¿A qué jugarán las Farc en la política?

Todo proceso de paz, en cualquier país, marca un tiempo excepcional que ha requerido medidas extraordinarias y transitorias. En Colombia no será diferente. Así como se ha creado una justicia especial para buscar cerrar la horrible noche de la guerra, comienzan a esbozarse los cambios políticos –y su respectivo debate- que traerán consigo los acuerdos con las Farc.

A esta hora en La Habana se discute uno de ellos: cómo garantizar el ingreso de los guerrilleros, y de sus territorios de influencia a la política. Por ahora hay dos caminos: el primero es ampliar la Cámara de Representantes para incluir a las zonas más golpeadas por la guerra, a través de una circunscripción especial de paz. El segundo, más controvertido, es asignar curules directas en el Senado para el nuevo partido que surja del desarme de las Farc.

La circunscripción especial de paz quedó pactada, al principio del proceso, en el punto dos de la agenda que tiene que ver con la apertura democrática que necesita el país para pacificarse, y esto va más allá de la participación específica de las Farc. Se trata de un número de curules en la Cámara que podría estar entre 10 y 15, asignadas a los territorios que más han sufrido los estragos de la guerra, tienen una baja presencia institucional y son particularmente pobres. Sería una figura transitoria, por 8 o 12 años, para incorporar a la población campesina a los centros de poder. Porque hasta ahora está claro que solo podrán ser candidatos a estos cupos organizaciones y personas que efectivamente habiten en estos territorios o estén en proceso de retorno. Ya Colombia vivió una experiencia similar con los cupos de Cámara creados en los noventa para indígenas y afros.

Esta circunscripción se diferencia de los cupos normales de los departamentos en la Cámara, porque estarían compuestos por agrupaciones de municipios que incluso pueden hacer parte de departamentos distintos. El magistrado del Consejo Electoral Armando Novoa presentó esta semana un proyecto de acto legislativo con 13 posibles jurisdicciones.

Respecto a estas curules todavía está en discusión si deberían contemplar solo las zonas rurales y excluir cabeceras municipales para darle verdadera representación al sector rural; y si el partido que surja de las Farc puede competir por ellas o solo lo harían las organizaciones sociales y campesinas. Hasta ahora parece haber consenso en que los partidos existentes no podrían competir en esta circunscripción especial. También está por definirse cuándo se empezaría a implementar, si el próximo año o en 2018.

Curules a dedo

El segundo camino para la inclusión política, y el que más polémica despierta, tiene que ver con curules directas para las Farc. Aunque un 71 por ciento de los ciudadanos rechaza la posibilidad de que Timochenko o Iván Márquez terminen de senadores de la República, según la más reciente encuesta Colombia Opina, en el país político esta posibilidad goza de mayor aceptación.

En Colombia esto tampoco es nuevo. Con el M-19 se había pactado una favorabilidad política que finalmente se cayó en el Congreso. En la Constitución quedó un artículo transitorio que autorizaba al presidente a otorgar dos curules a movimientos que hubiesen pasado por un proceso de paz, y que pudieron ser asignadas a dedo a la Corriente de Renovación Socialista. Este parágrafo ya no está vigente.

Lo más generoso en materia de asignación de curules a dedo venía consignado en el referendo que impulsó Álvaro Uribe en 2003. En el texto había un artículo transitorio que le daba al presidente facultades para otorgar curules en un número indeterminado a grupos armados en proceso de paz. El único proceso en curso en ese momento era con las AUC. Uribe dijo en Twitter esta semana que esa propuesta fue una equivocación y que ahora se opone a que los exguerrilleros sean elegibles.

El resto de partidos ven con cierta naturalidad el asunto de las curules, pues sin representación en el Congreso, un partido como el que conformarán las Farc difícilmente puede tener relevancia y consolidarse. Dado que ellos vienen del monte, y hace por lo menos 30 años no están en la arena electoral (desde la UP en los ochenta), requieren mecanismos que les permitan hacer el tránsito de la guerra a la democracia.

Ahora, el debate gravita sobre el número de curules y en quiénes deben ocuparlas. Respecto a lo primero el debate está candente. En un extremo están los más generosos, que piensan que deben ser nueve cupos en el Senado, es decir, lo que tenía la UP antes del exterminio, como una manera de reparación. Varios sectores políticos calificaron esta propuesta como un exabrupto, entre ellos la senadora Claudia López, quien considera que dos es lo razonable.

Hasta ahora se sabe que el gobierno ha establecido unos criterios para darles espacio político a las Farc sin desequilibrar la representación democrática del país y en especial de las minorías políticas.

Sobre la Me-sa de La Habana está la propuesta de tres cupos en el Senado de manera directa, hasta 2018, cuando ellos se medirían por primera vez en elecciones. También la posibilidad de que por el tiempo de la transición, es decir, dos o tres periodos electorales, se mantenga un cupo fijo en la Cámara Alta, sin detrimento de que ellos busquen los votos para alcanzarlas. Lo más razonable es que las Farc no tengan más curules en el Senado que partidos como el Polo o la Alianza Verde, es decir cinco.

¿Timoleón al Senado?

Tan crispada como el debate por el número es la discusión sobre quiénes deberían ocuparlas. Todos los jefes negociadores de las Farc, que son a su vez los miembros del secretariado, tienen sobre sus espaldas condenas por delitos de lesa humanidad que los excluyen de participar en política. Paradójicamente esta prohibición surgió en 2012 en el Marco Jurídico para la Paz impulsado por el gobierno de Santos.

Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz creada en La Habana en diciembre pasado revalúa esta limitante. El artículo 36 del acuerdo dice taxativamente que ninguna sanción “limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Esto quiere decir que si el plebiscito aprueba los acuerdos de La Habana, de inmediato habría que tramitar un acto legislativo que les abra las puertas del Congreso a los jefes de las Farc. Por lo tanto es altamente probable que si el proceso de paz se termina con éxito, Timochenko o Márquez estén en el Senado en 2017.

En sectores del gobierno han hecho carrera algunas tesis para evitar que los jefes de esa guerrilla lleguen al Congreso. Una es que la participación en política puede entenderse como la creación de un partido y no necesariamente como representación parlamentaria. La otra es que personas de sus círculos cercanos, que no tengan problemas con la justicia, pueden ocupar las curules asignadas a las Farc.

Eso va a ser muy difícil. En términos de realismo político, la única manera de que la guerrilla se consolide como fuerza política es que sus principales líderes tomen las riendas del partido, y por tanto sean sus representantes en el debate político.

Un modelo que en tiempos normales parecería absurdo. Como parecía absurdo, hace 60 años, rotar el poder entre dos partidos políticos, y de paso anular la competencia, esencia de la democracia, para crear el Frente Nacional. Sin embargo, esa fórmula, muy cuestionada, hizo posible terminar una violencia civil que estaba desangrando al país. Posiblemente un puñado de curules para las Farc puede ser un despropósito para muchos colombianos indignados con la estela de violencia derramada por las Farc. Pero en el largo plazo pueden constituir un costo menor para la democracia, si se compara con el beneficio que significa cerrar una guerra de medio siglo. En estas coyunturas no hay mundo ideal.