La lanza de Moreno contra algunos congresistas

Hace una década, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo públicamente que su grupo criminal controló el 35 por ciento del Congreso. Este fue el preámbulo de lo que se conoció como parapolítica, un eje temático que convirtió a la Corte Suprema de Justicia colombiana en una de las más prestigiosas del mundo, por llenar el pabellón ERE SUR de La Picota con por lo menos 60 congresistas sentenciados por sus nexos con las AUC y otros centros carcelarios con otro tanto de exgobernadores y altos funcionarios del Estado.    

Sin embargo, simultáneamente a ese momento dorado de la corte se produjo uno de los episodios que más le ha costado a su prestigio. Según la Fiscalía, para esa época comenzaba a conformarse la red de favores y vueltas que hoy tiene a varios de sus magistrados en jaque. Lo que se ha revelado hasta ahora ha generado conmoción. Supuestamente, algunos de sus expresidentes, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, hacían parte de un grupo que cobraba alrededor de 2.000 millones de pesos por engavetar expedientes a favor de los investigados.     Gustavo Moreno era el abogado a cargo de atraer a algunos clientes.

Esta semana el exfiscal anticorrupción se sentó a hablar con la Fiscalía General. A la espera de su extradición a Estados Unidos por delitos de lavado de activos, y mientras se define su envío a ese país, decidió comenzar a ‘cantar’ ante la Justicia colombiana.  

Moreno explicó que algunos de los parlamentarios implicados son políticos con casos rezagados dentro de la andanada de la parapolítica. Entre ellos, había nombres de grandes caciques electorales cuya vinculación con las autodefensas era menos evidente y difícil de probar.    

La lista de acusados por Moreno está encabezada por el senador Musa Besaile, quien logró mediante el pago de 2.000 millones de pesos que su caso fuera engavetado en el despacho del magistrado Gustavo Malo, en la Corte Suprema de Justicia. Los detalles que entregó Moreno, llevaron a que este martes la Corte Suprema de Justicia dictara orden de captura en su contra por los delitos de cohecho por dar y prevaricato.      

Moreno entregó información sobre varios aforados que conoció. Algunos de ellos habrían pagado porque sus investigaciones fueran frenadas, archivadas o se cambiara su rumbo con el manejo de testigos. Aunque Moreno señala como responsables a Gustavo Malo y a Leonidas Bustos, no todos los casos estaban asignados a estos dos despachos, por lo que no todos los procesos rindieron los frutos que se esperaban.  

El exfiscal especificó que no en todos los casos mencionados existió la solicitud o la intención de los políticos en influenciar a la Corte Suprema de Justicia.

En una declaración extrajuicio a la Unidad de Investigación para la Defensa, precisó que ni la excongresista Zulema Jattin y ni el representante Hernando Padauí intentaron a través suyo influenciar en el alto tribunal.

En el mismo sentido se refirió por segunda vez al caso de Luis Alfredo Ramos, quien aparece mencionado en los audios de la DEA. Sin embargo, Moreno aseguró que el único dinero que recibió del exsenador Ramos fueron los 200 millones de pesos correspondientes a sus honorarios como abogado, los cuales se pagaron con una primera entrega de 100 millones en efectivo y dos cheques posteriores de 50 cada uno.

Dijo además que, según él, el abogado Leonardo Pinilla ni siquiera supo cuánto cobró en ese caso y que Ramos "no tuvo injerencia en la elaboración, diseño o lanzamiento" de sus libros, cuyas facturas la tiene a disposición de las autoridades.

Según el exfiscal, los magistrados Bustos y Malo tenían en sus despachos magistrados auxiliares que ayudaron y apoyaron todo el actuar criminal. Señaló la responsabilidad de Camilo Ruiz, magistrado auxiliar de Gustavo Malo, quien salió de la Corte Suprema de justicia el pasado 8 de mayo en el más completo hermetismo. También mencionó a Luz Mabel Parra, magistrada auxiliar de Bustos y hoy fiscal delegada ante la corte. Y a Raúl Acero, actual fiscal delegado ante la corte, que admitió en entrevista radial haber comprado en nombre de Bustos un carro BMW.        

Las cifras que varios de los políticos acusados habrían llegado a pagar alcanzaron los 2.000 millones de pesos. Aunque Moreno asegura que supo que varios de esos dineros fueron a parar en el exterior, dijo desconocer detalles de las inversiones que de allí se derivaron.      

Estos no son los únicos nombres de políticos que Moreno anunció entregar. Tampoco será el capítulo final de lo relacionado con la Corte Suprema. Moreno aseguró que una vez termine de rendir todos los detalles de lo que ocurrió al interior de este alto tribunal, continuará con la Fiscalía y otras entidades en las que tuvo injerencia.      

Sin embargo, por ahora, la Fiscalía avanza en las compulsas de copias para que los competentes empiecen a desmantelar lo que ocurrió en este gran capítulo de la historia judicial: el de la corrupción.  

*El artículo original decía que el exfiscal Gustavo Moreno había involucrado a 21 congresistas que fueron sus clientes con acciones ilegales para resultar favorecidos en la Corte Suprema de Justicia. Rectificamos esa información y aclaramos  que en las declaraciones ante la Fiscalía, el abogado solo involucró a algunos de sus antiguos clientes con estos intentos de favorecimiento. Las autoridades trabajan para establecer en qué casos hubo acciones ilegales.

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