Drogas: La guerra que nadie ganó

El mundo lleva más de 40 años librando una guerra sin victoria. Ha costado miles de vidas, miles de millones de dólares y titánicos esfuerzos. Y aunque en estas décadas los resultados han sido frustrantes, las estrategias para ganarla han permanecido intactas. En 1971, Richard Nixon lanzó la primera piedra y declaró a las drogas ilícitas el principal enemigo de la humanidad. Colombia asumió como ningún otro la ferocidad de esa consigna y batalló como el más sacrificado. Después de miles de muertos y, aun con todos esos esfuerzos, hoy más del 95 por ciento de la cocaína que llega a los Estados Unidos, según la Comisión Interamericana para el Control de las Drogas, se sigue cultivando en esta tierra.

La próxima semana, el pleno de las Naciones Unidas se reunirá en Nueva York para replantear esa lucha. Increíblemente, esto sucedió por última vez en 1998 cuando, en otra cumbre, los líderes globales se propusieron la utópica meta de “un mundo libre de drogas”. No solamente no cumplieron el objetivo, sino que el problema cada vez es más complejo. Se calcula que 246 millones de personas las consumen al año, de los cuales 27 millones -casi la población de Perú- sufren alguna adicción problemática. Paradójicamente, Estados Unidos, que ha sido el gendarme en esa lucha, lleva la peor parte. Las sobredosis son la primera causa de muerte no natural en ese país, mucho más que las producidas por armas de fuego o por accidentes de tránsito.

La reunión de las Naciones Unidas de la semana entrante se debe a una de las estrategias diplomáticas más exitosas que ha tenido Colombia. La cumbre estaba pensada para 2018, pero en 2012 el presidente Santos propuso en la Asamblea General adelantarla dos años con el fin de replantear globalmente la estrategia. “Llegó el momento de analizar si lo que hacemos es lo mejor o buscamos una alternativa más efectiva y menos costosa”, dijo meses después en la Cumbre de las Américas.

La propuesta cayó bien en el continente. En un inicio fue liderada conjuntamente con México y Guatemala, pero hoy se calcula que 30 países, la mayoría de América Latina, llegarán a Nueva York acompañando la idea. Colombia es quizás una de las pocas naciones con autoridad moral para plantear ese cambio. “Ningún país ha hecho un esfuerzo tan grande. Nadie nos puede decir que no hemos hecho todo… el problema está fuera de nuestro control y no nos pueden pedir simplemente que hagamos más porque allá son incapaces de reducir el consumo”, dice el expresidente César Gaviria, quien se ha ganado un liderazgo mundial por su posición liberal sobre el tema y hace parte de una comisión global, al lado de los expresidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso y de México Ernesto Zedillo, del empresario Richard Branson y del escritor Mario Vargas Llosa, entre otros.

La verdad es que Colombia sí lo ha dado todo. El narcotráfico ha sido la pandemia más grande del país: doblegó al Estado, corrompió sus cimientos y se llevó a sus mejores hombres. La guerra no ha tenido cuartel. Desde 1993, más de 995.000 personas han sido capturadas por estos delitos. Como si la totalidad de la población de Cartagena hubiera pasado por la cárcel. La estela de sangre ha sido brutal. Más de 100.000 colombianos perdieron su vida en el marco de esta lucha, 550 de ellos policías cuando Pablo Escobar le puso precio a su cabeza. Los carteles hicieron 623 atentados y pusieron más de 100 bombas. En esa cruzada, los Estados Unidos invirtieron 9.000 millones de dólares en el Plan Colombia y el país cerca de 6 por ciento de su PIB anualmente en seguridad.  

El narcotráfico funciona como el mítico personaje griego de la hidra de Lerna, una despiadada criatura con el poder de regenerar dos cabezas cada vez que pierde una. El Estado duró más de una década en derrotar a Pablo Escobar, y aunque con su muerte recuperó la seguridad y la dignidad, el negocio no se acabó. 

Los golpes contra los capos siempre han sido contundentes. Pablo Escobar, los Ochoa y el cartel de Medellín fueron desvertebrados. Los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali hoy están en una celda en Estados Unidos. Los líderes del otrora poderoso cartel del Norte del Valle como Diego Montoya, alias Don Diego, Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, y Hernando Gómez, alias Rasguño, purgan largas condenas en cárceles estadounidenses. Catorce de los principales líderes de las AUC fueron extraditados. Salvatore Mancuso, Diego Murillo, alias Don Berna, Ramiro Vanoy, alias Cuco, Macaco, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, son algunos de ellos. Y hoy la lucha se centra en la persecución a los herederos de todos ellos encarnados en las bacrim. La principal organización de estas, conocida como el Clan Úsuga, comandada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, es el centro de una ofensiva que en el último año ha dejado más de 3.000 integrantes de esa banda presos, mientras se les han incautado 50 toneladas de cocaína y bienes por más de 200.000 millones de pesos.  

Esa cruzada obviamente es necesaria y logra menguar el terror y el crimen que estos personajes representan. Sin embargo, no ha impactado como se quisiera el tráfico de estas sustancias. En la última medición que hicieron la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el gobierno colombiano, para 2015 el país había aumentado el 44 por ciento la producción, al llegar a 69.000 hectáreas de coca. Esa industria ilegal, que alguna vez puso a Colombia como una amenaza para la humanidad, es altísimamente rentable. Sus ganancias en el país se calcularon en 2014 en 408 millones de dólares y en el mundo en 320.000 millones. Las matemáticas son sencillas. Un kilo de hoja de coca en la selva puede costar alrededor de un dólar. En el centro de producción, 1.000. En Bogotá, 2.300. En Ciudad de México, 15.000. Y en París, 60.000 dólares.

Un mundo cambiante

Colombia lleva la semana próxima a las Naciones Unidas la frustración de haber librado esa lucha y una propuesta para abordarla mejor. El mundo al que llega ese debate ya no es el mismo de 1961 cuando se adoptó la primera convención sobre estupefacientes. En Estados Unidos, 23 estados hoy permiten la marihuana para usos medicinales y cuatro también para fines recreativos. Otros más como Arizona y California votarán el tema a final de año. Países como Portugal han ido más allá y despenalizaron también el consumo de cocaína. En Canadá, para tratar médicamente a los adictos, los médicos pueden prescribir heroína. Sin embargo, como sucede en todas las discusiones que tienen un componente moral o religioso, las posiciones son irreconciliables. Mientras buena parte del mundo occidental ha dado un giro, muchos países asiáticos y en especial los musulmanes consideran que la forma de enfrentar el problema del consumo de drogas tiene que ser radical e incluso contemplan la pena de muerte.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, lidera desde hace dos años esas discusiones. Ha asistido a todas las reuniones previas en Viena (Austria) y sus discursos han ido calando en la comunidad internacional. “El gobierno colombiano está convencido de la necesidad de impulsar un proceso de reflexión franco, transparente y basado en la evidencia, sobre lo que hemos hecho y, especialmente, sobre lo que debemos hacer en adelante”, dijo en ese escenario. En la última reunión sus pares se pararon a aplaudirlo. Reyes explica que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de discusiones internacionales, Colombia no va a Nueva York a adoptar un modelo extranjero sino a proponer el suyo. En términos generales busca abordar la problemática de las drogas como un tema de responsabilidad compartida, cuya salida está más en la salud pública que en los castigos del derecho penal, que deberían ser el último recurso.

En los últimos años el país ha vivido en materia de políticas antidrogas un verdadero revolcón. En mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspender el glifosato. La sustancia era uno de los símbolos del Plan Colombia y había sido usada sin descanso por más de 20 años. La decisión estaba respaldada en una sentencia de la Corte Constitucional y en un informe de la Organización Mundial de la Salud que alertaba que podía ser cancerígeno. Un editorial de The New York Times registró con asombro cómo Colombia, que ha estado entre los países “más dóciles y dispuestos” frente a Washington, se había atrevido a desafiar al Tío Sam.

El giro era lógico. Como explica Javier Flórez, director de Política contra las Drogas del gobierno, los éxitos de esa estrategia se habían relativizado. La aspersión disminuye la productividad de los cultivos, pero no los acaba. Entre otras razones, porque nada se adapta más fácilmente que el negocio del narcotráfico. Entonces, apenas comenzaron a vetar el glifosato de los parques nacionales, los resguardos indígenas y las fronteras, los narcos se instalaron allí. El esfuerzo y sacrificio que se ha hecho por arrancarle las matas de coca a la tierra no solo ha sido económico, sino también humano. Cerca de 300 colombianos han muerto en la erradicación manual.

Viraje clave

Al final de año, el gobierno de Juan Manuel Santos tomó otra decisión revolucionaria: legalizó la marihuana medicinal. “Esta medida pone a Colombia en el grupo de países que van a la vanguardia como un país de avanzada, como un país progresista, en el uso de los recursos naturales para combatir las enfermedades”, explicó el presidente al presentar ese decreto. La semana pasada, el Consejo Nacional de Estupefacientes presentó tres de las cuatro resoluciones que se necesitan para que cualquier persona pueda adquirir la hierba. Algunos empresarios ya están preparados para liderar ese negocio (ver recuadro) e incluso gobernadores, como Luis Pérez en Antioquia, han abierto el debate de quién debe recibir las rentas. Actualmente, el senador Juan Manuel Galán tramita en el Congreso un proyecto para que el tema quede protegido por una ley.

La Corte Suprema de Justicia también hizo su aporte. El 15 de marzo determinó que “la dosis mínima es la que cada persona necesite”. La decisión pegó en el corazón de uno de los mayores problemas del país: el microtráfico.  El general José Ángel Mendoza, director nacional de Policía Antinarcóticos, asegura que con ese fallo “le dimos otra gran oportunidad a los narcos de diversificar el negocio”. Las nuevas mafias que en el pasado formaron parte de grandes carteles mutaron a decenas de ‘cartelitos’. Hoy, según la Fiscalía, el microtráfico encabeza la lista de delitos cometidos por organizaciones criminales, con 695 bandas identificadas. Los más afectados han sido los niños, pues las mafias han usado la estrategia de volverlos adictos cuando tienen apenas entre 6 y 8 años, para luego obligarlos a ser parte de su red de distribuidores. Por otro lado, la edad de comienzo de consumo pasó de los 25 años en 1932 a, incluso, los 8 años en 2015. La semana pasada, en otra sentencia el alto tribunal aclaró que esa jurisprudencia era para tratar al consumidor, y no para proteger al jíbaro.

Lo que hizo la Corte Suprema tiene antecedentes. Desde 1993, la Corte Constitucional despenalizó la dosis personal, pero en la práctica por cuenta de que existía una dosificación en gramos nada realista, muy pocos colombianos podían alegar ese derecho. La premisa fundamental de esa visión es que, como señala el ministro Reyes, “la cárcel no cura las adicciones”. En Colombia, 87.000 personas tienen procesos judiciales por esta causa. El 94 por ciento de los capturados por poseer estas sustancias portaban entre lo que se considera dosis mínima y 250 gramos, y más de la mitad tenían solamente marihuana. Buena parte del mundo se ha dado cuenta de que esta estrategia, además de no ser efectiva, carga una buena dosis de injusticia.

En últimas, el debate sobre las drogas está ligado a una de las discusiones más profundas de la libertad de los seres humanos: si el libre albedrío debe incluir la posibilidad incluso de hacerse daño. Nadie pone en duda los nocivos efectos de las sustancias ilícitas en la salud de las personas, pero esa discusión podría darse con otras como el alcohol, el cigarrillo o el azúcar, que también cobran millones de vidas. Sin embargo, el hecho de que sean legales al menos libera de mafias y corrupción a quienes las producen. Cada vez más países del mundo sienten que esa libertad implica que, como dijo la Corte Constitucional en 1993, los ciudadanos pueden “decidir sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia”. Por eso no solo la despenalización de la droga, sino el matrimonio gay, el aborto y la eutanasia, hoy son cada vez más aceptados. La otra parte del mundo, quizás la mayoría, no está de acuerdo con eso pues considera que el Estado debe guiar a las personas a hacer lo que se considera correcto. Esta semana, por primera vez en décadas, en Nueva York se encontrarán cara a cara esas dos visiones.

Un gran mercado por explorar

La legalización de la marihuana para fines medicinales representa una oportunidad empresarial para muchos colombianos que quieren traer al país una forma diferente de tratar enfermedades crónicas.

En Colombia ya existen dos proyectos avanzados que buscan cumplir con todos los requisitos. Uno de ellos es el del empresario Alejandro Estrada, quien en sociedad con el estadounidense Josh Stanley, y junto a un equipo de médicos y académicos, lleva años intentando romper los estigmas de esa hierba. “Esto no será vender y ya. Nuestra filosofía es salvar vidas, arrebatárselas a condiciones de salud que la medicina actual no ha logrado curar. Además, contamos con estudios juiciosos, y trabajamos con la ciencia y la academia nacional e internacional”.

Una vez las condiciones estén dadas, traerán las 22 semillas de marihuana con las que enfrentarían enfermedades como cáncer, diabetes, epilepsia, depresión y los fuertes dolores causados por algunas patologías. Inicialmente, los cultivos estarían ubicados en Antioquia y la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar que ya visitaron y donde además recibieron consejos de los indígenas ancestrales.