JUSTICIA

Los procesos que les serán suspendidos a las FARC

El fiscal Luis Eduardo Montealegre ordenó la suspensión de imputaciones penales contra la cúpula de esa organización.

23 de septiembre de 2015
El fiscal general Eduardo Montealegre celebró el acuerdo entre Gobienro y FARC. | Foto: León Darío Peláez

De la molestia que le generaron los cuestionamientos que se le hicieron frente a la contratación y la metodología del nuevo modelo de investigación, el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, pasó a una súbita alegría.

Desde el comienzo del proceso de paz, Montealegre viene ambientando en sus declaraciones la posibilidad de indultos condicionados para la guerrilla y hasta la posibilidad de que delitos como el narcotráfico y el secuestro puedan ser declarados conexos al delito político.

Ahora, cuando en el ambiente está próximo a la firma de la paz con la guerrilla, el jefe del ente investigador aseguró que aunque se jugó su prestigio, el acuerdo de justicia transicional le da la razón.

Montealegre estaba tan feliz este miércoles, que incluso hizo bromas al decir que debía esperar a que terminara el evento en La Habana para poder entregar su declaración. Entre risas manifestó a la prensa “‘Timochenko’ mata fiscal”.

El nuevo modelo de Justicia

Finalizado el discurso del jefe máximo de las FARC, Montealegre tomó la palabra y ordenó a la Unidad de Análisis de Contexto que cese las imputaciones que tenían preparadas para los integrantes de la cúpula de las FARC.

“He dado la orden de que suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de las FARC. La Fiscalía tenía programado en este segundo semestre realizar imputaciones contra más de 50 miembros de la cúpula de las FARC, es decir, del secretariado, por graves violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Pero las buenas noticias para el grupo no terminaron. El jefe del organismo acusador reveló que a los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen, unos 15.000 subversivos, no se les adelantarán procesos y los que estén en las cárceles y hayan pagado más de ocho años de pena podrán quedar en libertad.

Sin embargo, el fiscal lanzó una dura advertencia al grupo guerrillero. Aseguró que dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, “no habrá ni indultos ni amnistías” para los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la guerrilla o de otros actores del conflicto armado.

Los beneficios no serán sólo para las FARC. Los miembros del ELN que se sometan a la justicia también podrán acogerse al nuevo modelo de justicia. Lo mismo que los miembros de la fuerza pública que han sido juzgados en el marco del conflicto armado.

“Las bandas criminales no van a entrar a la justicia transicional. Este es un acuerdo para la insurgencia y si avanzan las negociaciones con el ELN, podrán ingresar al nuevo modelo de justicia para la paz. La proyección del Tribunal de Paz es juzgar a los militares y a otros miembros del conflicto, y no únicamente a los integrantes de las FARC. Hasta los involucrados en la toma del Palacio de Justicia podrían acudir a la jurisdicción especial, para lograr que su proceso judicial sea tomado por el Tribunal y sea archivado en el sistema penal", señaló el jefe del ente acusador.

7.000 guerrilleros acusados


El principal hecho que puede demostrar que Montealegre ya estaba preparado para el anuncio fue su decisión de suspender imputaciones por diferentes delitos a los jefes de las FARC. En recientes entrevistas, señaló que la entidad adelanta 11.000 procesos contra más de 7.000 miembros de esa guerrilla.

Y según le confirmaron fuentes del ente acusador a Semana.com, actualmente hay por lo menos 1.860 condenas contra miembros de las FARC, de las cuales 157 corresponden a integrantes del secretariado y comprometen a varios de los delegados de paz de este grupo ilegal en La Habana.

También en el registro revelado a este portal se detalla un total de 29.000 casos, activos e inactivos, de los cuales 11.269 corresponden a casos activos contra más de 16.741 guerrilleros.

Como se ha advertido, la Fiscalía continuará con las investigaciones que luego irán a la jurisdicción especial que se encargará de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto por guerrilleros y agentes del Estado. Se impondrán sanciones restaurativas a quienes cuenten la verdad de manera exhaustiva y reconozcan su responsabilidad en los delitos.