PROCESO

Gobierno no se rinde para que deporten al ‘Tuso’

El viceministro de Justicia anunció el trámite formal para la extradición del capo.

20 de mayo de 2014
| Foto: AP

El Gobierno no se quedará 'manicruzado' en el caso del narcotraficante Juan Carlos el 'Tuso’ Sierra. Este martes y tras el anuncio del gobierno estadounidense de negarse a enviar de vuelta al narco para que pague su condena, el viceministro de justicia, Miguel Samper, anunció que ya se inició el trámite formal con ese objetivo.

Lo dijo en un encuentro de facultades de derecho donde el alto funcionario anunció, incluso, la revisión del modelo de cooperación judicial con Estados Unidos. “Requerimos un modelo que debe responder a las realidades y sin volver a extraditar la verdad. Es inexplicable que hubieran extraditado a todos los jefes paramilitares extraditando con ellos la verdad y la justicia”, dijo Samper.

El viceministro aseguró también: “Nosotros ya empezamos a solicitar la extradición del ‘Tuso’ Sierra, pero si estamos pensando de cara al posconflicto, requerimos un modelo que responda a las realidades sin volver a extraditar la verdad”. Lo dice quizá, porque muchos de los jefes paramilitares podrían no volver al país a contar lo que realmente ocurrió en su actuar delictivo y mucho menos para reparar a las cientos de víctimas que aún esperan justicia.

Todo esto se deriva de la decisión de las autoridades estadounidenses no sólo de otorgarle una considerable rebaja en su pena, sino de permitirle quedar en libertad en ese país. La razón de un juez de inmigración se sustentó en el hecho de que en Colombia el ‘Tuso’ no tendría las garantías de seguridad en las cárceles.

Esa decisión, que tomó por sorpresa al gobierno colombiano, se tomó por encima de solicitudes realizadas por los dos últimos ministros de Justicia que pidieron información sobre el trámite de regreso del capo a Colombia, al mismo tiempo que ofrecieron todas las garantías de seguridad para él.

En Colombia este narcotraficante tiene 12 investigaciones por varios delitos y algunas órdenes de captura por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y una medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz.