El fin del carrusel de las Fuerzas Militares

Hace pocos días la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía y la Policía les quitó 50.000 millones de pesos a los integrantes de una compleja red, que por años estuvo enquistada en el sistema de salud y pensiones de las Fuerzas Militares.

Junto con integrantes de la Dijín, el 4 de mayo miembros del CTI y fiscales incautaron más de 20 lujosas casas, fincas, apartamentos, vehículos y establecimientos de comercio que adquirieron los integrantes de esta banda en ciudades del país como Bogotá, Villavicencio y Popayán. Se trató de la primera operación de este estilo, en donde la Justicia recupera parte del botín de uno de los mayores fraudes al sistema pensional de las Fuerzas Armadas.

La historia de esta operación comenzó en julio de 2013. En ese entonces una auditoría de la Dirección de Sanidad del Ejército descubrió un déficit en sus balances de pensiones e indemnizaciones. La irregularidad fue denunciada por los militares ante la Fiscalía que, junto con la Dijín, comenzó a investigar el tema sin saber que estaba por descubrir una gigantesca olla.

Los investigadores encontraron la primera pista en las afueras del Batallón de Sanidad del Ejército en Bogotá. Allí varias personas repartían volantes que ofrecían “asesoría para el trámite de pensiones”. Un agente encubierto de la Dijín, simulando ser un militar, llamó a los números que aparecían en ese papel. Al otro lado de la línea le contestó un sargento retirado que le informó que debía consignar 2 millones de pesos para iniciar el proceso y al finalizar tenía que entregar otros 20 millones.

Tan solo un par de días más tarde el infiltrado fue citado al consultorio de una psiquiatra con el rango de teniente coronel. En cuestión de minutos le entregó un certificado según el cual tenía una discapacidad. De esa oficina pasó rápidamente a otra, de una coronel, también psiquiatra, que ratificó el concepto de su colega. Con una velocidad impresionante visitó a un traumatólogo y a un ortopedista, con rango de mayor, quien le entregó un tercer certificado que ratificaba los otros dos conceptos.

Una semana más tarde, el infiltrado recibió una llamada de un capitán de la oficina de prestaciones sociales en la que le notificaba que podía pasar a reclamar los 45 millones de pesos que le habían liquidado por sus “incapacidades”. Sin el menor esfuerzo, y sin ningún tipo de derecho legal a recibir indemnización alguna, el infiltrado obtuvo ese generoso cheque. Esa fue tan solo la punta del iceberg.

Los investigadores descubrieron que la red aplicaba ese modus operandi también en otras ciudades como Fusagasugá, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Yopal y Medellín. El sargento retirado coordinaba con un abogado que se encargaba de conseguir los médicos en varios lugares del país a quienes les consignaba 5 millones de pesos por cada dictamen irregular. Los investigadores inicialmente detectaron más de 200 casos de pagos por falsas incapacidades. La situación llegó a ser tan aberrante que incluso varios exmilitares condenados y detenidos por los llamados falsos positivos recibieron millonarios pagos. Esa, sin embargo, no era la única modalidad de estafa.

Otra de las ‘opciones’ que ofrecía la banda tenía que ver directamente con las pensiones. A cambio de pagarle a la red 40 millones de pesos, sus miembros se comprometían a alterar los sistemas para reconocer pensiones a personas que aún no tenían la totalidad de las semanas de servicio para acceder a ese derecho. En algunos casos, por 20 millones adicionales la banda lograba que la liquidación fuera más alta al anexarle certificados médicos según los cuales el beneficiario sufría de discapacidades graves y permanentes por cuenta de lesiones en supuestos combates o como consecuencia de actos del servicio. De ese modo, alguien que iba a recibir el 70 por ciento del salario de su rango pasaba a obtener el 90 y hasta el 100 por ciento.

Después de meses de una investigación que contó con el apoyo de contrainteligencia del propio Ejército, las autoridades establecieron que 35 personas conformaban la red, que actuaba en prácticamente todo el país. De ellos 14 eran militares activos de varios rangos y 15 retirados que se encargaban de ‘ofrecer los servicios’ a sus colegas. Cinco médicos y un abogado completaban la banda. En abril de 2015 arrestaron a todos ellos en una operación simultánea. En ese momento la Fiscalía estimó que el desfalco rondaba los 25.000 millones de pesos. No obstante, las pesquisas no terminaron en ese momento.

Durante los siguientes 12 meses los investigadores se dedicaron a rastrear los bienes obtenidos ilegalmente por cada uno de los integrantes de la red. Ese minucioso trabajo terminó hace pocos días. Tras los análisis contables se logró establecer que el verdadero monto del desfalco llegaba al doble de lo calculado inicialmente y alcanzaba la astronómica suma de 50.000 millones de pesos.

Incautaron e iniciaron el proceso de extinción de dominio a todos los bienes y propiedades adquiridos para tratar de recuperar el dinero y eventualmente reintegrarlo a las arcas de las Fuerzas Militares. Este episodio es importe porque no solo se trató del primer caso que terminó con todos los responsables del carrusel tras las rejas, sino porque la Justicia logró quitarles lo que adquirieron con la estafa.

La Fiscalía adelanta este modelo de investigación actualmente contra los integrantes del llamado carrusel de reintegros en la Policía Nacional, en el cual están involucrados periodistas, oficiales activos y retirados, abogados, jueces y magistrados, quienes mediante argucias han logrado devolver a las filas de esa institución a algunas manzanas podridas, las cuales, adicionalmente, han recibido millonarias indemnizaciones. Solo el tiempo dirá si la Justicia logra acabar con ese cartel, tal y como acaba de ocurrir con el carrusel de indemnizaciones y pensiones en las Fuerzas Militares.