Las FARC proponen pacto para buscar desaparecidos

Este domingo las FARC propusieron al Gobierno sellar un pacto para la búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado interno, al cerrar un ciclo de negociaciones de paz en La Habana.

"Creemos que la Mesa de Conversaciones (de La Habana) debe pactar ya compromisos de desescalamiento que incluyan la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas", dijo a la prensa el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.

"Aunque las cifras de casos de desaparición forzada son disímiles, todas hablan de decenas de miles de víctimas, y todas las fuentes coinciden en que en Colombia ha habido más desapariciones forzosas que la suma de los desaparecidos por las dictaduras de Chile y Argentina", añadió.

El conflicto armado de medio siglo ha dejado unos 50.000 desaparecidos en Colombia, según la Fiscalía.

La dictadura argentina (1976-1983) culminó con unos 30.000 muertos y desaparecidos, mientras que la chilena (1973-1990) con 3.200.

En el pais las autoridades iniciaron hace un mes la búsqueda de restos de desaparecidos en un vertedero de la ciudad norteña de Medellín.

Márquez lanzó esta propuesta al cierre de un ciclo de diálogos de paz, el 40º desde noviembre del 2012, que estuvo centrado en temas de justicia y la violencia de género y sexual como arma de guerra. Ambas partes retomarán las negociaciones el 10 de septiembre.

El Gobierno y las FARC alcanzaron el 12 de julio un histórico acuerdo para desescalar el conflicto, y dieron un renovado impulso a las negociaciones de paz, iniciadas en noviembre del 2012, que estaban amenazadas desde mediados de abril por un recrudecimiento de las hostilidades.

Desde el 20 de julio rige una tregua unilateral de la guerrilla, y el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió seis días después los bombardeos a reductos guerrilleros.

Hasta ahora las partes han cerrado tres de los seis puntos de la agenda. Además acordaron crear una Comisión de la Verdad e iniciaron un programa piloto de desminado.

"Proceso de paz se mueve"

Iván Márquez también pidió al Gobierno que frene la "belicosidad" de jefes militares regionales que están supuestamente "hostilizando" a la guerrilla.

"Insistimos al Gobierno en la necesidad de actuar en consecuencia con la tregua unilateral declarada por las FARC (...), reclamamos racionalidad y coherencia", expresó.

La delegación del Gobierno, encabezada por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa.

Márquez afirmo que hubo "avances" en esta ronda de diálogo. "Concluimos un nuevo ciclo de conversaciones con intenso trabajo simultáneo en las subcomisiones, jurídica, de esclarecimiento y fin del paramilitarismo, de género, y en la de Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo", explicó. "Sin desconocer la complejidad de la temática en discusión, podemos entregar un parte positivo al país, registramos avances, el proceso se mueve en dirección al Acuerdo Final" de paz, añadió.

Justicia y limpieza de minas

Los equipos jurídicos del Gobierno y la guerrilla sostuvieron su segunda reunión del viernes al domingo.
El tema de justicia es uno de los más complejos de la agenda, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada en Colombia, que ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Además, las FARC acusan al Gobierno de intentar llevar a la cárcel a los guerrilleros después que se firme la paz, pero de hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos por militares.

Los asesores jurídicos del Gobierno son los colombianos Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao (ambos expresidentes de la Corte Constitucional) y el estadounidense Doug Cassel, quien es experto en derechos humanos.

En tanto, los asesores jurídicos de las FARC son los colombianos Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.

Márquez informó además que fue reanudado el programa piloto de desminado, a cargo de una ONG especializada de Noruega, suspendido tras la muerte de un militar que retiraba explosivos, el 15 de julio.
"La labor de limpieza y descontaminación de artefactos explosivos se ha reiniciado en la Vereda El Orejón", indicó Márquez.

Las minas han dejado desde 1990 más de 11.000 víctimas, entre muertos y heridos. Colombia es el segundo país con mayor cantidad de víctimas por las minas, después de Afganistán.