Gobierno Petro busca revocar la suspensión del decreto que ordenaba trasladar $25 billones de las AFP a Colpensiones

Este martes 5 de mayo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica con el que busca revocar la suspensión del decreto que ordenaba trasladar 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones al régimen público, administrado por Colpensiones.

Los abogados Enrique Fuentes, Alexandra Figueroa y David Guarín salieron en representación del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para radicar esta súplica en el despacho de Juan Enrique Bedoya Escobar, el magistrado de la Sección Segunda que ordenó la suspensión del acto administrativo.

Las entidades se sumaron para revocar dicha medida cautelar con el argumento de que es un “asunto de suma importancia jurídica y trascendencia para el país”, pero además reconoce que la discusión que plantea el magistrado “gravita sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la adecuada correspondencia entre las obligaciones y los recursos que la respaldan”.

Para el Gobierno Petro, el traslado de los 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones responde a principios de eficiencia, sostenibilidad y destinación de los recursos de seguridad social, que permiten asegurar “las obligaciones asumidas” por el régimen público. Así esperan contar con respaldo financiero.

Sin embargo, la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió dicho traslado al considerar que podría ir en contravía de lo que estableció el propio Gobierno Petro en la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional, pues ahí quedó estipulado que algunas personas podían cambiar de las AFP al régimen público, pero dejó claro que ese dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse.

Así mismo, el magistrado Bedoya Escobar explicó que la solicitud de suspensión se tramitó con “carácter urgente”, al considerar que eran “muy cortos” los plazos fijados por el decreto para que los fondos de pensiones privados hicieran el millonario traslado a Colpensiones.

Pero el Gobierno Petro explicó sobre ese punto: “La omisión del traslado no solo desconoce el carácter excepcional del trámite de urgencia, sino que además vulnera el principio de contradicción, al impedir que el despacho contara con elementos técnicos, financieros y jurídicos relevantes para adoptar una decisión debidamente ponderada”.

Las tres entidades también argumentaron ante el Consejo de Estado que la medida cautelar decretada “no cumple con el estándar de procedencia”, al considerar que la medida del Gobierno Petro no se configura una “violación manifiesta de normas superiores”.

El Consejo de Estado tendrá que analizar este recurso de súplica para definir si acepta las pretensiones del Gobierno nacional o mantiene la suspensión provisional del decreto hasta que se tome una decisión de fondo.