Mario Montoya, el gran general de Uribe, ahora ante la JEP

El general Mario Montoya, excomandante del Ejército, acaba de firmar el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por el momento en que esto ocurre y por tratarse de Montoya, es una determinación de gran calado con eco internacional e implicaciones que van más allá de su propio caso.

Decir Mario Montoya es decir el gran general de la seguridad democrática implementada en los gobiernos de Álvaro Uribe. El exoficial, que prestó servicio a lo largo de 39 años, fue el más aguerrido escudero de Uribe desde los tiempos en que este era gobernador de Antioquia. Montoya –el general tropero– protagonizó varias de las páginas de mayor gloria del Ejército Nacional.

Mario Montoya.

La más sonora fue la Operación Jaque ejecutada el 2 de julio de 2008, con la que se logró, sin disparar un tiro, la libertad de Íngrid Betancourt, 11 militares y 3 contratistas norteamericanos secuestrados por las Farc. En otro momento, los hombres de Montoya participaron en la Operación Fénix en que fue abatido alias Raúl Reyes, tras un bombardeo a su campamento en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. La acción, que produjo un gran lío diplomático, significó un duro revés para la guerrilla en la correlación de fuerzas de la guerra, pues nunca antes uno de sus jefes había sido tocado. Además, a Montoya se le reconoce como el hombre clave en lograr que el Ejército obligara a las Farc a un repliegue en territorios que había controlado por décadas. Pero junto a las medallas y altas distinciones, la carrera del general Montoya tiene sombras muy oscuras.

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El expediente más abultado contra el general –con miles de folios– es por los llamados falsos positivos. Pero aún antes de que se presentara esa especie de cáncer que se desarrolló sistemáticamente en el Ejército bajo la batuta de Montoya, ya otros prontuarios lo salpicaban. Su nombre aparece en los expedientes por la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó ocurrida en febrero de 2005, cuando Montoya era comandante de la Primera División y viajó a la Brigada XVII, con sede en Carepa, a coordinar una serie de operaciones contra el frente 5 de las Farc, despliegue que terminó en el crimen de seis menores de edad y cinco campesinos.

Otra sombra que oscurece la trayectoria del general es la Operación Orión, ejecutada en la comuna 13 de Medellín en 2002. Se trató de una envestida urbana sin precedentes para golpear las milicias guerrilleras que controlaban esa zona en donde se perpetraban todo tipo de crímenes. Luego de dos días de fuegocruzado y tras varias semanas de ‘pacificación’, cuando la humareda del combate se apaciguó, la Personería de Medellín documentó denuncias por innumerables capturas arbitrarias y detenciones selectivas de habitantes que nunca volvieron a aparecer. Así mismo, Montoya está enredado en la falsa desmovilización del frente Cacique Gaitana, caso por el cual el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo fue procesado y que lo llevó al exilio. Restrepo aseguró que Montoya fue el cerebro de tal farsa: “Yo no quería darle alto perfil al acto. El general Mario Montoya fue el que llevó a los periodistas. Lo único que a mí me tocaba era recibir el listado para verificar las identidades”.

Pese a todo, el lío mayúsculo del general Montoya son los falsos positivos. De hecho, ese escándalo acabó con su carrera hace diez años, y lo tiene en el radar de la Corte Penal Internacional. El informe ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado’, que la Fiscalía entregó esta semana a la JEP, da cuenta de 2.248 víctimas en casos ocurridos entre 1998 y 2014, “siendo el periodo con mayor victimización los años comprendidos entre 2006 y 2008 con el 59, 3 por ciento de los casos”. El pico señalado coincide exactamente con los años en que Montoya fue comandante del Ejército.

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En 2008, cuando estalló el escándalo y se hizo evidente la sistematicidad de tales crímenes, el presidente Uribe y el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, no tuvieron más opción que hacer una purga severa. Fueron descabezados 3 generales, 11 coroneles y 13 oficiales, algunos de ellos discípulos de Montoya. Ante esto, el general se vio obligado a presentar renuncia, y el presidente, a pesar de las críticas, lo nombró embajador en República Dominicana. Los procesos contra Montoya se han ido ensanchando por una década sin llegar a determinaciones de fondo. En 2016 la Fiscalía anunció que lo imputaría, pero la diligencia se embolató y nada ha ocurrido.

En esos expedientes, que pasarán en breve a la JEP, hay pruebas técnicas, audios de instrucciones radiales, bitácoras de operaciones, testimonios incriminatorios y centenares de elementos que evidencian que desde la cúpula del Ejército la orden táctica fue medir el éxito de la guerra “en litros de sangre”, con lo cual se incentivó la obtención de bajas a como diera lugar, a cambio de prebendas. Además, de acuerdo a la investigación ‘El rol de los altos mandos en falsos positivos‘, de Human Rights Watch (HRW), existen las declaraciones de al menos seis generales del Ejército que ponen contra la pared a Montoya. Por ejemplo, el general Gustavo Matamoros, jefe de Operaciones en esa época, aseguró que le dijo a este que “se estaban causando más bajas a milicianos con arma corta (…) y que no se estaban identificando a los bandidos, sino que se mandaban como ‘NN’ todos”. Con este panorama, para defender su absoluta inocencia frente a los falsos positivos, el general Montoya tendría que convencer con la improbable tesis de que no vio al elefante en el salón.

El lío mayúsculo del general Montoya son los falsos positivos.

Esa es su postura inicial al presentarse a la JEP. Tras radicar el acta de sometimiento, el abogado del general, Andrés Garzón, aseguró que el exoficial es inocente y que su comparecencia no implicará reconocimiento de ninguna culpa. “Vamos a llevar nuestra verdad ante la JEP”, aseguró el defensor, quien explicó que, tal como lo han hecho en la justicia ordinaria, entregarán documentos que prueban que Montoya como comandante del Ejército priorizó el cuidado de los derechos humanos.

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El general decidió dar el paso a la justicia transicional en un momento clave. Hace apenas unos días la bancada oficialista del Centro Democrático logró incluir en la ley de reglamentación de la JEP un artículo que abre un compás de 18 meses en el que los miembros de la fuerza pública pueden abstenerse de comparecer, a la espera de que se haga una reforma profunda que les brinde condiciones más favorables. Al general no le interesó eso. Lo que muestra un desmarque del uribismo, o cuando menos que unos son los cálculos que hacen los políticos y otros los análisis de quienes están envueltos en los procesos penales.

La decisión de Montoya de someterse a la JEP se dio después de que la presidenta, Patricia Linares, se reunió con la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda.

Probablemente, también incidió que hace una semana la presidenta de la JEP, Patricia Linares, tuvo un encuentro en La Haya con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Además de la foto, quedó el mensaje de la fiscal, quien manifestó su respaldo al Tribunal para la Paz sin dejar de advertir que Colombia está bajo su jurisdicción y que vigilará “que los peores crímenes cometidos durante el conflicto no queden impunes”.           

De otra parte, José Miguel Vivanco, director de HRW, cuestionó la inoperancia de la Fiscalía frente al caso del general: “Este sometimiento no impide que la Fiscalía aún pueda imputar a Montoya. Si ha avanzado la investigación, deberían probarlo con una imputación”. SEMANA le preguntó a Néstor Humberto Martínez quien aseguró que la Fiscalía mantiene la competencia de todos los casos de reinsertados y agentes del Estado hasta que la JEP asuma formalmente esos expedientes. “De tal manera que nadie puede sorprenderse de que las investigaciones continúen y que se sigan produciendo decisiones”.

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Por todo ello, el escenario más viable para que el general Montoya rinda cuentas a la justicia resulta ser la JEP. Si definitivamente, tal como parece, el excomandante no acepta culpa, su caso escalará de la Sala de Reconocimiento de Verdad al Tribunal para la Paz, en donde enfrentará un juicio. Y si allí resulta vencido, sería condenado a entre 15 y 20 años de cárcel (en la justicia ordinaria esa misma sanción podría significar hasta 60 años de prisión). Pero para llegar a ese punto falta mucho. Entre tanto, el general analizará los pros y contras. Montoya deberá considerar la opción de recibir una pena alternativa estipulada entre 5 y 8 años de privación de la libertad para quienes reconozcan “tardíamente responsabilidad” y contribuyan a la verdad con delaciones y reparando a las víctimas. Es por eso que con 69 años de edad, las cuentas que hará el general tendrán implicaciones más allá de su caso.