Herida en la selva

La selva crujió. Entraron hombres a cortar los árboles. Instalaron 17 helipuertos. Con retroexcavadora, construyeron una carretera de 500 metros de largo y ocho de ancho, hicieron un sendero para llevar un cableado eléctrico y levantaron un campamento. Dejaron 800 árboles en el suelo, que aún no terminan de podrirse. La madera, una de las más finas del planeta, está inservible. El paisaje cambió. Desde el aire, ya no se ve aquel tapete verde uniforme, pues ahora tiene agujeros.

La apocalíptica escena se vivió en Bahía Solano, en los corregimientos de Huaca y Mecana, tierra del consejo comunitario de Los Delfines. Esta comunidad del Chocó es dueña de 67.327 hectáreas de tierra, gracias a la Ley 70 de 1993 o Ley de Negritudes, que les permitió titular ese terruño a su nombre. Sus líderes lograron que, en 2006, la Corporación Autónoma de Chocó (Codechocó) les autorizara explotar 300 hectáreas para extraer madera. Pero eso era apenas la cuota inicial de un megaproyecto en el que pensaban explotar hasta 15 veces más esa extensión.

Con permiso en mano, negociaron con la multinacional Prima-REM, uno de cuyos accionistas es el empresario canadiense Frank Giustra, que tiene en Colombia su filial Prima Colombia Hardwood. Las promesas fueron extraer los árboles talados en helicópteros para no tener que hacer vías en la selva, volver a sembrar arbustos donde se talaron y pagarles a Los Delfines diez dólares por cada metro cúbico de madera vendido en el extranjero.

Lo único que se cumplió del pacto fue el corte de árboles. Apenas hace unos meses comenzaron a hacer algunos pagos. Pero desde mucho antes aparecieron las quejas por el incumplimiento de la compañía. Codechocó visitó el terreno, confirmó las denuncias y tomó decisiones contradictorias. Entre 2008 y 2009, suspendió dos veces la explotación, pero luego revocó ambas prohibiciones. Los dueños de la firma alegan que ellos habían quedado de pagarles cuando recogieran todos los árboles y los vendieran como madera. Pero de fondo se estaba creando un serio problema ambiental: según las denuncias recibidas por el Ministerio, los contratistas no recogían a tiempo los troncos y estos se pudrieron en la selva y provocaran un desequilibrio del ecosistema. En 2010, Codechocó prorrogó por dos años la licencia, supuestamente solo para extraer los troncos que ya habían sido cortados.

Ante la falta de control, las quejas llegaron al Ministerio de Ambiente y el propio viceministro Carlos Castaño, pudo constatar el desastre. Hace unos días, el Ministerio decidió apartar a Codechocó de este proceso y asumió el cuidado de la selva desde Bogotá. Curiosamente, un día antes, Codechocó suspendió el contrato de tala de bosque con la multinacional en cuestión.

El cuidado sobre aquel bosque debe ser extremo si se tiene en cuenta que, "según la organización Conservación Internacional, la región del Chocó hace parte de uno de los 34 'hotspots' o puntos calientes de diversidad del planeta, siendo una de las regiones más ricas y diversas", dice en la resolución con la cual el Ministerio asume el control. Por ahora está suspendida cualquier tala de árboles allí.

En realidad, el negocio que pactaron los directivos de Los Delfines con la multinacional REM es mucho más grande. Consiste en explotar 44.596 hectáreas para extraer un millón de metros cúbicos de madera. Sin embargo, "el real interés de la compañía es sacar tres millones de metros cúbicos, lo que equivale a cortar 300.000 árboles de esta selva virgen", explica el abogado Juan Ceballos, abanderado de la oposición a esta actividad.

Frente a este lío ambiental, Harold Hayes, director de Operaciones de Prima, ha explicado que todo se debe a un malentendido sobre los métodos del sistema de explotación de su compañía, que es respetuoso con la naturaleza. De eso tendrán que convencer al Ministerio de Ambiente, a pesar de lo que éste encontró en la selva.