“Es hora de poner fin a las fumigaciones aéreas”

Este martes se inauguró el Foro Nacional Sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, convocado por la Mesa de negociaciones de La Habana y organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional. 

El foro busca discutir, como los dos que lo precedieron, un punto crucial de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC en Cuba: qué hacer con los cultivos ilícitos y con el problema del narcotráfico, que afecta directamente a tantas regiones, en caso de una desmovilización de la guerrilla.

Quienes participan en el foro, insistieron en que la problemática de estas sustancias debe ser abordada como un problema nacional e internacional. 

Así lo expresó Fabrizio Hoschild, coordinador residente y humanitario de la ONU, al afirmar que “el problema de las drogas es un asunto de carácter planetario”. Hoschild, además, señaló un problema nuevo y crucial. Según él, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina con respecto al consumo de cocaína, con 2,2 %. 

Con ello, puso de presente cómo, de manera creciente, el problema para naciones tradicionalmente productoras es también de consumo y de políticas públicas de prevención y tratamiento. Con el mercado de cocaína en Estados Unidos decreciendo lentamente y el de Europa Occidental estabilizado, América del Sur es hoy el tercer mercado de consumo del alcaloide.

Absalón Machado, autor principal del reciente informe del PNUD sobre desarrollo rural en Colombia y uno de los grandes especialistas sobre el campo en el país, sostuvo que existe una relación entre consumo urbano y la solución del problema del cultivo de coca. “Poco podrán hacer las políticas de desarrollo agrario integral  si los consumidores urbanos persisten en esos niveles de demanda”, dijo, llamando a asumir el problema en toda su complejidad y desarrollar las instituciones y las capacidades de gobierno local, sin lo cual, a su juicio “no habrá política de sustitución que resista (…) en un mercado globalizado”. 

Una inquietud similar fue planteada por Kathrin Ledebur, que intervino como directora de la Red Andina de Información, y quien ha seguido el tema de la siembra coca en Bolivia, al expresar que “es difícil acabar con un producto cuyo mercado está fuera del alcance del Estado”.

 

El llamado general de los participantes se centró en la crítica de la aspersión aérea de los cultivos de coca, que se llevan a cabo en Colombia desde hace muchos años.

Adam Isacson, de la Oficina en Washington sobre Latinoamérica (Wola), una ONG que sigue la asistencia de Estados Unidos a la región, dijo que su país ha invertido 9.000 millones  de dólares en ayuda a Colombia desde el 2000, una parte muy significativa de los cuales se dedicó a fumigación de cultivos de coca. 

Según Isacson, desde 1996, se ha fumigado en Colombia, en promedio, una hectárea cada cinco minutos y medio, con efectos muy negativos.

“Es una forma de contrainsurgencia al revés. Incrementa la desconfianza de la población en el Estado y da a los grupos armados en la zona la oportunidad de presentarse como sus defensores”, sostiene. También, afirma que “la oferta sigue satisfaciendo la demanda en el mercado tan eficazmente como hace  diez años”. 

El experto estadounidense propuso, en consecuencia, dejar de fumigar, “seguir el dinero” del narcotráfico hasta su ingreso en el sistema financiero legal y dedicar menos esfuerzos a la represión y captura de los eslabones más vulnerables de la cadena como el consumidor o el pequeño traficante.

Casi simultáneamente, el presidente Juan Manuel Santos llamaba ante la Asamblea General de la ONU a repensar el tema de las drogas ilícitas afirmando que “la guerra contra las drogas no se ha ganado, y lo digo como presidente del país que más muertos más sangre y más sacrificio ha puesto en esa guerra y también el que más resultados ha obtenido en la lucha contra este flagelo y las mafias que lo sustentan”.  

Una segunda recomendación que se planteó en el foro es el cese a la estigmatización y encarcelamiento de los consumidores de sustancias ilícitas. Los representantes de las organizaciones hicieron un llamado a pensar en los consumidores como enfermos y no como delincuentes. Rafael Franzini, representante de la oficina de la ONU Contra las Drogas y el Crimen sugiere que se piense este asunto como un tema de salud pública, en el cual no debe haber cabida para el derecho penal. 

También Paul Simons, representante de la Cicad (la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la OEA) hizo un resumen del estudio que la reciente Cumbre de las Américas pidió hacer a esta organización sobre los resultados y perspectivas de la llamada ‘guerra contra las drogas’. Simons dijo que el informe, presentado en mayo a los gobiernos y ahora objeto de discusión, centra sus conclusiones en la elaboración de políticas que se enfoquen en el ser humano, en la rehabilitación de los consumidores, y no su criminalización, y en cambios en los indicadores que midan el éxito de los programas contra la prevención del consumo y el tratamiento del mismo. 

Simons dijo que algunos de los puntos tratados en el informe son similares a los que se prevé abordar en La Habana. El punto de “solución al problema de las drogas ilícitas” entre el gobierno y las FARC contempla tres subtemas: programas de sustitución y planes de dearrollo; planes de prevención del consumo y solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Ricardo Vargas, otro de los expertos en el tema, advirtió sobre los peligros hacia adelante. Dijo que una característica del narcotráfico en Colombia es que no solo ha combatido al Estado sino que ha financiado estructuras contrainsurgentes y ejércitos privados y que esas estructuras subsisten en las regiones, no como a menudo se sostiene bajo la pura forma de crimen organizado, a través de las llamadas bacrim, sino como mafias, ligadas a poderes locales y regionales. 

“Esas economías de guerra pueden constituirse en una poderosa barrera” para la implementación de eventuales acuerdos entre las guerrillas y el gobierno, dijo, afirmando que el narcotráfico no depende de las FARC y preguntándose si existen políticas públicas contra esos poderes mafiosos.

Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, se preguntó hasta dónde podrá ser exitoso el proceso de paz si no incluye una “reformulación de la política contra el narcotráfico”.

El foro continuará hasta el jueves 26 y la semana próxima tendrá una segunda fase en San José del Guaviare, epicentro de una de las regiones cocaleras más tradicionales del país.

La mañana inaugural del Foro sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas mostró claramente las grandes dificultades que tiene el solo nombre de este tema en la agenda entre gobierno y guerrilla. “Solucionar” el problema de las drogas es una tarea global, no solo colombiana. Y aun para avanzar en medidas que lo enfrenten a nivel interno, son múltiples las dificultades y contradicciones que aparecen de entrada. 

No solo por las distintas fórmulas o posiciones que hay en torno a la aspersión aérea, modelos viables de sustitución de coca por otros cultivos y, en general, sobre como encarar con posibilidades de éxito el desarrollo rural de las comunidades que llevan décadas sembrando la ‘hojita’. Sino porque el gran desafío, en últimas, será lidiar, a nivel local, con uno de los problemas más intratables del planeta. Por algo el mundo lleva 40 años enfrentándolo sin éxito.