Siete efectos que sentirá la paz con el frenazo al 'fast track'

Hace seis meses cuando la Corte Constitucional le dio luz verde al fast track para implementar los acuerdos con las Farc, se pensó que esa sería la fórmula expedita para sacar las leyes y reformas que se necesitaban. En diciembre, con el trámite de la Ley de Amnistía -en pleno año nuevo- se sintió que el mecanismo había arrancado a funcionar con todas las turbinas, sin embargo, con el paso de los meses se fue apagando. 

El golpe certero lo dio este miércoles el alto tribunal cuando señaló que todas las normas que se tramitan a través del mecanismo especial no pueden aprobarse en bloque, sino una a una. Además, quitó el candado que protegía el acuerdo de que le hicieran cambios sin tener el visto bueno del Gobierno.

Semana.com le explica por qué la paz transita por el momento más difícil desde que arrancó la implementación:

1. La velocidad con la que se tramitarán las leyes y reformas quedó a merced del Congreso. Aunque la corte no tocó el número de debates que debe surtir cada una durante su trámite, quitarle el candado de la aprobación en bloque adecua el escenario para las discusiones sin fin y hará más díficil llegar a un consenso. Ahora no hay certeza de que el proyecto que se presente sea el mismo que al final se apruebe. La discusión pormenorizada de artículo por artículo no sólo alargará el cronograma ideado para implementar más de 50 leyes y una decena de reformas sino que también induce a una renegociación del acuerdo entre las bancadas del Gobierno y la oposición.

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El tiempo no ha sido el mejor amigo del proceso de paz, pero en esta oportunidad la amenaza se siente más desafiante en la medida de que el retraso del andamiaje jurídico se puede trasladar a las tarima de la campaña electoral y, eventualmente, quedar inconcluso. Aunque a la fecha se han aprobado reformas esenciales como: la Ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial de Paz, la participación política de las FARC, el estatuto de oposición y el blindaje de los acuerdos, aún faltan temas claves como la Ley Estatutaria que reglamenta la justicia y reformas estructurales y ambiciosas como la ley de tierras y la política.

2. Un clima de desconfianza gravita al rededor del acuerdo de paz. Siempre se dijo que los primeros años de la implementación son cruciales y pondrían a prueba la capacidad de transformación que tienen el pueblo colombiano y sus líderes. Sin embargo, la impresión que dejan los seis meses que llevan las Farc concentradas es que la realidad es mucho más compleja que el papel. "Se está inundado de desconfianza a la guerrilla en los campamentos", dijo este viernes Iván Márquez en una entrevista con La W radio. Un síntoma que termina de alentar la deserción y pone aprueba el control que tiene el Secretariado sobre sus bases.

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El problema es que el reversazo de la corte no ha sido el único vaivén jurídico que han sentido, la lentitud con la que se viene haciendo efectiva la Ley de Amnistía también nutre el malestar, además de las diferencias logísticas a la hora de adecuar las 19 zonas veredales y seis puntos de normalización donde se concentran y que siguen sin estar listos.

3. Con los tiempos corridos, el cronograma también se desajustó. La dejación de armas ya no aparece en el calendario con una equis en el día 180. Todo apunta a que la fecha se envolató. Aunque las Farc no se han referido en palabras textuales al tema, insinuaron que "se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos".

El problema, sin embargo, es que no se puede simplemente correr la fecha. Pujas como la del fiscal Néstor Humberto Martínez por los delitos continuados siguen estando a la orden del día y, en teoría, en el Acto Legislativo quedó consignado que el grupo guerrillero tiene un lapso -lo que dure las zonas veredales es decir hasta el 30 de mayo- para inventariar todos los activos que tienen. Los que no se registren quedarán bajo jurisdicción de la justicia ordinaria. En ese sentido, la Fiscalía tendrá la competencia de los delitos de ejecución continuada. La duda que salta a la vista es si esa condición se mantiene o ante el incontrolable remesón terminan ideando una salida que permita extender un poco más el tiempo.

4. Ni la Ley de Amnistía ni la Jurisdicción Especial de Paz, que fueron aprobadas en el Congreso, han visto la luz en la Corte Constitucional. El Alto Tribunal tiene una composición en que cada voto importa. De hecho, muchas de las grandes decisiones se toman de forma ajustada con un margen de 5-4. Y como las tendencias ideológicas suelen estar parejas, un cambio en uno de sus integrantes hace la diferencia como ocurrió este miércoles tras el aterrizaje de los magistrados Cristina Pardo y Carlos Bernal.

El precedente que se sembró con la decisión alborotó el nerviosismo de que Ley de Amnistía no pase el examen en el alto tribunal. Un error jurídico en el que se habría incurrido a la hora de tramitar la norma sería la causa. En el Congreso se sacó adelante como una ley ordinaria y no a través de una ley estatutaria como, en interpretación de algunos, quedó establecido en el Marco Jurídico para la Paz que se tramitó en el año 2012. Según quedó consignado allí, solo a través de una estatutaria se pueden establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes de investigación y sanción. El debate está abierto en ese punto. 

Con el cambio de fuerzas en el alto tribunal, falta ver que postura toman los magistrados sobre la espina dorsal del proceso de justicia transicional. La decisión es crucil pues aunque el Tribunal de Paz apenas se está formando, centenares de jueces de ejecución de penas y garantías pusieron a andar la Ley de Amnistía a la que podrán someterse los miembrosa de las FARC, militares y terceros civiles involucrados en el conflicto.

5. El balón quedó en la cancha del Congreso. Aunque hay que esperar las reacciones de las diferentes bancadas, se avecinan debates que podrían prolongarse más tiempo del calculado, pues si se tiene que abrir discusión, artículo por artículo, la oposición se aprovechará de su derecho a discernir para extenderse en el trámite. Lo mismo sucedería al recuperar la posibilidad de presentar proposiciones sin tener aval de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI). 

A pesar de los bajos índices de popularidad presidencial, los liberales, La U y los conservadores le han dado vida a la coalición por la paz que ha sido clave a la hora de tramitar las normas más importantes que se han conquistado a la fecha y que están en cola de revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, el número que alcanzan no hace una mayoría abrumadora. Por eso, en los próximos días será clave la posición que adopte la bancada de Cambio Radical, pues de ello podría depender que la balanza se incline de un lado o del otro.

6. El tiempo corre contrarreloj para que se venzan los primeros seis meses de vigencia del fast track y el Gobierno pedirá otros meses más para llevar al Congreso al menos 15 proyectos esenciales, entre los que están la Ley de reforma rural integral y sustitución de cultivos; la reforma para ampliar el sistema político y darles garantías a nuevos movimientos; las leyes de financiación de partidos y la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, entre otros.

Sin embargo, el problema es que si en estos primeros seis meses con todo el blindaje del fast track, el trámite normativo no avanzó con la facilidad y ligereza que muchos creían y apenas se sacaron adelante poco más de siete proyectos, aprobar una cantidad mayor teniendo en cuenta los ajustes que hizo la corte se ve imposible. El panorama es más oscuro partiendo de la idea de que con esta segunda prórroga el fast track no podrá extenderse por más tiempo.

7. En medio del ensombrecedor panorama algunos expertos ven una oportunidad para legitimar lo que se acordó. En ese sentido, en la medida en que la fuerzas políticas mayoritarias mantengan su comprimiso con la paz y las Farc sigan en marcha con la implementación, el debate que se cocinará en el capitolio le puede dar más validez a lo que se apruebe.