Con un pie en EE. UU. taxistas que mataron agente de la DEA

Después de casi tres meses desde que la Corte Suprema dio vía libre para la extradición de los taxistas implicados en el asesinato del agente de la DEA James Watson, este hecho se cumplirá en las próximas horas.

El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo que ya el gobierno nacional le entregó al ente investigador las resoluciones que permiten poner a disposición de Estados Unidos a los siete taxistas, que actualmente están recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Perdomo aseguró que la extradición de los conductores se dará en los próximos días, luego de que la Fiscalía los ponga a disposición de las autoridades estadounidenses.

Los siete taxistas fueron solicitados por una Corte de Virgina Estados Unidos. En el caso de Gerardo Figueroa Sepúlveda, alias ‘Garcho’; Ómar Fabián Valdés Gualtero, alias ‘Gordo’; Édgar Javier Bello Murillo, alias 'Payaso'; Héctor Leonardo López, alias 'Bavario’, son solicitados por los cargos de asesinato de una persona con protección internacional, asesinato de un funcionario de los Estados Unidos, concierto para secuestrar y secuestro.

El 10 de abril de este año, el presidente Juan Manuel Santos dio el aval para la extradición y semanas atrás ya lo había hecho la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

En junio del 2013, y en cuestión de cinco días, los investigadores de la Policía desentrañaron una de las investigaciones más importantes: el crimen del miembro de la DEA James Terry Watson, ocurrido el 21 de junio del año pasado.

 

Lo hicieron contra el reloj porque se trataba ni más ni menos que de un miembro de una agencia estadounidense que prestaba sus servicios en la cacería de capos del narcotráfico en la Costa. Pero además, porque una de las políticas de los miembros de la DEA que ayudaron en la investigación es no descansar hasta dar con los victimarios de sus agentes.

 

Para empezar, los investigadores encontraron que no se trataba de una banda cualquiera dedicada al ‘paseo millonario’. Durante el 2013, la Policía desarticuló 10 organizaciones dedicadas a este tipo de delitos. Esto les permitió comprender que el modus operandi era distinto al que generalmente usan los delincuentes en estos casos: taxis piratas con placas falsas y números de serie alterados. 

 

Sin embargo, en el caso del agente, la banda eludió los controles de las autoridades y por ello era considerada peligrosamente eficiente. Los taxistas atracadores usaban vehículos perfectamente legales que pertenecían a personas acreditadas en el gremio. El dueño del vehículo se los alquilaba a cambio de un producido de 60.000 pesos diarios, pero desconocían totalmente las andanzas de sus conductores. 

 

“El usar taxis legales le permite a la banda eludir los puestos de control, ya que todos sus papeles y documentos están en regla. El taxi podía andar toda la noche por la ciudad sin que se sospechara que sus conductores estaban dedicados al atraco”, le dijo un investigador de la Policía a Semana.com. 

 

La coartada que empleaban usualmente los taxistas que asesinaron a Watson era simple: cometían un atraco que les podía representar varios millones de pesos en una noche. Esto les permitía entregar la cuota del producido al dueño del carro sin necesidad de trabajar por muchas horas. De hecho, el vehículo podía estar guardado durante el día. 

 

Desde la misma noche del atraco, decenas de miembros de inteligencia de la Policía de Bogotá, Dijin y Dipol comenzaron lo que ellos denominan un trabajo de infiltración en terreno. Esencialmente empezaron a hablar con centenares de taxistas en toda la ciudad y recogieron sus versiones. De allí salieron las primeras pistas que los llevaron a establecer cuáles eran los taxis legales en los cuales se había cometido el atraco. 

 

Comenzaron la búsqueda que, por tratarse de vehículos legales, no tardó mucho. Para la tarde del viernes, menos de 24 horas después del crimen, hallaron los carros y empezaron una segunda fase de la investigación para establecer quiénes los manejaban. 

 

En poco tiempo dieron con los conductores, quienes fueron movilizados hasta la sede de la Policía Metropolitana donde fueron entrevistados. Dijeron que no tenían nada que ver en el asunto, pero los agentes que recibieron la versión tenían la absoluta certeza de que ellos eran los responsables del crimen. 

 

Ahora estos siete implicados, que en su tiempo fueron el azote de la calle 93, en Bogotá, deberán responder ante un implacable juez extranjero y, de ser hallados culpables, deberán pagar una dura pena por un delito que la justicia estadounidense no perdona.