Rescate del galeón San José en aguas profundas

Año y medio después de que el gobierno confirmó haber hallado el galeón San José, el navío hundido con la carga más valiosa que se tenga registrada en el mundo, el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado miércoles en Cartagena que una alianza público-privada (APP) rescatará y conservará los restos del naufragio.

Aunque, por confidencialidad, el mandatario no reveló la ubicación exacta de la nave, su profundidad, la empresa ni el monto millonario que costará el rescate de las cerca de 10 millones de piezas que conforman el naufragio, el anuncio sin dudas pone a Colombia a encabezar la conservación, recuperación y exhibición de este tipo de patrimonio cultural. Pero el camino no será fácil.

Según lo revelado por Santos y la ministra de Cultura, Mariana Garcés, entre otros funcionarios, una de las mejores empresas del mundo en el tema entregó al gobierno una propuesta que “cumple los más altos estándares científicos, tecnológicos y financieros requeridos para la preservación y divulgación de este patrimonio cultural de los colombianos (…) se trata de un inversionista que se acoge a nuestras condiciones, que nos garantiza un proceso respetuoso con los valores históricos y patrimoniales del galeón, que está dispuesto a contratar a los mejores y permitirle a la sociedad colombiana la adquisición y el desarrollo de la tecnología necesaria para el rescate de este naufragio”.

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¿Qué significa esto en la práctica? En caso de que el gobierno acepte esta propuesta, el contratista privado deberá financiar a riesgo toda la operación e integrar el mejor equipo de arqueólogos, historiadores, ingenieros marinos y oceanógrafos, entre otros. La mitad de ellos deberán ser colombianos con el fin de incentivar este nuevo sector. Además, los laboratorios y equipamientos utilizados (robots o minisubmarinos) quedarán definitivamente en propiedad de la Nación en la Base Naval de Cartagena.

Como el San José es un bien patrimonial, habrá que tratarlo como tal y no como un tesoro. Esto significa que los vestigios de la embarcación, que podía llevar 1.066 toneladas, sus 66 cañones de bronce, la carga y todo lo que aún se conserva deberán quedar, según el gobierno, en un museo que en Cartagena construirá el originador de esta APP. “Dada la alta complejidad científica y el costo económico significativo, la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido nos permite contratar a través de esta figura para que el Estado no corra ningún riesgo”, dijo la ministra Garcés.

Así como este proceso dará importantes pistas sobre la actividad náutica, la economía y la vida en la Colonia, la atención está centrada en el oro, la plata y demás tesoros que iban a bordo de la embarcación. Como no existe ninguno de los tres manifiestos de la carga que el San José llevaba cuando salió de Portobelo rumbo a Cartagena, algunos documentos han permitido inventariar parte de la carga, pero no su totalidad, incluido el contrabando. Por eso, se dice que irían entre 300 y 600 toneladas de plata y oro, representadas en más de 8 millones de monedas, lingotes, además de esmeraldas. Aunque se ha especulado cuánto puede costar, la verdad solo se sabrá una vez termine la operación.

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Según la Ley de Patrimonio Sumergido, de 2013, todo lo que hay allí es un bien de los colombianos. Sin embargo, con el fin de financiar este tipo de operaciones se estableció que la carga comercial en estado bruto, como piedras preciosas o bienes seriados que hayan tenido valor de cambio (monedas y lingotes), no son bienes patrimoniales. Esto motiva al privado a embarcarse en un trabajo que puede demorarse varios años y costar cientos de millones de dólares, y permite al gobierno pagar la operación.

El próximo 14 de julio, en el Museo Naval del Caribe, se darán a conocer las propuestas básicas de esta particular APP y se sabrá el porcentaje de los bienes ‘comerciales’ que pide la empresa. La ley dice que puede llegar hasta el 50 por ciento, pero por el valor que hay en el San José se especula que podría estar entre el 10 y el 20 por ciento, según un experto.

Ahora bien, ha generado cierto malestar en este sector el sigilo con el que el gobierno ha manejado este caso, debido a las complejidades internacionales que provoca, y las aparentes ventajas que ha tenido la desconocida empresa para hacer su APP, ya que fue la misma que hizo parte del hallazgo inicial. El investigador náutico Daniel de Narváez dijo a SEMANA que “lo revelado hasta ahora es muy poco, y estamos a la espera de que se le informe al país cómo se pactó en la APP la repartición de los bienes no patrimoniales. Y si el gobierno quiere que otras compañías entren a licitar o si ya se le adjudicó a esta empresa la recuperación y conservación del San José. Además, es fundamental que se le diga al país qué posición va a asumir España en su posible reclamación sobre el patrimonio cultural subacuático yacente en nuestras aguas interiores y mares”, dijo.

Según la ministra Garcés, a partir de la audiencia del próximo viernes, en la que se hará pública la APP, otras empresas tendrán dos meses para presentar sus propuestas, tal y como lo establece la ley. En caso de que técnica y financieramente superen la oferta inicial, la mejor se quedará con el trabajo. Si llegan otras, un comité técnico de los ministerios de Cultura, Hacienda y Planeación Nacional las estudiará, y el Consejo de Ministros aprobará la escogida.

Pero así como se espera que la próxima semana queden aclaradas las dudas sobre laoferta inicial, costos y forma de pago, otros temas también generan preocupaciones. “La propuesta, en vez de consolidarse como una solución y en un atractivo anzuelo para la inversión extranjera, podría terminar convertida en una tormenta si el gobierno no explica y defiende de forma clara y contundente los motivos y argumentos legales que lo llevaron a tomar este camino”, advirtió el profesor Antonio José Rengifo, director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional de Colombia.

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Esto porque es claro que España ha defendido la posición internacional de que ese y todos los navíos sumergidos de esa época son buques de Estado que deben permanecer conservados en el lugar, o en caso de sacarlos debe hacerse por medio de un acuerdo. Posición que en cierta medida ha respaldado Estados Unidos, tal y como ocurrió con el famoso caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. La empresa Odyssey Marine extrajo este tesoro cerca a Gibraltar y se lo llevó a Estados Unidos, pero tras un largo proceso judicial en ese país, tuvo que entregar todo el monto a España. También Perú, Ecuador o los descendientes de algunas de las más de 500 personas que iban a bordo han mostrado la intención de que se les reconozca parte del San José. Todo lo anterior sin contar con la larga historia de la Sea Search Armada y su derecho a la carga de un naufragio que denunció cerca a Cartagena, y que se creía, hasta hace año y medio, era el San José.

Frente a estas dudas, Garcés dijo a SEMANA que el gobierno contrató desde 2015 un grupo de juristas de las más altas calidades con los que ha construido posibles escenarios de eventuales demandas y la forma de enfrentarlas. Sin embargo, Colombia, y así se lo expresó la canciller, María Ángela Holguín, en su momento a su colega español, sostiene que este naufragio es patrimonio nacional y que el país, al no ser miembro de la Convención del Mar de la Unesco, no reconoce el criterio de buque de guerra, pabellón de Estado o procedencia de la carga, elementos fundamentales en casos como los de Nuestra Señora de las Mercedes o las fragatas Juno y La Galga.

La próxima semana será definitiva para la batalla final del San José, pues otras empresas quieren seguir ese camino y ya radicaron ante el Ministerio de Cultura permiso para explorar cerca de San Andrés. Sin contar con otras más que vienen en camino.