En medio de la grave crisis de la salud en Colombia, existe un caso reciente que les ha dado rostro a la negligencia e improvisación: Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia.
La familia del menor radicó recientemente una demanda administrativa contra la Nación, advirtiendo que se presentaron graves omisiones por parte de las autoridades del Estado encargadas de administrar los recursos y el acceso a la salud.
Esto, pese a los constantes reclamos ante la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud: no se tomaron medidas para salvaguardar la entrega de los medicamentos y mucho menos la continuación del tratamiento.
En la demanda se pide la reparación por graves daños materiales y morales que sufrió el núcleo familiar del menor. El abogado William Mejía, quien ha acompañado y asesorado a la familia del menor, manifestó que la familia de Kevin sufrió, además, daños psicológicos por el shock emocional de haber perdido a su ser querido en una situación que tenía un amplio margen de maniobra para proteger su vida.
La Procuraduría General ya convocó a una audiencia de conciliación a las partes demandadas y a los representantes de la familia del menor.
La demanda pide reparar a la madre de Kevin, sus dos hermanas, su abuela materna y otros familiares de segundo grado de parentesco.
“Se solicita, como base conciliatoria, el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura que, según el caso ordinario de las cosas, habría podido proyectar hacia su familia”, cita la convocatoria de conciliación.
Los asesores jurídicos de la familia han puesto de presente los constantes traslados que tuvo el menor, las fallas en la continuidad de los tratamientos, así como el hecho de que no contaba con una IPS asignada. Esto, pese a la gravedad del caso.
Por esta situación, se ha reclamado frente a la grave negligencia de las respectivas EPS que tuvieron a cargo su caso al no entregarle el medicamento. Así mismo, por las omisiones que llevaron al deceso del menor de edad.
De no llegarse a un acuerdo frente al monto exigido, el proceso administrativo continuará su curso. Fuentes consultadas señalaron que este tipo de procesos se puede demorar hasta diez años.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han sido fuertemente cuestionados tras declarar que la familia del menor tuvo responsabilidad directa en los hechos que llevaron a su muerte.
En el caso del jefe de Estado, se le cuestionó haber revelado públicamente la historia clínica del menor, cuando la ley y la Constitución han sido constantes en señalar que estos son datos extremadamente reservados.
Mientras tanto, al Ministro de Salud se le criticó por rebajar la muerte del menor a un accidente por montar bicicleta.