Obras de Hidroituango se adjudicaron "a dedo": Fiscalía

Después de una tensa calma alrededor de presuntas irregularidades que rodearon la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, la Fiscalía general de la Nación destapó la primera de cinco cartas.

Los investigadores concluyeron que el contrato original para la construcción de la electrificadora más importante del país, fue entregado a "dedo" y por esto llamó a imputación de cargos a Luis Guillermo Gómez Atehortua, quien fue gerente de Hidroituango S.A., y Luis Javier Vélez Duque, ex gerente de EPM Ituango, con el fin de que respondan por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

El ente investigador encontró presuntas anomalías en la fase precontractual y deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista. Cuestionan que pese a que en noviembre del 2009, Hidroituango S.A. E.S.P. hizo la invitación pública internacional para que interesados precalificaran en la contratación de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la obra, el contrato se terminó entregando por fuera de estas reglas.

En contexto: El viernes se sabrá la verdad sobre emergencia en Hidrotuango

Hidroituango S.A. E.S.P. es una firma constituida el 8 de junio de 1998 con el objeto de realizar los diseños para la construcción de la hidroeléctrica. Su participación accionaria se repartía entre Isagén S.A. E.S.P., el Instituto para el Desarrollo del Departamento de Antioquia (IDEA), la Empresa Antioqueña de Energía (EADE S.A. E.S.P.), el Departamento de Antioquia, la empresa Integral S.A., y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).

Por decisión de la junta directiva de Hidroituango S.A. la hidroeléctrica, con capacidad de 2.400 mega watios, iba a ser entregada a un tercero, todo enmarcado dentro del esquema ‘BOOMT’. Esto significa, que el seleccionado debía financiar, construir, operar y mantener la hidroeléctrica durante un plazo determinado. Una vez agotado este tiempo, debía devolverla a Hidroituango S.A. E.S.P. Como contraprestación, el tercero elegido tendría derecho a explotarla pagando una remuneración.

Producto de estas decisiones, en enero del 2010 fueron recibidos los sobres con las solicitudes de precalificación de siete empresas: China Three Georges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Electrobrás), Constructora Norberto Odebrecht S.A., Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A.,Constructora Andrade Gutiérrez S.A. y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

Todas las firmas fueron precalificadas bajo la regla específica de que la hidroeléctrica debía operar desde el 1 de diciembre de 2018, o antes, para tener derecho al pago del cargo por confiabilidad otorgado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El proceso continuó hasta marzo, cuando la junta directiva de Hidroituango S.A. lo suspendió. Meses más tarde, el 4 de noviembre de ese mismo año, el proceso fue cerrado con el argumento de que se optó por contratar directamente a una empresa regional: EPM E.S.P.

Puede leer: Hidroituango S.A. no asumirá prima de éxito para constructores su proyecto

Lo que sucedió entre marzo y noviembre terminó por llamar la atención de los investigadores. Encontraron actas en donde consta que los socios avanzaron en una negociación directa con EPM E.S.P. Entre las evidencias que estudia la Fiscalía, está el acuerdo firmado el 10 de septiembre entre IDEA y EPM E.S.P., en el que se reafirmó que las Empresas de Servicios Públicos de Medellín asumirían la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica, y hacía la respectiva restitución del proyecto a Hidroituango.

Los documentos evidencian también que el 27 de octubre de 2010, Hidroituango S.A. se divide para dar origen a la firma EPM Ituango S.A. E.S.P. Esta última, tiene una participación accionaria de las Empresas Públicas de Medellín del 99,4 por ciento, y autorizó la suscripción del contrato BOOMT, el cual fue celebrado entre la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. (contratante) y EPM Ituango S.A. E.S.P. (contratista) el 29 de marzo de 2011.

Las verificaciones hechas por la Fiscalía permitieron conocer que en sesión extraordinaria de asamblea de accionistas de EPM Ituango, las Empresas Públicas de Medellín votaron favorablemente la proposición de ceder a EPM el contrato para construir, mantener y operar la Hidroeléctrica Ituango. Esta decisión le daba el poder de tomar todas las decisiones por un periodo de 50 años.

La historia concluye con la culminación del proceso el 19 de enero de 2013, cuando EPM Ituango S.A. E.S.P (cedente – contratista) y EPM E.S.P. (cesionario) celebraron un acuerdo de voluntades cuyo objeto consistió en la “cesión del contrato tipo Boomt suscrito entre hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. y EPM Ituango S.A. E.S.P. a favor de empresas públicas de Medellín”, por un valor de 18.519 millones de pesos.

"Es decir, el proceso que inicia con convocatoria internacional para seleccionar un socio estratégico que tenga el conocimiento tecnológico, que haya construído hidroeléctricas del tamaño y el músculo financiero que se necesita, concluye con un contrato en que Hidroituango S.A. entrega ese delicado proceso a EPM Ituango. Nace con la frase bíblica, hay que conseguir socio estratégico en el mercado internacional y termina asignándose a dedo a las Empresas Públicas de Medellín", cuestionó el fiscal general.

Le puede interesar: ¿Qué tan grande es la catástrofe ambiental en esta nueva crisis de Hidroituango?

Para el ente investigador, la entrega del contrato habría violado las normas de transparencia, selección objetiva (para adjudicar este macroproyecto no hubo libre concurrencia) y de libre competencia. "Se excluyeron competidores extranjeros lo cual violenta tratados internacionales", dice el jefe del ente de control. 

También fueron citados a interrogatorio Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque (en calidad de gerente EPM Ituango) y Juan Esteban Calle Restrepo (gerente de EPM E.S.P). Esta es la primera fase de varias líneas de investigación. Además, se investigan presuntas irregularidades en contratos de obra pública, en contratos de usufructo de acciones, supuestas irregularidades por inversión adicional de 100 millones de dólares y líos en el plan de aceleración del proyecto.