La “contradicción” de Santos con los cultivos ilícitos

El pasado 12 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció como un éxito diplomático la conciliación a la que llegó con el gobierno de Ecuador frente a la demanda que el vecino país había interpuesto contra Colombia por el uso de glifosato en las fumigaciones de cultivos ilícitos y que afectaron territorio de frontera.

En dicha demanda, Ecuador pretendía una millonaria indemnización del gobierno colombiano por los daños causados y derivados del uso de herbicidas mediante fumigación aérea, y argumentó que hubo muertes y enfermedades de los habitantes en las regiones fronterizas, además de daños al medio ambiente.

Las aspersiones aéreas con herbicidas tóxicos realizadas por Colombia en la frontera con Ecuador dentro del Plan Colombia, comenzaron oficialmente en el 2000 y se realizaron en los departamentos de Putumayo y Nariño, en el suroccidente del país, zona que colinda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, en el norte del Ecuador.

Para el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Guillermo Rivera, el presidente Juan Manuel Santos está incurriendo en una extraña contradicción en relación con su política de erradicación de cultivos ilícitos.

Rivera asegura que si el gobierno concilió con el gobierno ecuatoriano la demanda que el vecino país interpuso contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la aspersión con glifosato en territorio fronterizo, está reconociendo que el glifosato pone en riesgo la salud de los habitantes de las zonas donde se fumigan cultivos ilícitos además de generar graves impactos al medio
ambiente.

Sin embargo, tras haber conciliado con el gobierno ecuatoriano, y haberle dado la razón a estos argumentos, el gobierno Santos mantiene como una estrategia contra los cultivos ilícitos la aspersión aérea con glifosato.

Es por eso que Rivera le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le pide de forma respetosa que si se aceptaron los argumentos de Ecuador, se suspenda las aspersiones con glifosato en el territorio colombiano.

“Sorprende la decisión de su gobierno porque los argumentos de Ecuador, de tiempo atrás, se han concentrado en señalar que el glifosato pone en riesgo la salud y el medio ambiente, por lo tanto conciliar e indemnizar supone un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado colombiano e implícitamente significa aceptar que las aspersiones podrían afectar la salud y el ambiente”, dice Rivera en la carta que le dirigió al presidente Santos y que fue conocida por Semana.com.

“Allí hay una contradicción” señala el congresista. “El mensaje que está mandando el presidente es que pareciera que el glifosato tuviera efectos nocivos para los ecuatorianos y su territorio pero no para los colombianos”.

Además Rivera le propone al gobierno que la suspensión de fumigaciones sea inmediata hasta tanto una autoridad científica neutral garantice que no afecta a la salud de los colombianos ni al medio ambiente.

El congresista liberal también asegura que si el gobierno acordó indemnizar a Ecuador con 15 millones de dólares por los daños causados en las fumigaciones aéreas, debería invertir una suma similar en proyectos sociales en los departamentos donde se fumiga con glifosato, caso de Putumayo y Nariño. “En el mes de febrero reproche que varias aspersiones habían alcanzado cultivos lícitos de pancoger”, recordó el congresista.

Rivera también anunció un debate de control político en la Cámara de Representantes con el propósito de que la canciller María Ángela Holguín revele los alcances de la conciliación entre Colombia y Ecuador.