¿Debe Colombia volver a fumigar los cultivos ilícitos?

En un poco más de un mes en el cargo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha demostrado ser un funcionario proactivo que asume riesgos. Todas las medidas que había tomado hasta hace unos días cayeron bien. El giro que les dio a los principios de oportunidad del caso InterBolsa le produjo una luna de miel, en una entidad que suele estar agobiada por las polémicas. Sin embargo, ese estado de tranquilidad cambió cuando se conoció su propuesta de reanudar las fumigaciones.

El tema es espinoso. Por un lado, porque el viraje en la política de lucha antidrogas ha sido una de las banderas del gobierno Santos. La suspensión del glifosato es el símbolo de esa nueva era y goza de múltiples apoyos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que esa sustancia puede ser cancerígena y la Corte Constitucional pidió dejar de usarla en un histórico fallo.

Por el otro lado, para un importante sector de la derecha y buena parte de la opinión pública, ante el aumento desmedido de los cultivos ilícitos, la suspensión no está del todo justificada. Esos escépticos consideran que a todo producto le sale algún estudio para decir que entraña algún riesgo. Aseguran que lo mismo sucede con los teléfonos celulares y nadie ha dejado de usarlos por eso. Para ellos tiene más peso, como lo aseguró el mismo Martínez, que el país haya pasado de tener 47.788 hectáreas sembradas con mata de coca en 2012 a lo que, según los cálculos, puede ser cercano hoy a 140.000.

Muchos consideran que ante ese panorama, el desmonte del glifosato no es más que la consecuencia de la supuesta obsesión del gobierno de complacer a las Farc. El tema es tan importante para el proceso de paz, que es uno de los seis puntos del acuerdo final con esa guerrilla y quedará en el bloque constitucional una vez se refrenden los acuerdos y se tramite la ley habilitante. Sin embargo, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, aclaró este lunes que la propuesta del fiscal está en armonía con los acuerdos. “Nunca dijimos que se tenía que prohibir de manera absoluta la aspersión”, le dijo a la W Radio. 

Por eso, el hecho de que el fiscal general quisiera meterse en esa pelea sorprendió a muchos. En primer lugar, porque dada la cercanía personal entre él y el presidente llamó la atención que no haya consultado el tema. Martínez, quien como fiscal forma parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, ni siquiera le dirigió esa petición a Santos, sino que envió semejante propuesta en una carta de siete páginas al ministro de Justicia, Jorge Londoño. En la misiva le pide al jefe de esa cartera convocar a una reunión de ese organismo.

Asumir de frente esta posición le garantiza continuar con popularidad con la derecha, pero no con la izquierda. Las primeras reacciones del gobierno fueron negativas, pero dada la gravedad de la situación no se sabe si serán las definitivas. Aun así, todo eso hizo pensar que Martínez perdió con esta polémica propuesta la unanimidad que había conseguido con sus primeros anuncios. El exprocurador Alejandro Ordóñez pudo ser el más feliz. Desde una conferencia aseguró que fue “un error del gobierno suspender las fumigaciones” y agregó que el país estaba “nadando en coca”.

La coordinación del rechazo de varios ministros a la propuesta de Martínez dejó la impresión de que respondía a una orden presidencial. El jefe de la cartera de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que “la aspersión aérea no soluciona nada”. Agregó que no está de acuerdo con Martínez, pues “en 2007 se asperjó de forma aérea con mucha intensidad y fue el año que más cultivos ilícitos hubo”.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, también salió a criticar al fiscal. Explicó que una de las razones para prohibir el glifosato fue que los científicos confirmaron que la sustancia puede ser cancerígena. “Según la OMS, la exposición al glifosato puede estar relacionada con la generación de linfoma no hodgkiniano, un tipo de cáncer del tejido linfático”. Agregó que la “implementación del acuerdo final hace innecesaria la erradicación con glifosato pues las Farc se comprometen a romper todo vínculo con el narcotráfico”.

En un tono más conciliador salió el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Desde Putumayo afirmó que esta sustancia no solo es nociva para la salud, sino que deteriora la inmensa riqueza natural del país. “Hemos sido enfáticos y lo más técnicos posible sobre las consecuencias de la fumigación aérea. Estamos de acuerdo en que su uso controlado es posible, pero acompañado de erradicación manual”, explicó. Por su parte, la Policía asumió una posición más neutral e hizo público que existe un herbicida que podría reemplazar al temido glifosato.

En medio de la polémica, no faltaron quienes creyeron que, dada la cercanía del fiscal Martínez con Germán Vargas, aquel estaba simplemente reflejando lo que el vicepresidente piensa y abonándole el terreno para su llegada a la campaña de 2018. Sin embargo, todos los que conocen a Néstor Humberto saben que es demasiado independiente para ser la voz de otro.

La propuesta, en síntesis, generó un enorme debate y promete dar mucho de qué hablar. Sin embargo, hay un elemento que, a pesar de la controversia entre dos posiciones muy polarizadas, podría servir para un acercamiento: el tipo de sustancia que se podría utilizar para las fumigaciones. Una cosa es que haya evidencias sobre el efecto nocivo del glifosato y otra, muy distinta, que la aspersión sea inconveniente. La idea del fiscal es buscar un equilibrio entre la efectividad de la estrategia aérea y la minimización del daño ambiental, mediante el uso de otro químico.

Se trataría de una sustancia conocida como glufosinato de amonio, que, de ser aprobada, permitiría levantar la prohibición de la aspersión aérea. Este herbicida se ha utilizado en varios países desde hace 30 años y no está cuestionado por la OMS. Es más costoso que el glifosato, pero podría servir para reconstruir un consenso en favor de la fumigación. El crecimiento inusitado de las hectáreas de hoja de coca, y la necesidad de controlarlas para asegurar la terminación del conflicto, podrían cambiar el debate. Lo que es seguro es que el fiscal Martínez Neira se empeñará en que así sea.