El carrusel de reintegros en las Fuerzas Armadas

Desde hace un buen tiempo existe la percepción de que hay un grave problema de corrupción en la fuerza pública, especialmente en la Policía que, por sus funciones, es la institución que mayor contacto tiene con los ciudadanos comunes.  Esa sensación no es gratuita y en la realidad no deja de ser cierta.

Tan solo en los dos últimos años, de 2013 a 2015, más de 3.500 policías fueron retirados. La  propia Dijín de la Policía y la Fiscalía capturaron a más de 1.600 de ellos por conformar bandas criminales o estar involucrados directamente en varios delitos, muchos de ellos graves. Por ejemplo, un grupo de varios uniformados de la Sijín de la Policía de Bogotá fueron arrestados a mediados del año pasado tras comprobarse que usaban salas de interceptación para chuzar ilegalmente teléfonos por orden de una de las más peligrosas bandas de sicariato de la capital. Otros 1.600 uniformados fueron desvinculados en ese mismo periodo por una gran variedad de irregularidades, mediante la facultad discrecional y los fallos disciplinarios. Fenómeno similar que ocurre en el Ejército.

Sacar a más de 5.000 integrantes en un periodo de dos años en casos adelantados entre la Fiscalía y la Policía, sin duda, debería ser un primer paso en la depuración que implica, al menos, que quienes delincan no lo hagan detrás del privilegio de estar uniformados. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Gran parte de esos que salen por la puerta trasera han encontrado una efectiva fórmula para regresar nuevamente a las filas con los bolsillos llenos de dinero y a continuar con sus andanzas. Algunos han bautizado esa estrategia como la puerta giratoria. Otros lo llaman como el carrusel o el cartel de los reintegros.  

Cómo funciona el carrusel

El cartel de reintegros no es un tema reciente en la Policía. De hecho, lleva largos años de operar de manera efectiva para devolver a las filas a muchas ‘manzanas podridas’. Conforman esa ‘organización’ varios tenientes coroneles y coroneles retirados hace más de una década por vínculos con narcotráfico, entre otros exoficiales. Con ellos trabajan dos experiodistas, uno de los cuales es muy cercano a esa institución. El otro fue desvinculado de un conocido noticiero de televisión de un canal público y tiene, según la Fiscalía, una investigación penal abierta por hacer parte de la organización  criminal del capturado y condenado esmeraldero conocido como Pedro Orejas. Realizan gran parte de los negocios en un conocido café de un centro comercial ubicado al occidente de Bogotá, muy cerca del CAN.

El funcionamiento es simple. Tanto los exoficiales como los experiodistas conocen muy bien y tienen cercanos contactos en la fuerza pública, lo que les permite ubicar a quienes han sido destituidos. En otros casos, como sus ‘servicios’ son bien conocidos, los destituidos buscan al carrusel y estos arrancan una bien planeada estrategia con contactos en los juzgados, tribunales y Consejo de Estado para hacerlos reintegrar y, de paso, meterse una plata al bolsillo vía la indemnización que les pagan a los policías reintegrados. 

Este cartel de reintegros tiene ramificaciones y asociados en diferentes lugares del país, en donde cuentan con la complicidad de funcionarios que trabajan en juzgados y tribunales, quienes se encargan de que las demandas de reintegro e indemnización salgan a su favor. Han instaurado y ganado más de 900 de estas acciones en la última década, y los tribunales de Cundinamarca (174), Meta (92),  Santander (92), Valle (76) y Antioquia (69) han ordenado el mayor número de reintegros.

SEMANA fue testigo de cómo los interesados pagan sumas que oscilan entre los 100 y  300 millones de pesos a esa red que les garantiza los reintegros. “En realidad se trata de una buena inversión. Usted cancela esa plata y ellos se encargan de buscar los juzgados o tribunales para meter su caso. Después de un tiempo usted gana el pleito por el que obligan a la Policía a pagarle una suma que rondará los 500 millones, lo reintegran y, además, lo deben ascender”, explicó uno de estos exoficiales que es abogado, realiza este tipo de transacciones y hace parte del carrusel. Los montos pagados a los integrantes de este cartel varían según el rango: no es lo mismo la tarifa de un patrullero, que la de un suboficial o la de un oficial. También por la complejidad del caso y la región en donde estratégicamente instauran la demanda.

Lo que resulta realmente sorprendente e indignante es el tipo de personajes oscuros que han regresado a las filas por orden de los tribunales. Los ejemplos son tan aberrantes como preocupantes. El año pasado fue reintegrado un mayor que fue retirado por trabajar para la mafia y pasó cinco años en la cárcel en Estados Unidos. No obstante, un tribunal ordenó a la Policía pagarle casi 400 millones y devolverlo a las filas. En otro ejemplo, un coronel condenado por secuestro estuvo tras las rejas y ganó la demanda que obligó a la institución a cancelarle 520 millones de pesos. Hace poco, otros dos oficiales de ese mismo rango, desvinculados por sus probados nexos con narcos, ganaron demandas en las que se ordenaba pagarles más de 500 millones y reintegrarlos, incluso, con los grados de brigadier general, según ordenaron los magistrados. Un coronel que se probó que trabajaba para la organización mafiosa de Los Mellizos también fue beneficiado de este mismo carrusel y regresó a la Policía con 382 millones de pesos como indemnización por orden judicial. Como estos hay decenas de ejemplos.

Lo que resulta incluso más irónico es que desde hace cuatro  meses algunos de estos oficiales favorecidos o que tienen procesos adelantados por este carrusel de reintegros han aparecido en varios medios de comunicación como fuentes o testigos  para realizar denuncias de toda índole.

Esta perversa práctica no ha afectado solo a la Policía. SEMANA consultó fuentes del Ejército Nacional que confirmaron que cerca de 900 militares retirados de esa fuerza a lo largo de los últimos años han debido ser reintegrados por órdenes de tribunales. Está detectado, incluso, que ese cartel de reintegros también tiene otras dos ramificaciones. Una de ellas es el de carteles de abogados y jueces que mediante tutelas, entre otras medidas, obligan al Ejército a ascender oficiales y otros militares, que por diferentes circunstancias no fueron llamados a curso de ascenso.

La otra, más compleja y onerosa, es una especie de cartel médico-judicial. Básicamente, consiste en que estos carteles buscan militares que han salido del Ejército y mediante triquiñuelas instauran demandas en las que falsifican o alteran dictámenes médicos, que ordenan al Ejército o al Ministerio de Defensa pagar al ‘afectado’ indemnizaciones  por incapacidades físicas o lesiones inexistentes. Anualmente, por este tipo de demandas el Estado se ve obligado a pagar 350.000 millones de pesos.

Estos carteles no solo se han transformado en un desangre financiero para las instituciones. Resulta extremadamente grave que mientras por un lado estas hacen un esfuerzo por limpiar y sacar a las ‘manzanas podridas’, ellas logren regresar por la vía judicial. Lo grave es que esto no parece tener solución. Al detectar las irregularidades las instituciones pidieron al Consejo Superior de la Judicatura investigar a los jueces y tribunales involucrados en estos carruseles de reintegros. Pero las investigaciones nunca avanzaron y esa entidad, la llamada a tomar correctivos, sencillamente desapareció. Esto implica que no hay quien detenga ese carrusel.