Procuraduría destituye a Gustavo Petro y lo inhabilita por 15 años

Bogotá, una capital donde habitan casi ocho millones de personas y con una economía más fuerte que la de varios países latinoamericanos, está a la deriva administrativamente desde este lunes 9 de diciembre.

El alcalde mayor, Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado por 15 años. La drástica decisión fue tomada por el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez quien, según su concepto, halló al burgomaestre responsable del caos de la recolección de basuras, un lio que se presentó en diciembre del año pasado cuando él cambió el modelo que venía operando. Durante casi una semana la ciudad estuvo inundada de basuras.

Petro tiene derecho todavía a un recurso de reposición ante la misma Procuraduría, que deberá ser resuelto en un plazo que usualmente va entre 30 y 40 días, que se cuentan a partir del tercer día de que el alcalde sea notificado de la decisión.

Se trata del segundo alcalde de Bogotá en ser destituido. En mayo del 2011, la Procuraduría también descabezó al entonces alcalde Samuel Moreno por omisión en la vigilancia de la ejecución de contratos de las obras de la fase III de TransMilenio. Moreno, quien siempre ha negado los cargos, está en prisión desde septiembre del 2011 y actualmente esta acusado dentro del proceso del carrusel de contratos.

¿Puede un funcionario destituir e inhabilitar por tanto tiempo a un alcalde elegido por voto popular? Esta pregunta será motivo ahora de enorme discusión. De hecho, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien se encontraba con Petro en el momento en que trascendió la noticia dijo que el Gobierno Nacional no compartía esta decisión, que la “lamentaba” y que de inmediato el Ejecutivo tendría como propósito hacer una reforma constitucional para recortarle estos poderes al ministerio Público.

Se determinó que el alcalde libre y consciente ordenó entregarle el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia. También el procurador tuvo en cuenta la deliberada compra de carros compactadores que no cumplían los requisitos.

Pero, a juzgar por la procuraduría, le dio orden al entonces gerente del Acueducto y asumió la decisión de cambiar el servicio de aseo a pesar de que conocía de que el acueducto era incapaz de prestar el servicio.

La procuraduría determinó en "grado de certeza", que Petro implementó un nuevo modelo de aseo por fuera de la ley. Se demostró en la investigación de que se vulneró la libre competencia. “Él (Petro) sabía que sus decisiones eran irregulares".

La reacción de Petro no deja lugar a dudas: “Es un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”, sentenció. Así lo puso en su cuenta de Twitter.

Para el ciudadano de a pie es difícil de entender que una decisión de Petro tan lejana puede ahora sacarlo del juego político durante tanto tiempo.

Sin embargo, Ordóñez, un hombre inflexible en la toma decisiones, cree que hubo riesgo para la vida de las personas durante el tiempo en el que los desechos estuvieron tirado en las calles.

Ordóñez considera que la determinación intencionada de Petro “quedó evidenciada en las precisas instrucciones que le dio al entonces gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo Borda (hoy destituido en decisión de la Procuraduría), en los meses de julio y agosto de 2012, así como en sus intervenciones en múltiples actos públicos y oficiales, donde asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de aseo”.

Para Ordóñez, “se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”.

Las reacciones no se hicieron esperar. La concejal liberal María Victoria Vargas, una de las primeras en hacer denuncias acerca del tema de las basuras en la capital, aseguró: "Comparto la decisión del procurador. La ciudad no puede seguir inmersa en improvisaciones. Petro desconoció la ley".

El representante a la cámara por el Polo, Iván Cepeda, manifestó en esa red social: "Manifiesto enfático rechazo a destitución e inhabilitación por 15 años al alcalde @petrogustavo . Nuevo golpe a democracia del procurador".

El exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla rechazó también la decisión: "La infamia está consumada. La democracia queda en manos del pueblo".

El concejal liberal, Miguel Uribe Turbay, quien ha mostrado su oposición a la alcaldía de Petro estuvo de acuerdo con la decisión. “El fallo del Procurador demuestra lo que muchos advertimos y fue la improvisación, arbitrariedad y el desconocimiento de la ley de Petro cuando emprendió la implementación del modelo de basuras. La ley es para cumplirla y Petro no puede pretender saltarse la ley”, declaró.

El concejal de La U, Orlando Parada, afirmó que la decisión se veía venir: “La pregunta era cuándo lo iban a destituir. Cualquier funcionario público tiene que entender que está gobernando dentro de un marco legal y disciplinario. Petro puede defenderse, pero no es posible que llame a la ciudadanía a protestar”.