos.
19 Desarrollar efectivas políticas de protección a los derechos humanos y el medio ambiente.
20 Superar los problemas de inseguridad aeroportuaria de los principales terminales aéreos colombianos.

Carrera de obstáculos
A pesar de que es fundamental para que no haya sanciones de E.U., pocos le apuestan al paquete antidrogas del gobierno. e todas las exigencias de Estados Unidos a Colombia, la única que tiene plazo fijo es la aprobación de los proyectos de ley contra el narcotráfico.
Este paquete de tres proyectos es el producto de un cuidadoso estudio adelantado durante varios meses por el Ministerio de Justicia, en coordinación con la Fiscalía. Para desarrollarlo, el equipo del Ministerio buscó la asesoría de varios expertos internacionales en lavado de dinero y narcotráfico. Entre ellos, una misión del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional con sede en Viena y el Procurador Nacional Antimafia de Italia. El primer proyecto que presentará el gobierno es una reforma al Código de Procedimiento Penal para convertir el delito de lavado en una conducta específica contra el orden económico y social que pueda juzgarse en concurso con otros delitos, abriendo así la posibilidad de que quien lava el dinero pueda ser procesado también como partícipe en el delito de haberlo obtenido ilícitamente. El proyecto propone también convertir la promoción de organizaciones criminales, que antes era un agravante del concierto para delinquir, en un delito independiente con penas diferentes y tipificar los delitos que cometen los funcionarios del sistema financiero que colaboran con el lavado de dinero.
Lo más crucial de este proyecto, sin embargo, es la propuesta de ajustar a estándares internacionales las penas previstas para los delitos relacionados con la delincuencia organizada, al tiempo que se desmonta casi totalmente la política de sometimiento a la justicia y los beneficios que otorga. De aprobarse la reforma, la pena de prisión prevista actualmente para los distintos delitos se incrementaría aproximadamente en la mitad y se incluirían causales de agravación que no estaban contempladas anteriormente. Esto significaría, por ejemplo en el caso del narcotráfico, un aumento de la pena de 12 a 20 años y sin posibilidades de rebaja por entrega o delación. Los únicos beneficios que se mantendrían, aumentándolos, serían los que se conceden por confesión _que existían desde antes_ y los que se confieren por sentencia anticipada, eliminando la posibilidad de otorgarlos simultáneamente. Mientras en el código vigente la pena se reduce por confesión en una sexta parte, la propuesta del gobierno contempla una reducción hasta de una tercera parte, dependiendo del momento y las condiciones en que se produzca. En cuanto a la sentencia anticipada, la reducción sería de una tercera parte si se solicita en la etapa de instrucción y de una sexta parte si ocurre durante el juicio. Adicionalmente, la reforma propone elevar el tope de las multas complementarias a ciertas penas de 10 millones de pesos a 50.000 salarios mínimos mensuales, es decir, más de 7.000 millones de pesos. En el caso de que el condenado no pague la multa, ésta podría convertirse en arresto hasta de 10 años (el tope para el arresto es actualmente de cinco años). Y en el caso de los delitos relacionados con la delincuencia organizada, la multa se establecería de acuerdo con el valor del objeto o los bienes adquiridos ilegalmente. En cuanto al tratamiento penal de los bienes, el proyecto plantea la posibilidad de aplicar el artículo 34 de la Constitución _por el cual se permite la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social_ a los delitos de narcotráfico, testaferrato, extorsión y secuestro extorsivo, a los cuales cataloga como delitos contra la moral social. Adicionalmente se propone que aunque el sindicado muera, el juez pueda declarar la ilicitud del origen de los bienes y evitar que pasen a sus herederos. El segundo proyecto plantea la posibilidad de que, en desarrollo del mismo artículo 34 de la Constitución, se pueda abrir un proceso administrativo para extinguir el dominio de los bienes adquiridos ilícitamente. Esto permitiría, por ejemplo, que se le pueda iniciar un proceso administrativo a una persona que al ser condenada no tenga bienes, pero le aparezcan después. Lo mismo sucedería cuando los bienes han sido traspasados del delincuente a otras personas o han sido heredados y el Estado sospecha del origen ilícito de los recursos con que se adquirieron, o cuando los bienes son producto no de un delito sino simplemente de enriquecimiento patrimonial injustificado. El proyecto propone también que los bienes incautados puedan ser vendidos o entregados en fiducia antes de que haya sentencia condenatoria. Si la persona es absuelta sería indemnizada. El último proyecto que presentará el gobierno busca ampliarle a Colombia las posibilidades de realizar convenios de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y particularmente en materia de bienes, para que se pueda actuar sobre los bienes en Colombia de personas que tengan procesos en el extranjero o viceversa. Este proyecto reglamenta también la repartición de los bienes incautados a los delincuentes entre los países que cooperen con su captura. Aunque el gobierno considera que la coyuntura política actual es favorable para la aprobación de los proyectos en el Congreso, por la sanción que ya han establecido tanto la justicia como la opinión pública contra varios parlamentarios colaboradores del narcotráfico, la suerte que pueda correr el paquete en la legislatura que se avecina es aún muy incierta.


¿Cielos cerrados?
Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se han sentido con especial fuerza en las relaciones aeronáuticas entre los dos países, las cuales han estado al borde del colapso en los últimos días. Las discusiones se suscitaron alrededor de la intención de American Airlines de reabrir su ruta entre Bogotá y Nueva York, la cual había dejado de operar en enero de 1993. El gobierno colombiano ha argumentado que American debe ajustarse a la normatividad vigente, según la cual si una aerolínea deja de operar una ruta por más de un año debe realizar de nuevo todos los trámites de solicitud. Para las autoridades estadounidenses este procedimiento es inaceptable, pues violaría el acuerdo aeronáutico existente entre las dos naciones. Hace dos semanas las negociaciones sobre el tema llegaron a un punto muerto y el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que, en consecuencia, le cerraría a Avianca su ruta a Nueva York en cualquier momento. Ante esta amenaza, al cierre de esta edición el gobierno colombiano estudiaba la posibilidad de denunciar el acuerdo bilateral, lo que traería como consecuencia automática el congelamiento de las condiciones actuales de transporte aéreo entre los dos países por un año. De esta manera, durante ese período se mantendrían las rutas de las aerolíneas que cubren actualmente la ruta entre Bogotá y Nueva York: Avianca y Continental. Sin embargo, muchos consideran que con esta posición el gobierno colombiano sólo está cañando, pues los riesgos que se corren con esta estrategia son considerables. Por un lado, la probabilidad de negociar un mejor acuerdo para Colombia tras el año de congelamiento es prácticamente nula. Al respecto, un analista especializado dijo a SEMANA: "Desde la administración Reagan, cada vez que se rompe un acuerdo bilateral el gobierno estadounidense busca ante todo negociar un convenio de cielos abiertos. Así sucedió cuando Perú denunció en 1982 el acuerdo que había entre los dos países: tras más de dos años de parálisis total en los vuelos, Estados Unidos logró los cielos abiertos". Pero los riesgos no paran allí. Ante una eventual denuncia del convenio bilateral Estados Unidos todavía contaría con dos instrumentos para atacar los intereses aeronáuticos de Colombia. Por una parte, el gobierno norteamericano puede tomar en cualquier momento la decisión de bajar a Colombia a la categoría tres en materia de seguridad aérea, caso en el cual ninguna aerolínea colombiana podría viajar a Estados Unidos. De otra parte, las leyes estadounidenses relativas a la descertificación autorizan al presidente Clinton a decretar un embargo aeronáutico total a Colombia con una simple orden del Ejecutivo. Con semejante garrote, lo más probable es que el gobierno colombiano insista en una nueva ronda de conversaciones bilaterales a fines de julio. La pregunta es si Estados Unidos no habrá actuado ya para ese entonces.