FALLO SOBRE UNA MASACRE

El 14 de abril de 1978 los diarios de Bogotá amanecieron con un titular a tres columnas. Uno de ellos decía: "Espectacular golpe del F-2; muertos siete secuestradores". Se trataba, según esa fuente, de la culminación de una operación de seguimiento a la que se consideraba una de, las más importantes bandas de plagiarios del país. En la casa de los hechos -decía el matutino- se hallaron varios vehículos que habían sido empleados en el secuestro del ex embajador en Francia y exportador de flores, Miguel de Germán Ribón. Por otra parte, según las fuentes policiales, entre otros objetos, fue hallada una lista de prominentes personajes, probables candidatos para otros secuestros. Fotos acompañaban el artículo en las que los delincuentes abatidos portaban aún algunas de las armas que habían esgrimido durante media hora contra los agentes secretos. Una fuente castrense, más tarde declaró: "Ha sido desbaratada probablemente, la más poderosa red de secuestradores existente en Colombia".
De la convulsa acción, en la que participaron once policías, paradójicamente ninguno de ellos quedo herido. Tampoco hubo capturas.
Pero esta versión de los hechos -que la prensa rápidamente bautizó como "El drama del Contador", por el barrio donde ocurrió la tragedia- pocos días después dio lugar a contradicciones. Luis Alberto Guerrero, esposo de María Fanny Suárez de Guerrero, una de las personas ultimadas, exigió a la Procuraduría General de la Nación una investigación, alegando que su esposa ni las otras seis personas habían sido delincuentes y que más bien habían sido asesinadas por el grupo policial.
Comenzados los trámites del organismo citado, se llegó a una muy diferente versión de los hechos.
Los agentes, siguiendo órdenes del mayor Carlos Julio Castaño Rozo, jefe del Sipec del F-2, allanaron el 13 de abril de 1978 la residencia, bajo la creencia de que allí se hallaba cautivo el citado ex-embajador, quien había sido secuestrado días antes por un grupo guerrillero. Al no encontrarlo los agentes se agazaparon y parapetaron dentro de la casa, a la espera de que los residentes entraran a ella. Así, más tarde, comenzaron a cazarlos uno por uno: Alvaro Enrique Vallejo Quiñónez, de 25 años; Juan Bautista Ortiz Ruiz, María Fanny Suárez de Guerrero, de 34 años; Eduardo Sabino y Blanca Nidia de Sabino; Omar Reyes Layton y Jorge Enrique Salcedo.
Días después, gracias a declaraciones de parientes y testigos presenciales, se estableció que las armas incautadas allí habían sido plantadas por los agentes secretos para justificar el ataque. De los siete ultimados sólo dos tenían antecedentes penales, pero por delitos distintos del secuestro. Una carabina y dos revólveres, que fueron hallados en la casa, se comprobó, no habían sido usados recientemente al presentar signos de oxidación.
El 27 de julio pasado, cuatro años después, se supo que el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra había condenado al Estado colombiano por la muerte de esas personas, después de haber adelantado su propia investigación. Según el organismo internacional, "las siete personas perdieron la vida como resultado de la acción deliberada de la policía y la privación de la vida fue intencional (...) sin dar a éstas ninguna oportunidad de rendirse a la patrulla policial ni ofrecer ninguna explicación de su presencia o de sus intenciones".
En julio de 1980, el Inspector General de la Policía, había ordenado la cesación de todo procedimiento penal contra los once agentes acusados de los hechos del contador. La orden estaba basada en el artículo 7 del decreto 0070 del 20 de enero de 1978, que popularmente fue apellidada desde ese entonces como "el decreto de la pena de muerte" por prever una circunstancia exculpativa de acusación criminal para delitos cometidos por miembros de la Policía al reprimir ciertas actividades delictivas.
Un tribunal militar superior anuló entonces la decisión del Inspector General de la Policía, pero el 31 de diciembre de 1980, el consejo verbal de guerra a que se había remitido de nuevo el caso, absolvió una vez más a los 11 policías.
Luis Alberto Guerrero, esposo de María Fanny Suárez, la última víctima de la noche del 13 de abril de 1978, tuvo que abandonar el país por una serie de amenazas contra su vida que le formularan desconocidos. Había apelado finalmente ante el comité de derechos humanos de la ONU, obteniendo ahora la condena al Estado colombiano mencionada, según la cual éste deberá pagar al esposo de María Fanny una indemnización por la muerte de ella y asegurar que "se proteja debidamente en la ley el derecho a la vida".