“Es triste que suspendan el POT por fines políticos”

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto Distrital que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, expedido por Gustavo Petro Urrego, argumentó que la competencia para reglamentar el uso del suelo es del Concejo de la ciudad. Pero, ¿qué hará la Administración para ejecutar los proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo?

Las primeras medidas ya están puestas sobre la mesa. Se trata de una serie de decretos que serán expedidos por el alcalde mayor, con el fin de reactivar la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y garantizar el soporte urbano en las zonas de la ciudad a las cuales puede llegar un nueva de población.

El primer decreto reglamentario, que atiende lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012-2016, el cual determina obligaciones solidarias de VIP, busca defender porcentajes de cesión en suelo para los proyectos inmobiliarios de la ciudad (tratamientos de desarrollo, renovación urbana e incluso en los de consolidación y mejoramiento integral).

En segundo lugar, un decreto reglamentará artículos del Decreto 190 (POT del 2004) que establecían la posibilidad de aumentar el espacio público y ampliar las redes de servicios públicos en las zonas donde se va a incrementar la intensidad del uso del suelo, es decir, donde puede llegar más población.

En este caso, la disposición establece unas obligaciones urbanísticas frente a la renovación (mayor población), ya que en tales zonas se debe ampliar el soporte urbano (parques, vías, equipamientos, infraestructura de acueducto, transporte).

En un tercer Decreto, sobre el espacio público y las redes de servicios públicos, tendrá en cuenta los tratamientos diferentes a los de renovación urbana que igualmente generan un incremento en la ocupación o uso del suelo y por lo tanto también estarán sujetos a dichas obligaciones, las cuales garantizarán el soporte urbano a las nuevas poblaciones que llegan a esas zonas.

Gerardo Ardila advierte los efectos negativos que generaría a la ciudad la suspensión provisional del POT. Según él, en las grandes urbes, se presentan problemas inmanejables en el tema de movilidad y además, el desarrollo de la ciudad impone una segregación que afecta a los más pobres.

“Al suspenderse POT también se paralizan los efectos de los mecanismos para generar VIP en las áreas centrales de Bogotá, con lo que seguirá aumentando la segregación socio espacial en la ciudad; además se pierde la oportunidad de construir vivienda para las familias de menores ingresos localizada cerca a los centros de empleo, dejándose de construir 4.400 residencias de interés prioritario al año, que albergarían al menos 22 mil personas (1 hogar por vivienda de 5 personas)”, precisó el secretario.

En cuanto al riesgo de las zonas verdes y vulnerables de la ciudad, Ardila advirtió que, por la suspensión del POT, se abrirá la posibilidad de solicitar, tramitar y obtener licencias urbanísticas para urbanización y construcción en 1.341 hectáreas de zonas inundables y áreas de protección por riesgo, cercanas al Río Bogotá. Así mismo quedan expuestas 273 hectáreas de bosques, parques y humedales en el área urbana, concertados con la autoridad ambiental. Igual sucedería con 48 hectáreas en zonas con alto valor ambiental y paisajístico en los Cerros de Suba.

Además, según el secretario, también se daría viabilidad a la formulación y gestión de los planes parciales del Plan de Ordenamiento Zonal de Usme, en contravía de los asuntos concertados con la CAR (Resolución CAR 124 de 2013), donde se privilegió la contención del crecimiento urbano en el sur de la ciudad, con el fin de conservar áreas de protección hídrica y para la producción de alimentos por parte de comunidades campesinas.

Según el documento presentado por la Secretaría de Planeación, otro efecto negativo es la reanudación de expediciones de nuevos títulos mineros y de licencias ambientales para la explotación minera en los ríos y en los cerros de la ciudad.

Ardila explicó que se detiene la implementación del Plan de Acción para las 33 áreas prioritarias de intervención por riesgo, que definió intervenciones integrales en 2.256 hectáreas donde habitan 439,785 personas.

También quedarían suspendidos los efectos de los mecanismos establecidos para el control de la urbanización informal en áreas de alto riesgo por inundación y remoción en masa (parques especiales de protección por riesgo). “Esta situación incidirá en el aumento del número de hogares en condiciones de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático”, anotó el funcionario.

Entre otras cosas, las áreas del Páramo de Sumapaz que están por fuera del Parque Nacional Sumapaz y que ascienden a 11.615 hectáreas, quedan sin efecto las medidas de protección ambiental definidas por la MePOT. Y en cuanto al Fallo de Cerros Orientales, el cual se retrasa, porque se suspende el marco normativo que permite la incorporación a suelo urbano de los barrios legalizados, y dificulta cumplir los procedimientos de las legalizaciones en curso; así mismo continúa sin regularse la situación de los 64 barrios localizados sobre los Cerros Orientales.

En cuanto al desarrollo urbano de Bogotá, Ardila advirtió que se perderá la posibilidad de invertir por año 240.000 millones de pesos en infraestructura pública. Además, se congelarían los mecanismos de financiación para la ampliación y modernización de redes locales de acueducto y alcantarillado que se requieren para la tendencia de densificación de la ciudad, y por tanto la tendrán que subsidiar todos los bogotanos, en vez de ser asumidos por cada proyecto.

“Las pequeñas y medianas industrias que dentro del Plan de Ordenamiento Territorial habían encontrado la posibilidad de legalización, y que como empresas legales habían tenido acceso a créditos y demás, vuelven a quedar ilegales una vez más”, precisó el secretario de Planeación Distrital, Gerardo Ardila Calderón.

Anotó además que “en una pelea política, utilizando el POT como instrumento político, los que salen perjudicados son los constructores y la ciudad en toda su extensión”.

Infraestructura de movilidad y servicios públicos

Planeación advierte que la suspensión de la MePOT permite la obtención licencias urbanísticas para urbanización y/o construcción en 1.500 hectáreas de suelo urbano destinado para la construcción y ampliación de vías principales. “Esto hace más costoso o inviable la construcción de la infraestructura cuando las áreas de las vías ya han sido edificadas”, advirtió Ardila.

Los patios del Sistema de Transporte Público (SITP) también quedarían sin posibilidad de localización porque las normas de usos del suelo no previeron su ubicación y por tanto no se permiten.

De la misma manera, se suspende la posibilidad para construir más de 200 kilómetros de carriles para bicicletas en toda la ciudad. Se estancaría gestión de proyectos de vivienda alrededor de los corredores de transporte y en cercanía a los sitios de empleo y no se aplicarían los mecanismos que desestimulaban la construcción de parqueaderos.

“Se seguirán realizando proyectos en altura sin mitigar los impactos en la movilidad y sobre el espacio público, colapsando las redes de servicios públicos y sin aportar en la generación de infraestructura pública. De igual forma se trunca la posibilidad de mejorar la cobertura de la telefonía celular en Bogotá”, sentenció el secretario de Planeación.