Fuera del clóset

La semana pasada una decisión de la comisión primera del Senado hizo felices a los dos millones de homosexuales que se calcula hay en el país y le hizo fruncir el ceño a los jerarcas de la Iglesia Católica y al Ministro de Justicia. El 21 de noviembre nueve senadores votaron a favor de un proyecto de ley con el cual las parejas homosexuales serían reconocidas como tales por el Estado. Esto les otorgaría los mismos derechos de los que hoy gozan los heterosexuales en seguridad social y derecho patrimonial. Por ejemplo, en caso de muerte de uno de los miembros de una unión gay registrada su compañero tendría la posibilidad de heredar sus bienes y su pensión. Este proyecto fue redactado por la senadora liberal Piedad Córdoba, apoyada por organizaciones defensoras de la diversidad sexual y presentado ante la comisión por el senador independiente Jesús Enrique Piñacué. Contó también con el decidido respaldo de legisladores progresistas, como Cecilia Rodríguez, del movimiento Oxígeno, y el liberal nariñense Darío Martínez.

El resultado de la votación fue un hecho sin precedentes en el país porque hasta ahora los derechos de los homosexuales sólo habían sido reconocidos por la vía de sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo el debate reveló que aún existen sectores renuentes a reconocer cualquier tipo de igualdad con los miembros de este grupo, al que consideran antinatural. El Ministro de Justicia, Rómulo González, por ejemplo, terminó su intervención ante la comisión con una anécdota que ilustra su posición. González dijo que durante los debates de la ley que creó hace dos años en Francia el Pacto Civil de Solidaridad (PAC), por medio del cual dos personas que pueden ser o no del mismo sexo comparten derechos y obligaciones, un congresista salió corriendo del recinto y mientras se cogía la cabeza con las manos gritaba: “En 1920 la homosexualidad era penalizada, ahora se despenaliza y en unos años será obligatoria”.

Ninguno de los senadores de los partidos tradicionales con asiento en la comisión salió corriendo como su colega francés. Pero cinco conservadores no asistieron y dos liberales se ausentaron antes de la votación definitiva. El único voto en contra del proyecto fue el de la liberal Viviane Morales, quien argumentó que el Congreso no podía concentrarse en la expedición de leyes que amparen derechos particulares sino que debía velar por la aplicación de las leyes que protegen derechos universales. Resulta al menos curioso que haya sido esta misma senadora la que antes luchó con tanto ahínco por un derecho particular de la mujer, la denominada ley de cuotas, con la que se pretende garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en cargos públicos.

Este debate en el Senado obligó al país a reconocer una realidad que ha pretendido mantener oculta. “El punto no es que nos permitan casarnos por la Iglesia. Eso es lo de menos. Lo interesante es que la Colombia mojigata y miope acepte que la homosexualidad es una realidad más antigua de lo que han querido creer”, dijo a SEMANA un gay que asume con orgullo su inclinación sexual. El proyecto es la punta de lanza para que la legislación colombiana se mueva a la misma velocidad a la que lo hacen otros países democráticos en esta materia. Los europeos han marcado la pauta en la última década en lo relacionado con los derechos humanos de las minorías sexuales. Holanda va a la vanguardia con la reciente legalización del matrimonio gay. Le siguen Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, Alemania, Hungría, donde se reconocen los derechos de la unión homosexual.

Lo cierto es que Colombia no es Europa y que este proyecto ha escandalizado a los sectores más tradicionales. Los jerarcas de la Iglesia Católica se opusieron a la propuesta. Era su deber, pues como lo manifestó en una carta de 1986 la Congregación para la Doctrina de la Fe: “Optar por una actividad sexual con una persona del mismo sexo equivale a anular el rico simbolismo y el significado, para no hablar de los fines, del designio del Creador en relación con la realidad sexual. La actividad homosexual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y, por lo tanto, contradice la vocación a una existencia vivida en esa forma de autodonación que, según el Evangelio, es la esencia misma de la vida cristiana”.

Al proyecto le faltan aún tres debates para ser aprobado en el Congreso, después de lo cual tendría que ser sancionado por el Presidente. En cualquiera de estas etapas el proyecto puede quedar sepultado. Sin embargo lo sucedido constituyó por sí mismo un debate de altura sobre este tema en un país en el que la tradición machista, familiar y religiosa ha excluido socialmente a quienes optan por lo diferente. Por ahora sólo queda esperar que quienes en nombre de la democracia escriben las leyes del país reconozcan que la homosexualidad no es una amenaza para la sociedad. Por el contrario, es una condición más que enriquece la diversidad y, por ende, el desarrollo social.