La Fiscalía se declara víctima de la Universidad de la Sabana

Tan solo 13 días antes de que acabe el período del fiscal Luis Eduardo Montealegre, el panorama para la entidad es del todo incierto. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos aún no presenta la terna de la que saldrá el reemplazo de Montealegre y, por el otro, en la Corte Suprema todavía no hay el suficiente quórum para elegir el próximo jefe del organismo investigador.

Más allá de eso, internamente ronda la incertidumbre por una preocupante situación que redunda en la suerte de 223 fiscales que buscaban ascender en su carrera laboral, así como de 700 puestos de trabajo en distintos cargos del ente acusador que no pudieron ser asignados. Todo por cuenta de una licitación declarada nula por una grave irregularidad.

¿Cómo es la historia? A mediados del 2015 la Fiscalía abrió un proceso licitatorio, por 2.800 millones de pesos, para escoger la universidad que se encargaría del concurso de méritos para ascensos y la elección de nuevos cargos, conforme lo ordena la ley. A la convocatoria se presentaron las universidades de La Sabana y la Manuela Beltrán. La primera resultó elegida.

Hasta allí no hubo mayores problemas. Pero en diciembre pasado, cuando la Fiscalía debía desembolsar el primer anticipo -unos 420 millones de pesos-, llegó un documento en el que se advertía que la Universidad de la Sabana había falsificado documentos para ganar el concurso, entre ellos algunas certificaciones laborales.

“A la Fiscalía llegó un anónimo en el que denunciaban las inconsistencias en los documentos presentados por la universidad en la etapa contractual. Se iniciaron las investigaciones y se encontró que algunos de los soportes eran falsos, por lo que se decidió suspender el acuerdo alcanzado”, señaló a Semana.com un funcionario del ente investigador que pidió no ser nombrado.

“La Fiscalía es víctima en este proceso, no se pagó ninguna suma pero se perdió un valioso tiempo en este selección, así como la confianza en una universidad que considerábamos del todo seria y responsable”, concluyó la fuente.

Se trata de un grave señalamiento a un claustro que durante sus 37 años de historia se ha caracterizado por su rectitud. Nadie puede dudar de la integridad de ese centro educativo, pero la cuestionable conducta de algunos de sus empleados los puso en una situación incómoda.

La Sabana responde

Ante estos señalamientos, Semana.com consultó con las directivas de la Universidad de la Sabana, quienes confirmaron lo sucedido y aseguran haber tomado las medidas disciplinarias para este caso.

“Hace tres meses recibimos una noticia en la universidad sobre una hoja de vida que no era correcta y se había anexado en los requisitos para alcanzar el contrato con la Fiscalía. Descubrimos que se había escaneado la firma de un representante legal para certificar la experiencia laboral de unas personas con información que era inexacta”, señaló Obdulio Velásquez Posada, rector de la universidad.

Agregó que, tras lo sucedido, fueron removidos de sus cargos tres empleados de la institución, entre ellos John Rubiano, jefe de la Unidad Visión Consultoría, que se encarga del manejo de las licitaciones y los contratos.

“Pusimos una denuncia para que se investigue si eso es un delito. Para ello se ha puesto toda la disposición de la universidad para que la Fiscalía establezca lo que ocurrió. Han revisado documentos e informaciones del claustro para determinar las responsabilidades”, señaló el directivo.

Tras lo sucedido, el pasado 4 de marzo la Fiscalía y la Universidad de la Sabana firmaron de común acuerdo el acta de suspensión del contrato No. 0126 del 2015.

“Se suspende el proceso de selección del concurso de ascenso bajo la modalidad complementaria de concurso-curso, para proveer las vacantes y ascensos del nivel profesional de la planta global del área de fiscalías. La entidad (universidad) no cuenta con la experticia, infraestructura técnica y tecnológica ni recurso humano suficiente e idóneo para adelantar un concurso de esta naturaleza”, señala un documento de la Fiscalía.

De esta manera, la Fiscalía y la universidad decidieron cortar por lo sano y no enredarse en un conflicto contractual. No obstante, los más afectados fueron los seleccionados para ocupar los cargos en el ente acusador. Nadie, por ahora, responde por el concurso.

“Esto no es un juego, llevamos mucho tiempo esperando los ascensos y ahora nadie nos da respuestas. No sólo está en juego nuestras proyecciones laborales, sino también la continuidad de procesos y el fortalecimiento de las investigaciones”, señaló a este portal uno de los afectados con la suspensión.

Lo cierto es que el fiscal Luis Eduardo Montealegre entrega su cargo el próximo 29 de marzo y este será uno de los problemas que, seguramente, no alcanzará a resolver.