Exclusivo de SEMANA: Tolemaida Tours

Hace dos años SEMANA reveló los indignantes privilegios que tenían decenas de militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos en el Centro de Reclusión Militar (CRM) de Tolemaida, la principal cárcel para miembros del Ejército del país.

Fiestas con licor, paseos de los detenidos a las playas y todo tipo de negocios en las instalaciones hacían parte de una larga lista de graves anomalías y libertades de las que gozaban militares condenados a altas penas de prisión por homicidio, masacres, torturas y secuestro.

Al estallar el escándalo, conocido como Tolemaida Resort, el Ejército negó las irregularidades. Un mes después una comisión del Ministerio de Defensa corroboró las denuncias de SEMANA. “Se evidencia que el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida se convirtió en un desorden administrativo sin precedentes, con alto grado de corrupción”, decía. Después de detectar 124 anomalías, la comisión formuló remedios para evitar que siguieran ocurriendo. Desde entonces, el caso pasó al olvido.

Desde hace varios meses, SEMANA volvió a ingresar en varias oportunidades al penal militar. Algunas irregularidades se han corregido: ya no funcionan las cabañas de recreo, ni los negocios de los presos dentro del penal, y los familiares no se quedan a dormir.

Pero muchos de los detenidos continúan gozando de privilegios que están muy lejos de cumplir los reglamentos más básicos de cualquier penal. Paseos a sitios turísticos y piscinas, permisos de varios días para ir a casa, reclusos que se la pasan de compras en Bogotá, uso de celulares, computadores e internet, son tan solo algunas de las cosas que esta revista volvió a encontrar. 

Que mucho siga como antes es escandaloso. Y lleva a preguntarse por qué, pese a las denuncias, el relajo continúa. Más que ante casos aislados de ‘avivatos’ todo apunta a que Tolemaida oculta una sistemática generosidad con militares condenados por violar los derechos humanos. La gran pregunta es: ¿por qué?

Gran parte de la indignación nacional que produjo la investigación de SEMANA hace dos años consistió en que no era fácil de entender cómo un alto número de los militares detenidos salía de prisión como Pedro por su casa para irse de paseo, o se daba el lujo de vivir en condominios por fuera del penal a pesar de tener condenas superiores a los 30 años de prisión. Ese tipo de salidas continúa y solo se han restringido desde hace pocos días, cuando el alto mando militar se enteró de la nueva investigación de SEMANA.

“El asunto es bastante sencillo. A muchos de los que estamos acá aún no nos han notificado la baja. En la práctica eso implica que seguimos recibiendo parte del sueldo aun estando en el CRM. Pero lo más importante es que muchos seguimos teniendo nuestras cédulas militares vigentes –explicó a SEMANA un oficial dentro del penal–. En la guardia hay de turno generalmente soldados bachilleres o suboficiales que lo conocen a uno. 

Por 10.000 o 20.000 pesos lo dejan salir o, en otros casos, se impone el rango. La clave es que no lo anoten en el libro de permisos, por si hay inspección. A final de noviembre hubo un lío porque un comandante de guardia que estaba nuevo anotó la salida de mi coronel Pulido Rojas Hernando (condenado a 30 años por homicidio). El director del CRM regañó al de la guardia por eso y nunca volvió a pasar”, dice.

“Después es más fácil”, continúa, explicando que después de pasar la garita del penal, es más sencillo pasar la del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae), dentro del cual está el CRM. 

“Generalmente en la guardia del Cenae están soldados, suboficiales y oficiales que no saben que uno es un detenido. Ahí uno muestra la identificación y sale y entra sin lío como si aún estuviera en servicio activo”. Una de las recomendaciones de la comisión fue tener personal capacitado en la custodia para que los rangos o el espíritu de cuerpo no fueran variables que permitieran esas irregularidades. Jamás se aplicó.

Ese modus operandi funciona para salidas cortas. Cuando se trata de varios días el asunto cambia. “Después del brinco de hace dos años (el escándalo de Tolemaida Resort) apretaron las cosas un tiempo. Pero después de que se hizo una huelga de hambre y una protesta a mediados del año pasado, se optó por ‘legalizar’ las salidas”, dijo a SEMANA un suboficial detenido. “Usted consigue una remisión para que lo lleven al Basan (Batallón de Sanidad) o al Hospital Militar. 

Eso le da hasta tres días o más. Incluso, uno hasta va al médico, pero una vez termina la cita puede hacer sus cosas. La idea de esos permisos es que cuando haya una revisión de cualquiera en el CRM exista algún tipo de soporte para justificar la salida”, contó. Ese tipo de permisos, y otros llamados excepcionales, se convirtieron en la nueva boleta de libertad para varios de los militares detenidos (ver carta dirigida al general Navas y carta dirigida al general Mantilla).

SEMANA pudo comprobar que un grupo de militares gozó de esos extraordinarios permisos. Uno de ellos es el sargento segundo Wilson Casallas Suescún, capturado en 2005 y condenado a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida cuando hizo parte del Batallón Pijaos de la Sexta Brigada del Ejército, por participar en abril de 2004 en la muerte de cuatro campesinos, entre ellos dos menores de edad y un bebé de seis meses, en Cajamarca. 

Recluido en Tolemaida desde enero de 2010, fue uno de los que continuó con su negocio aun después del escándalo de hace dos años. Tenía una buseta particular de transporte y estuvo en operación hasta agosto del año pasado, cuando la puso en venta. El vehículo era conducido por su esposa. Su mujer y sus hijas vivían en una casa fiscal dentro de Tolemaida, lo cual no tiene precedentes. Cada mes Casallas sale del complejo a ‘citas médicas’ de varios días en Bogotá (ver información en los intertítulos al final de este artículo).

Otro de los casos documentados por SEMANA es el soldado profesional Santiago Escudero, quien tiene el tristemente célebre honor de ser el primer militar en haber sido condenado por la Corte Suprema de Justicia como responsable de los llamados falsos positivos al asesinar a dos campesinos y hacerlos pasar por guerrilleros. Escudero fue capturado en 2007 y está detenido en el CRM desde mayo de 2009, condenado a 35 años de prisión. 

Aunque fue uno de los protagonistas del escándalo de hace dos años y no lleva ni la tercera parte del tiempo de su pena, visita con frecuencia a su familia en Ibagué durante varios días, un lapso que aprovecha también para ir a centros recreacionales (ver fotos al costado derecho). Solo restringió esas actividades hace pocas semanas, cuando fue alertado de la inminencia de una nueva publicación de SEMANA (ver información en los intertítulos al final de este artículo).

Estos son tan solo dos de más de una docena de casos que SEMANA logró verificar y documentar en los últimos meses. Esta revista recorrió algunos de los barrios de Melgar, El Espinal e Ibagué en donde algunos vecinos y familiares confirmaron las visitas que les hacen los reclusos.

En diciembre, esta feria de permisos llegó a niveles insólitos. Se autorizaron visitas que no se registraron en los libros. Las requisas hacían la vista gorda al ingreso de licor, celulares o computadores portátiles. Poco antes de Navidad se hicieron concursos que se premiaban con permisos de 48 horas. 

“Se hicieron varios concursos. Por ejemplo la celda mejor decorada, el mejor pesebre, el mejor diseño del escudo y la bandera del CRM y así”, contó uno de los ganadores que fue a visitar a su familia a Ibagué y quien afirmó que cerca de 30 internos fueron favorecidos. 

“Los permisos excepcionales son algo que está contemplado en la ley, pero para casos muy específicos como por ejemplo la muerte de un familiar cercano de un interno, caso en el cual, una vez aportados los soportes y autorizado, se le permite ir al funeral, siempre acompañado de guardianes. Con las remisiones médicas ocurre algo similar. 

Se deben siempre tener los soportes e informar”, explica un funcionario del Inpec. “Pero nada de eso ocurre con los CRM. Nunca se informa cuando se otorgan esos permisos o por qué o si hay algún tipo de soportes. No sabemos cómo o cuándo trasladan a los internos. Cuando permiten realizar muy ocasionalmente inspecciones lo único que nos muestran son papeles con los supuestos permisos. Y el papel aguanta todo”, añade. 

Aunque hace dos años se determinó que los militares debían permitir un control más estricto por parte del Inpec, nunca se aplicó.

Tampoco ha cambiado el uso de celulares, por ley prohibidos para los presos. La gran mayoría de los internos los tienen, y muchos, iPhone o BlackBerry. SEMANA tiene un listado con los números de líneas de militares presos en el CRM y confirmó que estos aparatos están dentro del penal. El descaro es tal que algunos están a nombre de los propios detenidos. Con ellos, mantienen contacto con el exterior y realizan negocios. “Es raro que los encuentren cuando hacen requisas. Casi siempre nos avisan cuando hay inspecciones y nos da tiempo suficiente para esconderlos”, contó uno de los detenidos.

SEMANA tuvo acceso a cartas y documentos, algunos de ellos de la semana anterior, dirigidos al comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, y del Ejército, general Sergio Mantilla, en las que el Inpec les insiste en el cumplimiento de los acuerdos y las normas básicas que se debieron desarrollar desde hace dos años.

“En términos simples nosotros no sabemos nada de lo que pasa allá. No tenemos mayor información porque nunca la han enviado, ni siquiera cosas tan elementales como la información de los internos, fotos, hojas de vida, y menos cómo les están descontando penas por supuestos trabajos o estudios, cómo o por qué les dan permisos. ¡Nada!”, dijo a SEMANA un funcionario del Inpec.

Hace un mes SEMANA consultó a los altos mandos sobre estas irregularidades. Aunque inicialmente se dijo que los informes que se tenían por parte de la Inspección General del Ejército no habían detectado problemas, se ordenaron nuevas pesquisas. Ante la inminencia de un nuevo escándalo, algunos integrantes de la inspección así como de la dirección del penal alertaron a los detenidos y a algunos les recomendaron bajar fotos comprometedoras de sus páginas de redes sociales. 

El jueves de la semana pasada, el Ejército anunció que el director del CRM, el coronel Juan Ricardo Silva, fue relevado del cargo y anunció que se adelantan dos investigaciones. Un cabo encargado de la vigilancia de los detenidos fue trasladado, y se dijo que “se preparan” los traslados de algunos internos.

Pero estas medidas solo se tomaron ante la inminencia de la publicación de este nuevo escándalo y, pese a que el alto mando se enteró de ellas cuando SEMANA pidió explicaciones, las irregularidades continuaron durante más de un mes.

Esos cambios y anuncios recuerdan las medidas tomadas hace dos años. Sin embargo, no resulta fácil entender que después de los escándalos de entonces los militares detenidos en Tolemaida continúen con semejantes privilegios. No se trata de casos aislados en una población de 300 detenidos, ni de faltas leves, pues muchos tienen severas condenas por crímenes atroces.

Que este escándalo se repita lleva a preguntarse qué poderosos intereses podrían estar tras los generosos beneficios para los condenados. Hace dos años, uno de los suboficiales detenidos dijo a SEMANA: “Se acordará de mí, que todo vuelve a la normalidad. Cuando hay un escándalo aprietan un poco, pero con el tiempo todo va a seguir igual. 

Si la mitad de los que estamos acá condenados hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país, muchos coroneles e incluso generales acabarían acá presos con nosotros”.

Se sabe que varios de los condenados por los delitos más graves fueron subalternos de altos oficiales hoy retirados, con los cuales los actuales comandantes parecen preferir evitar problemas. Por algo, dos años después, otro de los condenados dice lo mismo: “Ahora van a apretar con medidas otra vez. Pero a muchos siempre nos van a tener bien, porque si nosotros habláramos....”.

‘Shopping tour’

Un condenado a 40 años por la muerte de cuatro campesinos, entre ellos dos niños y un bebé, anda de compras en Bogotá.

A las 11:30 de la mañana del 27 de marzo, Wilson Casallas inició un recorrido por los almacenes de deportes de la calle 17, entre las carreras Quinta y Séptima en el centro de Bogotá. Iba acompañado de quien parecía ser un amigo. Durante dos horas, miró y se midió guayos de fútbol. El asunto no tendría nada de particular de no ser porque Casallas es un sargento segundo del Ejército condenado a 40 años de prisión por el asesinato de cuatro campesinos, entre ellos dos menores de edad y un bebé de seis meses.

Ese día SEMANA grabó al militar y su amigo, un cabo de apellido Correa cuya misión, en teoría, era custodiarlo, no servirle de acompañante de shopping. El tour duró hasta la 1:40 de la tarde, cuando Casallas compró dos pares de guayos, uno para él y otro para el Oso, otro militar detenido con quien conversó todo el tiempo por celular, pese a que se supone que un preso no puede tener ese aparato.

Al acabar, llamó para que los recogieran. Unos 20 minutos más tarde apareció una pequeña furgoneta Hyundai blanca de vidrios oscuros placa DIX 958, de Duitama. El vehículo de la prisión, que más parecía un servicio de taxi, los llevó al batallón de Puente Aranda, donde recogieron a tres compañeros. Poco antes de las cuatro de la tarde, todos partieron rumbo a Tolemaida a donde llegaron hacia las 9 de la noche.

Casallas había llegado el día anterior para una supuesta cita médica al Centro de Reclusión Militar localizado en el batallón de Policía Militar en Puente Aranda, conocido como PM-13. Después de asistir a un control en el Hospital Militar salió a hacer diligencias. Estuvo en el Éxito de la calle 53, realizó dos retiros de dinero a las 12 del día por 520.000 y 320.000 pesos respectivamente (por ley, ningún interno debe manejar efectivo). Hizo otras compras en el sector de Chapinero y entrada la noche regresó a la PM-13.

Este viaje ‘médico’ fue corto. Mensualmente, el sargento sale de permiso a citas que duran tres días, tiempo que aprovecha para visitar amigos y familiares en la capital. Incluso algunas veces se queda en las casas de ellos o de su mamá en Soacha. SEMANA tiene documentadas no menos de diez salidas de ese estilo en menos de seis meses.

Una semana después de la jornada de compras esta revista pidió explicaciones al Ejército. Miembros de la Inspección General y el director de la cárcel militar alertaron al detenido y a su guardián de que habían sido grabados. Como si nada.

El miércoles pasado, a las 9:30 de la noche, desde su celda, Casallas conversó por su celular sobre una buseta de su propiedad, que acababa de vender en 53 millones de pesos y que hasta hace poco tuvo trabajando dentro del fuerte de Tolemaida (por ley, ningún preso, por supuesto, puede hacer negocios y mucho menos por teléfono desde la cárcel).

Piscifiesta

Un soldado con 35 años de cárcel sale a piscina con la familia en Año Nuevo.

El soldado Santiago Escudero, condenado a 35 años de prisión, pasó unos días de vacaciones por fuera del penal de Tolemaida en un centro recreacional cerca de Ibagué.

El soldado profesional Santiago Escudero Uribe, condenado a 35 años de prisión por el asesinato de dos campesinos en Antioquia, es un hombre afortunado a pesar de su pena de prisión y de estar detenido en Tolemaida desde hace cinco años.

En 2011 fue uno de los protagonistas del escándalo en ese penal militar, pues SEMANA corroboró con los vigilantes y administradores del conjunto residencial Campo Hermoso, en la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá, que el soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto, en donde estaba su familia. Allí lo conocían como propietario de dos panaderías en Melgar.

A raíz del escándalo, a Escudero le tocó regresar a vivir al penal. Pero tiene la buena fortuna de contar con una serie de servicios excepcionales. A mediados del año pasado recibió 12 días de permiso para ir a Ibagué al bautizo de su hija. En Año Nuevo disfrutó de tres días, que aprovechó para ir con su hija y su esposa a piscina. Hace tres semanas viajó a Ibagué para una cita médica que curiosamente fue de viernes a domingo.

Alegrías decembrinas

La feria de permisos navideños y de Año Nuevo. 

En diciembre pasado varios de los militares presos estuvieron celebrando el año nuevo en este sector de “muchachas”, cerca de Tolemaida, conocido como Las Coloradas.

Para las fiestas navideñas, en el penal de Tolemaida se organizaron concursos, como la celda mejor decorada o el mejor pesebre. A los ganadores se les daban permisos de hasta 48 horas para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias.

“El lío estuvo en que varios compañeros que tenían esos permisos y les habían dicho a las esposas que iban para Navidad, nunca llegaron. Las mujeres se preocuparon y comenzaron a averiguar. Varias se dieron cuenta de que algunos cogieron para otros lados o donde otras viejas. Eso calentó la cosa porque varias de ellas llamaron a los comandantes de acá a poner las quejas”, contó a SEMANA un soldado que salió beneficiado de esos permisos.

Para Año Nuevo la situación fue parecida. Ese día hubo visitas hasta tarde y trago, y luego dejaron salir a muchos otros. “A más de 30 los dejaron salir con el compromiso de regresar a las 5 de la mañana del primero de enero. Unos suboficiales se fueron a beber al casino. Otros se fueron para donde Las Coloradas”, contó un oficial.

Las Coloradas es el nombre con el que es conocido un sector de burdeles, a pocos kilómetros de Tolemaida. SEMANA estuvo allí y verificó con algunas de las muchachas que la fiesta se prolongó hasta las primeras horas. Algunas conservan fotos de la parranda con los militares detenidos, aunque pocas sabían que se trataba de presos.

Generales advertidos...

El Inpec ha insistido en vano en que las Fuerzas Armadas  cumplan sus recomendaciones para evitar escándalos y desmanes en Tolemaida (ver carta dirigida al general Navas y carta dirigida al general Mantilla).

El pasado 8 de abril, dos cartas con carácter urgente fueron radicadas ante el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, y el del Ejército, general Sergio Mantilla. Firmadas por el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, son las más recientes comunicaciones en las que el instituto penitenciario señala protuberantes irregularidades y solicita el cumplimiento de normas mínimas, acordadas tras el escándalo de hace dos años.

Algunos de los puntos de estas irregularidades son la ausencia de cartillas biográficas con información sobre los detenidos, la falta de información y soportes de autoridades judiciales para el otorgamiento de permisos de hasta 72 horas a los internos, y la carencia de soportes para las rebajas de penas.