Gobierno y FARC hablarán de cese al fuego y dejación de armas

El primer ciclo en el que el gobierno y las FARC van a discutir el tema de víctimas, a partir del próximo 21 de agosto, puede arrojar la sorpresa de sentar las bases para que las negociaciones avancen con mayor rapidez. 

Esta es la conclusión del más reciente comunicado de las partes, en el que anuncian que tres comisiones especiales empezarán a sesionar en paralelo, a partir de la próxima ronda de conversaciones, para ir avanzando en otros tantos temas claves.

El anuncio quizá de mayor trascendencia es que empezará a sesionar, a partir del 22 de agosto (es decir, al terminar el próximo ciclo de conversaciones, que empieza el 12) una subcomisión para tratar el que es probablemente el punto más espinoso y complejo de toda la negociación: el llamado “fin del conflicto”, que incluye, entre otros temas de grueso calibre, las fórmulas para hacer un cese al fuego y de hostilidades “bilateral y definitivo” y la dejación de armas de las FARC.

No sólo esta es la primera vez en los más de 30 años desde que se empezó a negociar con las FARC que estas aceptan hablar de dejación de armas. Además, que este tema empiece a ser objeto de un intercambio entre las delegaciones puede permitir ganar mucho tiempo, mientras en la Mesa se avanza en la discusión del punto de víctimas. Por lo pronto, se ha acordado que hasta diez delegados por cada parte empezarán revisando “buenas prácticas nacionales e internacionales” en materia de cese al fuego y dejación de armas.

Las FARC y el gobierno acordaron también, en las reuniones cortas que vienen sosteniendo en las últimas semanas, el mandato para la denominada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la cual, sin reemplazar a una Comisión de la Verdad, que se creará más adelante, empezará a discutir el origen y las causas del conflicto armado de medio siglo que padece Colombia.

Esta es, de hecho, una concesión a las FARC, que venían pidiendo una instancia de este tipo para la discusión del punto sobre víctimas. Aunque la fórmula aprobada no es exactamente la que la guerrilla pidió al comienzo y se acordó expresamente que el avance en el punto de víctimas no debe condicionarse al de esta comisión, sí satisface las aspiraciones de las FARC de contar con un escenario de este tipo.

Sobre la base de nombres propuestos por ambas partes, doce expertos y dos relatores serán escogidos para cumplir la compleja labor de poner en común las distintas visiones, interpretaciones y explicaciones que hay sobre el conflicto armado colombiano. Cada uno producirá un informe y se elaborará un “informe síntesis” de lo que hagan todos, con sus consensos y diferencias.

Los temas: “los orígenes y las múltiples causas del conflicto, (los) principales factores que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto, y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población”. Se estipula, además, que estos informes serán un insumo clave para “la comprensión de la complejidad del conflicto y las responsabilidades de quienes hayan participado” en él.

‘Cójame ese trompo en uña’, dirá más de uno al ver la tarea que estos expertos tienen entre manos. No solo por su dificultad intrínseca (infinidad de académicos colombianos y extranjeros llevan décadas produciendo toda clase de explicaciones y teorías sobre el conflicto), sino porque, además, habrán sido designados por partes tan disímiles como la guerrilla y el gobierno, que tienen puntos de vista radicalmente distintos sobre el tema. Si Naciones Unidas y la Universidad Nacional ya están bajo todos los fuegos con la tarea que les entregó la Mesa para escoger a las víctimas que irán a La Habana, estos ‘12 apóstoles’ tampoco la tienen nada fácil para producir en un tiempo relativamente corto lo que se espera de ellos.

Se les da un plazo de “hasta cuatro meses” para que entreguen el informe final a partir de la instalación de su comisión, que tendrá lugar el 21 de agosto, también hacia el final de la próxima ronda. Se les exige abstenerse “de toda exposición mediática” y se anuncia que serán remunerados y podrán tener un asistente.

Por último, una tercera subcomisión, la que debe asegurar que los acuerdos tengan un enfoque de género, se instalará durante esta ronda.

Así, los tres mecanismos acordados por las partes en junio para agilizar la negociación, avanzando puntos difíciles en paralelo, quedarán en funcionamiento. 

Esto, muy probablemente, no se reflejará de inmediato pues el tema de víctimas acapara toda la atención y es muy posible que se prolongue hasta diciembre y que alcance a contar con el informe de la Comisión Histórica. Sin embargo, para cuando se redondee el punto de víctimas, si los acuerdos avanzan hasta allá, el terreno estará seguramente preparado para avanzar más rápidamente en temas tan complejos como el cese de hostilidades bilateral y la desmovilización y el desarme de la guerrilla.

Aún falta para ver luz al final del túnel pero, si no hay sobresaltos –que no faltan en este tipo de procesos– podría haberla hacia finales de este año.

El comunicado también habla de las víctimas. Las partes reiteran sus instrucciones de oírlas a todas y tratar de conformar las delegaciones que irán a La Habana de la manera más equilibrada posible, incluyendo, además, a las que residan en el exterior y dando “participación efectiva” a las mujeres.

Aunque no es explícito, por el tono del comunicado y su insistencia en que se incluya a las víctimas de “todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, cabe preguntarse si las partes podrían estar llegando a un consenso en un punto particularmente sensible: la participación de miembros de la fuerza pública que estuvieron por más de diez años en manos de las FARC.

La guerrilla se ha opuesto a que sean considerados víctimas aduciendo su calidad de combatientes. Sin embargo, un cautiverio tan largo y en condiciones como las que padecieron podría configurar una clara violación al DIH y ellos y el gobierno han insistido en su derecho a participar como víctimas.

Por eso es elocuente que las FARC, que empezaron negándose a aceptarlos, hayan emitido un comunicado propio en el que reiteran su disposición “de recibir en La Habana a todas las víctimas del conflicto” y de oírlas “sin restricción ni discriminación alguna”. Y piden simultáneamente que se considere víctimas a presos de las FARC “que han sido y siguen siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH” en las cárceles.

En estas condiciones, no es descartable considerar que representantes de los militares y policías que estuvieron cautivos tantos años, como de los guerrilleros a quienes se han violado sus derechos humanos en el sistema carcelario lleguen a participar como víctimas en las delegaciones que van a La Habana. Amanecerá y se sabrá.

Vea aquí el comunicado conjunto y aquí el de las FARC.